“La inseguridad debería ser la gran tarea de Gustavo Adrianzén”

— ¿Entonces estamos viviendo las consecuencias del populismo político y de la criminalización de la política?

Exactamente, y frente a esa politización de la justicia y criminalización de la política se ha producido una reacción en el Congreso actual que podríamos llamar anticaviar. Una alianza incluso entre partidos políticos de signo ideológico opuesto para recuperar algo de terreno perdido. En esta disputa, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia se convirtieron en objeto de disputa porque la fiscalía se había convertido en un arma muy peligrosa para los políticos. Esto es lo que hay: una guerra entre dos bandos y en algunos casos se cometieron abusos contra Keiko, Ollanta, Nadine y Alan. En otros casos, hay quienes se aprovechan de la situación, como Vladimir Cerrón, y se firman alianzas para ganar impunidad en el Poder Judicial. Esta guerra de guerrillas tuvo un primer desenlace con la suspensión de Patricia Benavides. El sector llamado caviar recuperó de alguna manera el control de la fiscalía.

— ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Intentar remover a la junta?

Exactamente. Felizmente no hubo una remoción masiva porque eso también hubiera sido excesivo.

— ¿Está de acuerdo con la remoción de Tello y de Vásquez?

Sí, estoy de acuerdo, por lo menos con la remoción de Tello y Vásquez, quien fue el presidente de la junta que en ese momento aprobó la interpretación de la edad. Hablemos claro: la Junta Nacional de Justicia cometió abuso con la suspensión ‘express’ de Patricia Benavides. La culminación del proceso a los integrantes de la JNJ con la inhabilitación de dos miembros debería servir para poner fin a esta guerra de dos bandos que consumen la política y la institucionalidad judicial.

— Dice que se ha desatado porque en una guerra siempre hay muertos y heridos y siempre la gran sacrificada es la verdad. Hablemos de la presidenta Boluarte. ¿Ha sido una buena elección Gustavo Adrianzén como primer ministro?

Otárola le era muy funcional. Era un buen operador político; tenía buenas relaciones, manejaba bien las cosas y le salvó la vida política a la propia presidenta y a él mismo; participando en el complot para destituir a Patricia Benavides. Según la hipótesis que circula más fuerte, definitivamente contribuyó a armar este operativo que terminó con la suspensión de Benavides porque ella estaba formulando una acusación muy fuerte por las muertes contra Boluarte y él mismo. Lo que debe haber sentido la presidenta es que Otárola era su salvador. Ella pierde un apoyo importante, pero con Adrianzén gana un perfil parecido que también la ha defendido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

— ¿Me está diciendo que Dina Boluarte más que buscar un gestor y un jefe de gobierno busca un abogado defensor?

En parte sí, creo que sí, pero ahora lo que tenemos que descubrir es si Gustavo Adrianzén tiene las mismas capacidades de operador político que tenía Otárola. Ojalá que pueda desempeñar un papel importante en la lucha contra la criminalidad. Se está diciendo que él ha entrado sin ningún cambio, heredando todo el Gabinete de Otárola, pero esto no es exacto porque hace pocas semanas se produjo el cambio de cuatro ministros y que yo sepa ninguno de esos cuatro fue sugerido por Otárola. Esos cuatro ministros mejoran la orientación del Gabinete.

— Pero queda Víctor Torres en el Ministerio del Interior y la delincuencia sigue avanzando a niveles extremos.

Eso es verdad y la inseguridad debería ser la gran tarea de Gustavo Adrianzén. Debería asumir como su principal misión ejecutar un plan efectivo de lucha contra la criminalidad organizada. Este problema es tan grande, tendría que ser liderado por el presidente de la República, pero ya sabemos que eso no va a ocurrir y ojalá que el primer ministro asuma ese liderazgo para poner en marcha estrategias efectivas frente a la extorsión y asesinatos. Si su estrategia funciona, le dará oxígeno al gobierno.

— Hablando de estrategias. Últimamente, Boluarte aparece muy cerca de César Acuña. ¿APP está en un franco cogobierno?

Tanto como cogobierno no creo, pero sí tienen una buena relación en el Congreso. En el Ejecutivo, el ministro de Salud es la cuota de APP, digamos que con Acuña hay un abrazo político claro porque la presidenta tiene que recurrir a lo que puede. Boluarte no tiene recursos políticos, no tiene partido, no tiene absolutamente, ni siquiera tiene una bancada de 10 o de 20, sus únicos apoyos pueden ser los de otros partidos, pero tiene que tratar de llevarse bien con quien fuera. Es un asunto de sobrevivencia.

— ¿Dina sigue en modo resistencia?

Es un poco más que eso. Ella cuenta con el apoyo tácito de la mayor parte del Congreso que también quiere sobrevivir. Esa suerte de pacto de sobrevivencia es su mayor garantía de permanencia. Hoy la veo más empoderada, todavía le falta explicar mejor los temas.

— ¿Entonces llega al 2026?

Yo creo que sí. Creo que en el tema económico la presidenta ha encontrado el rumbo. El asunto es que se concrete lo anunciado.

— ¿La ve temerosa por la denuncia constitucional que planteó Benavides por homicidio por omisión?

En mi opinión esa denuncia es un exceso. Denunciarla por genocidio es exagerado. La presidenta no tiene responsabilidad directa en lo ocurrido, si se produce una denuncia constitucional contra ella, probablemente en el Congreso no le den paso. Hasta el 2026 está protegida, después le caerá el peso de la irracionalidad.

— El Ministerio Público está de cabeza. Con las declaraciones de Jaime Villanueva observamos que es una verdadera sopa de grillos donde cada uno busca su cuota de poder.

Hay que corregir el mal desde su origen, me refiero al tema coyuntural y no al tema estructural. El origen de todo esto ha sido los juicios contra los políticos por donaciones de campaña que en última instancia fueron una forma de persecución política. Dañaron tremendamente a la clase política y finalmente posibilitaron el triunfo de Pedro Castillo, alguien absolutamente inconcebible para la presidencia. Se debe poner fin a estos procesos por donaciones de campaña. Cerrar estos procesos es fundamental para la paz política y para amainar la polarización. Los fiscales del equipo Lava Jato practicaron populismo judicial y persecución política y tienen que ser removidos; quienes los reemplacen deberían desistirse de estos procesos porque han sido abusivos; han producido prisiones preventivas abusivas por un tema que no es delito.

— ¿Y qué les dice a los que van a pensar que está regalando impunidad?

No se puede juzgar y condenar a alguien por un delito que no ha ocurrido. Es la presunción de delito futuro, eso es absurdo, no se puede juzgar ni condenar y privar de la libertad a alguien que no ha cometido delito porque finalmente en la política los partidos siempre buscan financiamiento para hacer campaña.

— Hablemos del Congreso, que acaba de aprobar el retorno de la bicameralidad y la reelección parlamentaria.

Y deberían estar muy satisfechos. Espero que el Congreso pase a una agenda más constructiva de reformas políticas, económicas y judiciales. El primer paso en esa dirección ha sido la aprobación de la fundamental reforma constitucional de la bicameralidad y reelección parlamentaria. Imagino que sienten una satisfacción íntima de estar aportando algo positivo.

— Pero sale Vizcarra y mucha gente de izquierda y dice: “La no reelección congresal se dio con referéndum, esto es un golpe de Estado de un Parlamento”.

Los referéndums son instrumentos que usan los dictadores para afirmarse con campaña con banderas muy populistas. Ellos lo saben.