Alejandro Soto: ¿El Bloque País aún respalda continuidad del presidente del Congreso pese a denuncias?

Fuentes cercanas al Bloque País (conformado por APP, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Somos Perú) relataron a El Comercio que desde la semana pasada Soto se ha reunido de manera individual y también en conjunto con diferentes parlamentarios de la coalición para informar sobre las acusaciones en su contra.

Por ejemplo, brindó detalles sobre el juicio oral por presunta estafa al que estuvo a punto de ir, de no haber utilizado la llamada “ley impunidad”, que modificó los plazos para la suspensión de la prescripción.

“Respecto a la denuncia de estafa se pensaba que era algo muy fuerte, pero al escucharlo, al analizar su explicación se determinó que no. Ese proceso tenía más de 10 años. Esperamos que haya una nueva explicación sobre esta nueva denuncia. Pero no se evalúa si quiera en este momento quitarle la confianza”, manifestaron.

Lee también: El 57% de legisladores ha incumplido con actividades de semanas de representación

Las mismas fuentes remarcaron que la censura a Lady Camones (APP) de la presidencia del Congreso a inicios de setiembre del año pasado fue por un audio que protagonizó con el líder de su partido, César Acuña, cuando ya estaba al frente de la Mesa Directiva. “Las denuncias contra Soto son anteriores a su mandato, los cuestionamientos son distintos”, remarcaron.

Soto, agregaron las fuentes cercanas al Bloque País, también aprovechó su ronda de cabildeo para señalar que la mayoría de investigaciones que tiene abiertas en el Ministerio Público son por presunta difamación, a raíz de su paso por la televisión del Cusco. No obstante, prosiguieron, insiste en negarse a solicitar a la fiscalía una lista actualizada de sus pesquisas.

Lee también: Estos son los perfiles de los nuevos presidentes de comisiones del Congreso

Silencio mediático

El presidente del Congreso ha preferido emitir un comunicado, en vez de responder a la prensa sobre la nueva denuncia en su contra. En el documento, publicado en sus redes sociales personales, el apepista refirió que en octubre del 2020, cuando inscribe su postulación al Parlamento, no figuraba “ninguna deuda” suya en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles de Delitos Dolosos (Refereci).

También señaló que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco le notificó como responsable solidario de la deuda el 26 de mayo de 2021. No obstante, cabe precisar que él tenía conocimiento de esta, debido a que su defensa legal presentó un recurso para dilatar el pago.

“En ningún momento he eludido mis responsabilidad financieras, muestra de ello es que el 7 de junio de 2021 cumplo con el pago total de la reparación civil fijada”, acotó.

Desde la Mesa Directiva, el tercer vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), afirmó, en tono crítico, que un sector de la prensa “se ha concentrado” en el titular de la Mesa Directiva “y no hablamos de otras informaciones, como [las consecuencias que puede tener] El Niño costero”.

Cerrón dijo que antes de adelantar una opinión, se tiene que investigar.

La congresista María Agüero (Perú Libre) refirió a RPP Noticias que “no vamos a encontrar a alguien que sea puro e intacto”, al ser consultada por las denuncias contra Soto. Y el secretario general perulibrista, Vladimir Cerrón, dijo que su partido aún no tiene una posición oficial.

El Comercio intentó comunicarse con el vocero de APP, Eduardo Salhuana, pero este no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Fuentes cercanas a Alianza para el Progreso señalaron que dentro de la agrupación están tranquilos, porque, al día de hoy, la oposición a Soto no cuenta con los votos para concretar una censura.

Las mismas fuentes indicaron que el presidente del Parlamento ha minimizado, en su círculo más cercano, las denuncias de la prensa.

Asimismo, detallaron que los congresistas apepistas están evitando declarar, porque no quieren defender al titular del Congreso y “tampoco le pueden dar la espalda”, porque este gesto podría ser percibido por César Acuña, líder de APP y gobernador regional de La Libertad, como un acto de “traición y rebeldía”.

“Quieren desestabilizar al Congreso”

El portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría, contó que el presidente del Congreso conversó el lunes por la mañana nuevamente con los representantes del llamado Bloque País y de otras agrupaciones, donde “explicó a detalle y dio alcances” sobre la denuncia de “Panorama”. “Para mí, [sus descargos] fueron satisfactorios”, añadió.

En diálogo con El Comercio, Alegría dijo que el fujimorismo continuará respaldando la presencia de Soto en la conducción de la Mesa Directiva.

“Yo, representando a la bancada estoy de acuerdo con las respuestas que ha dado, vamos a seguir respaldado”, subrayó.

Alegría indicó que los cuestionamientos al congresista de APP vienen desde el sector del Parlamento que no apoyó la lista del Bloque País. “Es evidente que quieren desestabilizar al presidente del Congreso y a la institución como tal. Se le hizo sugerencia, envió el comunicado, veremos si esto es suficiente o si él debe salir a responder”, remarcó.

Lee también: Fact-checking: las afirmaciones falsas del presidente del Congreso sobre su proceso por estafa

A su turno, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) dijo que Soto debe brindar una aclaración “prístina” respecto a las denuncias en su contra.

“Nosotros respaldamos la verdad, si hay una situación grave que la aclare, entiendo que ya ha sacado un comunicado”, manifestó a este Diario.

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, quien recientemente renunció a la bancada de Acción Popular, evitó pronunciarse sobre la situación de Soto, cuya elección respaldó.

“Voy a conversar con él para que me diga qué fue lo que pasó, tengo que conversar con el presidente [del Parlamento] al que hemos apoyado y elegido, cualquier cosa puede ser evaluada en la Comisión de Ética, él mismo ha dicho que se va a presentar”, mencionó.

“Tiene varios checks”

Desde la bancada de Avanza País, su portavoz Norma Yarrow consideró que “lo más ético” es que Soto se presente ante los medios de comunicación y responder por las denuncias que afronta. “Quien nada debe, nada tema”, complementó.

Yarrow, en conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos, también criticó que el apepista se escude en su administración para ejercer su defensa, en referencia a la utilización de las redes institucionales del Parlamento para tal fin.

“No es correcto que nosotros nos escudemos en una administración […] El presidente del Congreso tiene capacidad suficiente para salir a los medios y él mismo enseñar con papeles y dar su versión. Nosotros no podemos estar cada vez que entramos al Congreso con la permanente pregunta sobre qué opina [sobre una nueva denuncia] o sí lo van a censurar”, expresó.

En declaraciones a Canal N, el congresista José Cueto (Renovación Popular) dijo que “es preocupante” la situación de Soto y lo conminó a “dar la cara”.

“Tiene varios checks que apuntan a que no es la persona idónea [para conducir el Congreso], tendrá que responder y si la consecuencia de ello es que debe dar un paso al costado, imagino que lo tendrá que dar”, sostuvo.

Por su lado, la portavoz alterna de Cambio Democrático-JPP, Ruth Luque, emplazó a APP a tomar una decisión respecto al futuro de Soto, porque “las declaraciones” que ha brindado “no corresponde a la realidad de los hechos”.

“Hay una evidente falta ética al no haber información de manera oportunidad [sobre una deuda por reparación civil]”, manifestó.

Luque dijo que no conoce sobre alguna moción de censura contra el presidente del Congreso y recordó que antes de presentar un documento de ese tipo de debe ver si tienen los votos.

Además…

¿Puede el presidente del Congreso ser investigado?

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que la conducta de Soto podría insertarse en el presunto delito de falsedad genérica, “que se configura cuando se altera la verdad de un hecho de manera intencional”. Esto por haber presentado una declaración jurada para inscribir su postulación al Parlamento, donde aseguró no tener pendiente el pago de una reparación civil, cuando no era así.

“Aquí el perjuicio es a la integridad del proceso electoral y a la ciudadanía, porque esta termina eligiendo a una persona que carece de idoneidad”, indicó Maldonado en comunicación con El Comercio.

Soto fue sentenciado por difamación al culpar por la muerte de un joven al comandante PNP Nilo Chávez Luna, ex comisario del Cusco, en el 2011.

Dos años después, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco ratificó el fallo condenatorio, que consideró un pago de S/ 10 mil por reparación civil.

No obstante, Soto presentó una medida cautelar, y esta dilató el pago.

Luego, en el 2016, el Quinto Juzgado Civil de Cusco dejó sin efecto la medida cautelar. Por ello, Soto tenía que cumplir con la reparación civil, pero no lo hizo.

Maldonado refirió que cuando Soto presentó la declaración jurada aún no era parlamentario, por lo que una fiscalía provincial en Cusco podría abrir la pesquisa.

“La competencia es una fiscalía provincial del Cusco, este hecho ocurrió antes de que el señor sea congresista, no se necesita de la intervención de la fiscal de la Nación, el presunto delito es común”, sostuvo.

Además, señaló que el procurador del JNE tiene la facultad de presentar una denuncia contra Soto.

El abogado penalista Andy Carrión dijo que existen los elementos para que el Ministerio Público inicie de oficio una investigación preliminar en contra de Soto por el presunto delito de falsedad genérica, que de acuerdo al artículo 438 del Código Penal se sanciona con un mínimo de dos años y un máximo de cuatro años.

“Por supuesto [que se debe abrir pesquisa], el presidente del Congreso ha presentado un documento con contenido falso y lo ha hecho ante una entidad pública. Anteriormente, a otros congresistas se les abrieron investigaciones por solo decir que habían realizado X estudios, cuando era así. Este caso es más lesivo”, expresó a este Diario.

Al igual que Maldonado, Carrión indicó que cualquier fiscalía provincial de la Ciudad Imperial puede iniciar la investigación.

“Soto habría cometido el presunto ilícito como persona natural, antes de ser congresista, no le alcanza la prerrogativa de que sea la fiscal de la Nación la que lo investigue”, finalizó. 

Más información

Walter Pimental, abogado de Soto, le solicitó al juez Aurelio Román Villacorta, del Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, declarar consentida la resolución del 24 de julio último, a través de la cual se declaró la prescripción del proceso por presunta estafa en contra de su patrocinado.

Soto utilizó la llamada “ley impunidad”, por la cual él votó a favor en el Parlamento, para evitar la instalación del juicio oral.