Relojes, fiscales y ‘Niños’, el resumen de la semana por Fernando Vivas

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La región Ayacucho no ha recibido más presupuesto que todas las regiones ni se ha hallado alguna irregularidad en la licitación que hizo Legado (el ente encargado de los Juegos) y ganó el consorcio representado por Rojas; pero las sospechas de direccionamiento de obras hacia una allegada de Oscorima, que ya ha sido procesado –y hasta preso- por ello, y que ha invertido tanto en ‘prestar’ relojes y joyas a la presidenta, lanzan alertas máximas. La resaca del lunes incluyó un destape contra Darwin Espinoza, del grupo primigenio de los ‘Niños’ de Acción Popular: habría obligado a trabajadores de su despacho a recoger firmas para un movimiento regional ancashino ligado a su familia. Por cierto, no está permitido que un congresista renuncie para postular a gobernador o alcalde, pero el propio Darwin ha presentado un proyecto para cancelar esa prohibición ¡Qué travieso el niño! Su primera reacción fue negar todo y echar la culpa a los trabajadores.

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“Los límites a la inconducta congresal, con tanta fragmentación de bancadas y concesiones del Ejecutivo, se vuelven muy elásticos y se consiguen correlaciones a favor de causas populares como la aprobación de un nuevo retiro de las AFP”

El lunes se frustró, por falta de quórum, la sesión de la Comisión de Ética que iba a votar, entre otros casos, una posible sanción contra el congresista Edgar Tello del Bloque Magisterial. Marie Silva, trabajadora de la Comisión de Comercio Exterior que presidió Tello, lo denunció porque este le habría pedido parte de su sueldo y la compra de un proyector. Cuando Silva se negó, la hostilizó y despidió a pesar de que estaba embarazada. Ella sigue trabajando como personal del Congreso y –me lo dijo en una entrevista- tuvo acceso en los días previos a una supuesta versión del informe final, casi exculpatorio, que se votaría el lunes. Este también se filtró a los medios y es probable que el ausentismo se debió a que varios congresistas quisieron evaluar el caso y el bochorno. Lo hicieron el jueves y propusieron una sanción por un cargo menor al de mochar sueldos. Eso sí, aprobaron denunciar de oficio a Darwin Espinoza. Sin embargo, la autocontención es escasa en el Congreso, y existe la percepción de que el Ministerio Público no es igual de célere y firme ante los congresistas como ante otros aforados.

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Los límites a la inconducta congresal, con tanta fragmentación de bancadas y concesiones del Ejecutivo, se vuelven muy elásticos y se consiguen correlaciones a favor de causas populares como la aprobación de un nuevo retiro de las AFP. El gobierno, a pesar de que la filosofía del MEF es contraria a los retiros, anunció, en boca de un compungido ministro José Arista, que ni siquiera observaría la ley aprobada con altísima votación. Ese mismo día Arista anunció que se otorga S/500 millones al Fondo de Compensación Municipal para que varios distritos culminen obras. Es poco teniendo en cuenta las centenas de distritos comprendidos, pero da una idea de la necesidad de difuso respaldo al gobierno.

La ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se defendió en la audiencia de la JNJ que vería su destitución, leyendo un discurso, tan político como técnico, acusando a la magistrada Inés Tello de usurpadora, a la junta entera de parcializada y recordando que fue la primera FN que osó investigar y denunciar a un presidente ejercicio, en su caso, Pedro Castillo. Era un discurso predecible para los oídos de la JNJ. Lo no era tan predecible era que el magistrado Guillermo Thornberry pretendiera inhibirse por estar involucrado en otra investigación junto a Benavides. Sus colegas no aceptaron su solicitud, pues si lo hacían peligraba el quórum. Si en instancias como la JNJ y el TC las inhibiciones fueran obligatorias, nos quedaríamos sin sentencias. Hasta la cancillería se ha judicializado y perdió: Fortunato Quesada, víctima de un complot que lo sacó de la carrera, batalló por años hasta que logró que logró una sentencia que ordena que lo repongan como embajador. Hay demasiados procesos (medidas cautelares, denuncias, recusaciones, investigaciones) entre actores institucionales y entes de la justicia. Sumen que el gobierno, a través del Mininter y la PNP, da contragolpes a los fiscales y apartó al coronel Harvey Colchado. Estamos ‘interjudicializados’, todos enervados contra todos.