Presos, investigados o denunciados: la Presidencia y el peso de la justicia | INFORME

El exmandatario Alejandro Toledo será extraditado de Estados Unidos. En la historia reciente, desde Alberto Fujimori los han asumido el cargo de presidente de la República se han visto envueltos en investigaciones, procesos judiciales y hasta condenas en el sistema de justicia.

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¿Qué cargos pesan contra los que en algún momento ejercieron en más alto cargo en el país? ¿cuál es su situación judicial? En el siguiente informe todos los detalles:

Se desempeñó como presidente del Perú desde el 28 de julio de 2021 al 7 de diciembre de 2022. Hoy, cumple prisión preventiva por 18 meses en el Penal de Barbadillo (Ate), por haber encabezado un golpe de Estado el año pasado.

Desde el inicio de su gestión Pedro Castillo Terrones infringió las normativas y también habría transgredido la ley penal, según la Fiscalía.

Tras su juramentación no gobernó desde Palacio de Gobierno, sino desde la ‘Casa Sarratea’ en Breña, que fue su búnker durante la campaña electoral antes de su elección presidencial.

Luego de la advertencia de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo -ante una falta de transparencia sobre las reuniones que sostenía- el exmandatario tuvo que trasladarse a cumplir sus funciones a Palacio de Gobierno, en el Centro de Lima.

Pedro Castillo tiene actualmente siete investigaciones en curso, vinculadas a su actuación como jefe de Estado y que están vinculadas a delitos de corrupción y crimen organizado

Entre ellos, están los casos “Petro-Perú”, “MTC-Provías Nacional/Puente Tarata” y “Ministerio de Vivienda”, que se han sumado en un solo proceso.

En los tres casos, Castillo es investigado y procesado por presuntamente haber influido directa y a través de terceros para que diversas licitaciones sean direccionadas hacia amigos o empresarios que, a cambio de una presunta ‘coima’ eran beneficiados con millonarios contratos con el Estado.

En el caso Petro-Perú, el expresidente es procesado por presuntamente haber dispuesto la designación de Hugo Chávez como gerente de dicho organismo y este a su vez, direccione el proceso de la compra de Biodiésel a la empresa Heaven Petroleum.

Por ese caso, según testigos y las investigaciones, Castillo habría recibido S/2 millones.

“Tenemos elementos de convicción, no podemos hablar de pruebas en esta etapa, porque eso luego se verá en un próximo juicio, pero sí tenemos elementos probatorios que nos generan la posibilidad de hacer una gerencia válida de que se ha recibido dinero en el caso de Petroperú y tenemos ahí un aproximado de 2 millones de soles por el tema del biodiésel. Tenemos también que el presidente habría recibido beneficios como pasajes de avión para él y sus familiares, celulares, etc.”

Fiscal Marco Huamán, fiscal a cargo del Área De Denuncias Constitucionales Contra Altos Funcionarios

En el “Caso MTC” y “Puente Tarata”, según el Ministerio Público, Castillo habría designado al prófugo Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) con la finalidad de tratar directamente con empresarios interesados en las obras de dicha cartera. En este caso se encuentran los colaboradores eficaces Zamir Villaverde y Karelim López, quienes han reconocido haber entregado dinero al expresidente.

Según Villaverde, a través de Silva, habría entregado S/30 mil a Castillo a cambio de que el Consorcio Puente Tarata III sea beneficiado con la licitación de la obra de construcción para el Puente Carrozable Tarata, en la Región San Martín.

En el caso del Ministerio de Vivienda, Castillo y su círculo de amigos, entre ellos Abel Cabrera, acordaron la designación de Geiner Alvarado como titular de dicha cartera. Ello, con el fin de que los estudios técnicos y ejecución de las obras, sean direccionadas a empresas fachadas o amigos.

Para lograr sus objetivos, Castillo habría buscado el respaldo del Poder Legislativo a través de algunos congresistas -conocidos como ‘Los Niños’- y a quienes les habría ofrecido puestos dentro del estamento público. A cambio, dichos parlamentarios debían votar en contra de los pedidos de vacancia presidencial.

Por estos casos, el Ministerio Público ha solicitado recientemente 36 meses de prisión preventiva contra el exjefe de Estado. El requerimiento será analizado esta semana por el Poder Judicial y de prosperar será la segunda medida de esa naturaleza contra el expresidente.

Además…

Pedro Castillo tiene en su haber otras investigaciones como la que se inició en su contra por el presunto delito de encubrimiento, debido a la remoción del exministro del Interior Mariano González.

El expresidente buscaba la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional -coordinado por el coronel Harvery Colchado- que apoyaba a la fiscalía. Y, en vista de que González se negó a cumplir con dicha orden fue relevado del cargo ministerial.

El expresidente, además, es cuestionado por la fiscalía por presuntamente haber facilitado y encubierto la fuga del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, así como de su sobrino Fray Vásquez Castillo.

Precisamente, Bruno Pacheco aseguró ante la Fiscalía que Castillo recibió dinero a cambio de beneficiar a oficiales de la Policía Nacional y del Ejército, en el proceso de ascensos.

Tras entregarse a la justicia, el exsecretario presidencial señaló que Castillo habría recibido pagos de hasta $20 mil.

El expresidente, igualmente, es investigado por el presunto plagio de su tesis de maestría, que realizó junto a su esposa Lilia Paredes, en la Universidad César Vallejo.

Rebelión con prisión. Castillo acabó sus días como jefe de Estado el 7 de diciembre del 2022, cuando intentó disolver el Congreso de la República y tomar otras entidades públicas, en un golpe de Estado.

El expresidente buscaba evitar hacer frente al Legislativo que procesaba su tercera moción de vacancia presidencial al cuestionarlo por sus diversas investigaciones y denuncias por presunta corrupción.

Luego de fracasar en su intento, debido a que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no acataron dicha orden inconstiticional, Castillo Terrones fue vacado del cargo en una sesión que el Pleno del Parlamento desarrolló ese mismo día.

Debido a ello, el expresidente abandonó Palacio de Gobierno junto a su esposa, Lilia Paredes y a su hijos. Sin embargo, fue detenido cuando intentaba huír hacia la Embajada de México (Sa Isidro) que le había ofrecido asilo político.

Actualmente, es procesado [en su condición de ex Presidente de la República], como presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, Rebelión (alternativament conspiración). Además, como autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

"El entonces presidente de la República, aprovechando su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, habría utilizado tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país, a través de su mensaje a la Nación, al alzamiento en armas, en contra del orden constitucional y los poderes del Estado; así como, de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del sistema nacional de justicia decretada; disponiendo además, ilegalmente, un ‘gobierno de excepción’”.

Helder Uriel Teran Dianderas. Fiscal Supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

Fue presidente del Perú desde el 28 de julio del 2001 al 28 de julio del 2006. Fugó del país hacia Estados Unidos en el 2017, luego de conocer que había sido implicado en la trama de corrupción “Lava Jato” desplegada por la empresa Odebrecht.

Actualmente se espera su extradición al Perú, luego de que en el mes de febrero último, el gobierno norteamericano -a nivel político y judicial- autorizó su deportación para que enfrente a la justicia por el Caso Interoceánica.

Se espera que, una vez pise suelo peruano, Toledo sea internado en el Penal de Barbadillo (Ate), junto al expresidente Alberto Fujimori (quien purga condena) y el expresidente Pedro Castillo (que cumple prisión preventiva).

La decisión se ha visto retrasada debido a las acciones legales que ha interpuesto Toledo Manrique ante el Poder Judicial de dicho país para suspender la ejecución de su extradición.

La fiscalía ha solicitado para Toledo una condena de 20 años y seis meses, tras imputarle haber recibido una coima de $35 millones de la empresa Odebrecht a cambio de licitarles las obras del Proyecto de Construcción de los Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. También habría favorecido a la empresa Camargo y Correa con el Tramo 4 de la misma carretera.

Al respecto, el exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata, como la cabeza de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, ha reconocido las negociaciones ilícitas y pagos para el exmandatario.

Incluso, el desaparecido empresario peruano israelí Josef Maiman, quien fue amigo de Toledo, reconoció en un proceso de colaboración eficaz que Toledo le pidió prestadas las cuentas de sus empresas para recibir el dinero del soborno brasileño.

¿A dónde fue el dinero? Según las pesquisas, parte del dinero que Toledo habría recibido de la contructora brasileña, fue enviado a Costa Rica, a través de las empresas de Josef Maiman. Y, desde allí, parte del dinero fue usado por la familia del expresidente en la compra de inmuebles y pago de hipotecas en nuestro país.

Del dinero recibido, un aproximado de $17′527.000 millones se enviaron a través de Confiado International Corp-Panamá –de Josef Maiman en el LGT Bank de Suiza– a las empresas ‘offshores’ Ecoteva Consulting Group, Milan Ecotech y Ecostate Consulting Group, con sede en Costa Rica.

Por ese caso, de presunto lavado de activos, el ex jefe de Estado y su esposa Eliane Karp, son también investigados, en un caso paralelo.

Actualmente, se ha enviado a Estados Unidos el cuadernillo del caso solicitando el inicio del proceso de extradición para Toledo y su esposa por este caso.

Por este caso, la fiscalía ha solicitado 16 años y 8 meses de cárcel contra el expresidente y su esposa, por presuntamente haber blanqueado capitales en nuestro país por la suma de $9′052.650 millones a través de Eva Fernenbug, suegra del expresidente.

Se desempeñó como presidente de la República desde el 28 de julio del 2011 hasta el 28 de julio del 2016.

Oficial del Ejército en retiro, Humala también se vio envuelto en la trama de corrupción de la empresas brasileñas Odebrecht y OAS que reconocieron pagos ilícitos para su campaña electoral del 2011.

Antes de ello, fue implicado en el financiamiento ilegal de su campaña en el 2006, de parte del gobierno venezolano con su expresidente Hugo Chávez.

El ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confesó ante el fiscal Hamilton Castro que su empresa entregó $3 millones al Partido Nacionalista para la campaña de Ollanta Humala del 2011. Ello, luego fue ratificado por Marcelo Odebrecht ante el fiscal Germán Juárez.

El dinero, según las pesquisas de la fiscalía, provenían de la denominada “Caja 2″ de la constructora brasileña.

Humala además debe enfrentar otros cuestionamientos en su contra. Uno vinculado al Gasoducto Peruano del Sur y otro por presuntas ejecuciones extrajudiciales en el Caso Madre Mía, cuando estaba en el Ejército al frente de la Base Contrasubversiva, ubicada en la Región San Martín.

El economista fue presidente del Perú entre el 28 julio del 2016 al 21 de marzo del 2018, cuando renunció al cargo. Se desempeñó como primer Ministro y titular de Economía y Finanzas durante la presidencia de Alejandro Toledo.

Renunció a la Presidencia luego de dos intentos de vancancia en su contra desde el Parlamento. El primero fue por presuntos pagos de la empresa Odebrecht y luego por haberle otorgado el indulto humanitario al encarcelado expresidente Alberto Fujimori.

Por el caso Westfield Capital, también ha sido relacionado a pagos por parte de la constructora brasileña Odebrecht y presuntos aportes de campaña.

Desde julio del 2022, viene afrontando una investigación por presunta corrupción, en libertad, pero con impedimento de salida del país.

Por el indulto humanitario, en 2021 fue denunciado constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso, pero la Subcomisión de Acusaciones archivó el caso.

Alberto Fujimori Fujimori

Ejerció la presidencia de la República desde el 28 de julio de 1990 hasta el 22 de noviembre de 2000.

Encabezó un golpe de Estado en 1992 y en noviembre del año 2000 -desde Japón- renunció por fax al cargo ante los cuestionamientos por diversos actos de corrupción a través de su exasesor Vladimiro Montesinos.

La caída de su gobierno inició tras la publicación de los “vladivideos” en los que se demostraba el pago de dinero a diversos personajes para apoyar el régimen fuji-montesinista.

En el 2007 fue extraditado desde Chile y sometido a diversos procesos judiciales que terminaron con cinco sentencias. La más grave es una condena de 25 años por el Caso Barrios Altos y La Cantuta por ejecuciones extrajudiciales.

Pese a varios intentos de indulto rechazados, el 24 de diciembre del 2017 obtuvo dicha gracia presidencial por parte de Pedro Pablo Kuczynki, quien lo excarceló por razones humanitarias.

Sin embargo, la Corte Suprema anuló dicho beneficio y tuvo que volver a prisión en enero del 2019. Actualmente, permanece cumpliendo condena en el Penal de Barbadillo (Ate).

Fue presidente de la República desde el 23 de marzo de 2018 hasta el 9 de noviembre de 2020 cuando el Congreso declaró su vacancia. Antes de ello se despeñó como vicepresidente (2016-2018) en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ygGobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Ha sido implicado en los casos “Club de la Construcción” vinculado a una trama de corrupción de diversas constructoras, la “compra de vacunas contra el Covid-19″ y la contratación de diversos personajes durante su gobierno como el cantante Richard Swing.

Mira aquí los hechos que marcaron el gobierno de Vizcarra: