Carolina Lizárraga, el perfil de la exjueza que presidirá la Comisión de la Mujer del Congreso

La postura discordante de la exjueza Lizárraga, debutante en el Parlamento, llamó la atención por su conocida cercanía con el líder de su partido, Julio Guzmán. En el proceso electoral anterior (2016), del que resultaron excluidos, Lizárraga fue integrante de su fórmula presidencial (segunda vicepresidenta) y, a la vez, parte de la lista al Congreso por Lima.

Ahora, en tiempos de pandemia y con las Elecciones Generales del 2021 a la vuelta de la esquina, la abogada tiene asignada la conducción de la Comisión de la Mujer y Familia, la misma que aún no tiene fecha de instalación a causa de los contagios registrados en el Parlamento que han impedido que se realicen varias de las labores legislativas.

Pese a la relativa novedad de su incursión en las lides partidarias, la aparición de su apellido en las páginas judiciales se remonta a varios años atrás. Su relación con casos políticos por su labor en la judicatura la acercaron al Ejecutivo en 2007, cuando el entonces presidente Alan García le ofreció asumir la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), cargo que finalmente aceptó. Una experiencia fugaz.

Del estudio jurídico a los tribunales

En una entrevista realizada por este Diario en el 2006, Lizárraga fue consultada sobre si se sentía orgullosa de ser jueza en el Perú. La pregunta tenía como contexto diversos casos de corrupción ocurridos en el Poder Judicial. “Me siento orgullosa, con eso no tengo dudas”. Su primera experiencia profesional no fue en la lides judiciales. En marzo de 1994, la recién egresada abogada (PUCP) ingresó al Estudio Echecopar.

Tras permanecer por más de ocho años en la firma legal, ingresó a la judicatura, donde estuvo a cargo de casos de corrupción en la Caja Militar Policial, desvíos de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional y procesos relacionados a integrantes del grupo Colina.

El caso en el que participó y tuvo mayor notoriedad fue el que se le siguió al exasesor presidencial de Alejandro Toledo, César Almeyda, investigado por haberse reunido con el general Óscar Villanueva Vidal, también conocido como el tesorero de Vladimiro Montesinos.

En el 2005, tras hacer uso de una licencia de estudios, fue ubicada en el Sexto Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Lima. Tiempo después, tuvo a su cargo el proceso por falsificación de firmas para la inscripción del partido País Posible (Perú Posible), por el que procesó a Margarita Toledo, hermana del exmandatario.

En el perfil académico de Lizárraga figura un PADE en la Universidad Esan, una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Yale y estudios de doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca.

Zarina anticorrupción

A finales de diciembre del 2006, ya con Alan García como inquilino de Palacio de Gobierno por segunda vez, la jueza inició un proceso penal contra Alejandro Toledo por el caso de las firmas falsas. Las suspicacias por su presunta cercanía con el régimen de turno la forzaron a descartar presiones políticas para abrir instrucción contra el exmandatario. “Eso es imposible, soy una persona muy disciplinada y no me dejo influenciar”, dijo. Días después, García Pérez indicó que las críticas contra Lizárraga eran torpes e injustificadas. “Le faltan el respeto a una mujer respetable y profesional”, reclamó.

En tanto, el 2007 fue un año en el que el gobierno aprista creo varias entidades relacionadas a temas específicos. La propuesta del Pacto Social, un foro de concertación entre trabajadores, empleadores y el Ejecutivo para negociar consensos en materia laboral, duró escasos meses. Del mismo modo, se creo el Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), como respuesta al terremoto de Pisco de agosto del 2007, y Perú Compras, el único organismo sobreviviente de esa camada, para ordenar las adquisiciones estatales.

Una última propuesta giró en torno a la corrupción, flagelo que se erigía en los sondeos de opinión como una de las preocupaciones más latentes en la ciudadanía. Así se dio forma a la que sería la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA). En octubre del mencionado año, Alan García nombró a Carolina Lizárraga como jefa de la nueva institución, por lo que la magistrada debía renunciar al Poder Judicial. “A mí me hubiera gustado permanecer ahí para siempre, pero desde el momento en que me hicieron el llamado para esta oficina yo sabía que iba a tener que tomarlo”, comentó en una entrevista realizada ese mismo mes.

En medio de críticas del Ministerio Público y la Contraloría General de la República por una supuesta duplicidad de funciones, el Ejecutivo presentó en diciembre del 2017 el manual de operaciones de la ONA. Para poca fortuna de la zarina y de su institución, las desavenencias con el contralor Genaro Matute fueron usuales y marcaron la tónica de la relación en los meses subsiguientes.

A finales de junio del 2008, la ONA presentó su propuesta para el Plan Nacional Anticorrupción. En el diagnóstico se señaló la inexistencia de participación de la ciudadanía en la fiscalización y que los organismos de control incurren en complicidad e inacción. A partir del ello, se plantearon objetivos, resultados y numerosas actividades para buscar eliminar la corrupción en el Estado.

No obstante, a inicios del mes siguiente, Lizárraga presentó su renuncia a la ONA por complicaciones con su embarazo. Con ello, los cuestionamientos arreciaron y, aunque en un principio el gobierno dijo que estudiaría mantener la institución, en agosto del 2008 se anunció la desactivación del organismo, quedando todas sus funciones en potestad de la contraloría. Dos meses después estalló el caso de los Petroaudios.

Vida partidaria

Del 2010 al 2014, Lizárraga se desempeñó como jueza superior anticorrupción. Tras alejarse nuevamente del Poder Judicial, a inicios del 2015 se adhirió al proyecto político de Julio Guzmán en el partido Todos por el Perú.

La candidatura de Guzmán no calentó motores sino hasta enero del 2016 cuando fue considerada, por primera vez, en las encuestas (5%); tocó el cielo en febrero al verse virtualmente en segunda vuelta; para finalmente estrellarse en marzo con la exclusión dictaminada por el Jurado Nacional de Elecciones por irregularidades en el sistema de elección interna de candidatos de Todos por el Perú.

Luego de esa primera incursión electoral se fundó el Partido Morado en 2017, del que la exmagistrada es fundadora y donde se desempeña como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y secretaria nacional de asuntos legales.

A diferencia de la contienda del 2016, en el proceso electoral extraordinario de enero pasado las candidaturas de los correligionarios de Guzmán gozaron de popularidad desde el principio. No obstante, sus posibilidades electorales se vieron seriamente comprometidas luego del conocimiento de la denuncia por violencia familiar interpuesta por la esposa del candidato Daniel Mora contra el exlegislador, así como la revelación de que Guzmán estuvo envuelto en un confuso incendio en 2018.

Dichos hechos dinamitaron las posibilidades de la agrupación, que aun así logró conseguir nueve escaños. En la contienda electoral Lizárraga lidió nuevamente con la exclusión, esta vez por la presunta omisión de la declaración de dos vehículos. Pese a ello, fue una de los cinco legisladores elegidos por Lima, alcanzando 49.131 votos, lo cual la ubicó por detrás, en dicha circunscripción electoral, de sus colegas Alberto de Belaunde (266.654), Gino Costa (101.819), Francisco Sagasti (96.422), Daniel Olivares (80.649) y Zenaida Solís (52.597).

Ya en el Parlamento, merece un capítulo aparte la postura del Partido Morado, y de Lizárraga, respecto al proyecto que propone el retiro del 25% de los fondos de la AFP -con un tope de S/12.900- por la emergencia provocada por el coronavirus. Tres días antes de la aprobación (3 de abril) de la iniciativa, el partido político había expresado su rechazo a la propuesta.

Sin embargo, el resultado final de la votación en el hemiciclo reveló fragmentación: Daniel Olivares, Alberto de Belaunde, Francisco Sagasti y Zenaida Solís se pronunciaron en contra del retiro de fondos; mientras que sus colegas Carolina Lizárraga, Miguel Angel Gonzales, y Angélica Palomino votaron a favor. José Antonio Núñez y Gino Costa no asistieron a la sesión plenaria.

Aunque varios legisladores morados adujeron un supuesto voto en libertad al no haber llegado a un acuerdo, resulta inevitable recordar el comunicado del partido en el que se tildaba el proyecto de ser una “pésima apuesta económica”.

Por su parte, la exjueza justificó su posición a través de Twitter: “He escuchado al pueblo que necesita su dinero en emergencia y a expertos que confirman que si es posible liberar fondos. Por eso, decidí votar a favor del retiro parcial de fondos AFP. El ciudadano es libre de disponer del fruto de su trabajo”.

Días después, luego de que Prima AFP anunciara la suspensión del pago de S/ 145,5 millones de dividendos entre sus accionistas por la situación nacional ante el COVID-19, Lizárraga insistió en su posición: “El retroceso de Prima AFP me ratifica que los políticos debemos escuchar al pueblo”. La autógrafa que erigió diferencias en el Partido Morado ya se encuentra en manos del Ejecutivo.

De momento, Carolina Lizárraga encabezará la Comisión de la Mujer y Familia, grupo que deberá trabajar por contribuir −a través de leyes− a frenar cifras de escándalo: al último 2 de abril, tomando en consideración el período de cuarentena transcurrido hasta esa fecha, se reportaron más de 5800 llamadas por violencia contra la mujer, 43 casos de violación, siendo 27 niñas las afectadas.

Este Diario intentó conversar con Lizárraga sobre los temas urgentes que se abordarán en su grupo; sin embargo, desde el Partido Morado se nos indicó que ya tenía actividades previas programadas. Autorizado por la legisladora, el asesor parlamentario Carlo Magno Salcedo respondió que la legisladora ya ha iniciado coordinación con las integrantes de su comisión sobre los temas que sugieren para la construcción de la agenda, por lo que esta se encuentra en “elaboración”.

A su vez, Salceso respondió por qué Lizárraga efectuó un voto distinto al de la bancada en relación a la propuesta sobre las AFP. “Como es de público conocimiento no solamente fue ella [la que votó a favor del retiro de fondos], fueron tres congresistas que, haciendo uso de la libertad de consciencia, decidieron hacer un voto a favor del proyecto. No hubo mucho tiempo para discutir el tema y era bastante polémico. Se dejó en libertad a los congresistas. Eso fue una cuestión que se tuvo que decidir de momento”, precisó.

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