Fiscalía estima en más de 30 años posible condena para Patricia Benavides: las razones para pedir su impedimento de salida

Según el mencionado requerimiento, al que accedió El Comercio, la fiscalía presentó 183 elementos de convicción para sostener la existencia de graves y fundados elementos, así como el peligro procesal de fuga.

Y es que, para el Ministerio Público, Benavides Vargas tendría no solo las facilidades para fugar del país, sino que también contaría con relaciones en el ámbito político para lograr sus fines.

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En las investigaciones, por seis hechos, el Ministerio Público le atribuye liderar la presunta organización criminal denominada “La fiscal y su cúpula de poder”, en la que se investigan los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico.

Los hechos atribuidos son: la creación de una presunta red criminal; presuntas acciones ilícitas con el congresista José María Balcázar; coordinaciones con diversos legisladores para la elección del defensor del Pueblo; presuntas acciones ilícitas con parlamentarios para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como presuntas acciones ilícitas para la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

“Tomando en cuenta las reglas de sumatoria de penas por el concurso real de delitos que se habrían cometido, que conforme al Art. 50 del Código Penal, no puede ser superior al doble de la pena concreta del delito más grave, esta podría superar los treinta (30) años de pena privativa de libertad en el presente caso. Por lo que, la imposición de una pena grave puede influir en la conducta procesal de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y en consecuencia evadir la acción de la justicia”.

Delia Espinoza, fiscal suprema.

Para la fiscal Delia Espinoza Valenzuela, de lo actuado en la investigación preliminar, existen suficientes elementos de convicción que vinculan a Patricia Benavides con los hechos objeto de investigación.

Entre los argumentos incluidos en el requerimiento fiscal, se da cuenta de un nuevo elemento de convicción: la aparición de un testigo protegido que ha declarado extensamente la relación de Patricia Benavides Vargas con el abogado Luis Castillo Alva, recientemente detenido en el operativo Valkiria XI, ejecutado por la Diviac y Eficcop.

Según dicho testigo, Benavides Vargas se encontraba interesada, en conocer y controlar el Equipo Especial de Fiscales a cargo del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, entre otros, por su relación y la de su hermana Enma Rosaura Benavides Vargas con investigados en dicho expediente, como Antonio Camayo Valverde y Edwin Oviedo Picchotito.

Por ello, de acuerdo con ese testimonio, Castillo Alva habría proporcionado a Benavides Vargas -por intermedio del testigo protegido- una copia del Informe Policial Nro. 317-2020- DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC -vinculado al caso “Cuellos Blancos del Puerto”- y de la resolución judicial emitida por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz por el que se autorizaba el traslado de dicho documento de la PNP, a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“A cambio de los favores recibidos y ante lo solicitado por el TP- 1-2024-FSEDCF, Liz Patricia Benavides Vargas designó como fiscales adjuntos provinciales en el Equipo Especial de Fiscales que investigan el denominado caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, a tres o cuatro personas cuyos nombres le había trasladado dicho testigo protegido, quienes eran personas de entera confianza del abogado José Luis Castillo Alva, quien se encontraba investigado como presunto integrante de la organización criminal”, narró el testigo.

Entre las presuntas actuaciones ilícitas que obran en contra de Benavides Vargas, la fiscalía suprema indica que al tener, en su condición de fiscal de la Nación, investigaciones contra congresistas, habría usado tal facultad como una ventaja para ofrecer o aceptar el archivo de las mismas presuntamente a cambio de votos en el Parlamento acorde a los intereses la investigada.

Así, se detallan las tratativas que habría tenido con el congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario), Martha Moyano (Fuerza Popular), Patricia Chirinos (Avanza País), Alejandro Soto (presidente del Congreso y representante de Alianza para el Progreso), y otros implicados en el Caso Los Niños.

La fiscalía señala también que el equipo especial del Caso “Cuellos Blancos del Puerto”, a cargo de las investigaciones y procesos seguidos contra magistrados y particulares por actos de corrupción del sistema de justicia, habría sido objeto de cambios sin motivo justificado por parte de Benavides Vargas.

Esto último, señala, guardarían relación con el presunto interés de la investigada en conocer y controlar dicho equipo especial, entre otros, por su relación y la de su hermana Enma Benavides con investigados en dicho caso, como Antonio Camayo Valverde y Edwin Oviedo Picchotito, según lo declarado por Jaime Villanueva, exasesor y hombre de confianza de Benavides.

Sodalicio

En otro pasaje, del documento fiscal, se señala que Benavides Vargas también se habría inmiscuido en casos de interés del abogado José Luis Hauyón Dall’Orto, en el subsistema de lavado de activos, según lo declarado por el fiscal superior coordinador, Rafael Vela Barba.

En su declaración, Barba señaló que en los primeros meses del año 2023, la entonces fiscal de la Nación le habría solicitado que recibiera a Hauyón Dall’Orto, quien siendo abogado del caso “Sodalicio”, quería hacer unas consultas sobre el trámite de copias que habían sido remitidas a la fiscalía de lavado de activos por la fiscalía contra la criminalidad organizada y que se encontraban en evaluación por parte del fiscal provincial Lizardo Pantoja Domínguez.

Esto también fue ratificado por Jaime Villanueva ante la fiscalía suprema, indicando que el abogado Hauyón Dall’Orto habría tenido intereses particulares en casos a cargo de las fiscalías de lavado de activos, específicamente “le habría interesado el caso ‘Sodalicio de vida cristiana’”.

Un hecho que vincularía y daría pese a dicha versión es lo declarado por el abogado Eduardo Roy Gates, quien señaló que fue en el estudio del abogado Hauyón Dall’Orto, que se habría realizado la reunión con Patricia Benavides, sus asesores y personal del área de imagen del Ministerio Público para discutir el caso de su hermana Enma Benavides Vargas.

Joaquín Ramírez y Alas Peruanas

De la declaración de Rafael Vela Barba, la fiscalía señala que Benavides estuvo interesada en los procesos y diligencias del proceso seguido contra Joaquín Ramírez (excongresista y ex secretario general de Fuerza Popular) y la Universidad Alas Peruanas.

“Así, conforme a la declaración testimonial de Rafael Vela Barba, luego de realizado el operativo por parte de la fiscalía de lavado de activos, Benavides Vargas se habría mostrado incómoda y habría mandado a llamar al fiscal adjunto provincial a cargo del caso Wilson Salazar Reque, a quien habría cuestionado por ejecutar una medida judicial con plazo vencido”, se reseña en el documento fiscal.

Sobre este tema, se agrega que, según la declaración de Villanueva Barreto, cuando Wilson Salazar Reque concurrió al despacho de Benavides Vargas, esta última habría acordado que le daría cuenta de los avances del caso y así se habría hecho pues conoció que la investigada y el indicado fiscal adjunto se reunían para que éste último informara sobre los pormenores del caso a su cargo.

El factor Marco Huamán

En diversos actos presuntamente ilícitos, se indica en el documento, Benavides habría contado con la ayuda del fiscal supremo provisional Marco Huamán Muñoz, a quien nombró como adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación en el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

Sin embargo, (Marco Huamán) también habría asumido un papel de facilitador de información, de contactos, consultor y de cuanta labor fuera necesaria para lograr los objetivos de la investigada, en diversos aspectos”.

Delia Espinoza, fiscal suprema

Por ello, explican en el requerimiento, cuando Benavides -a través de sus asesores- habría buscado incidir en el Congreso con la inhabilitación de Zoraida Ávalos, Marco Huamán, en su condición de fiscal adjunto supremo y coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, habría facilitado a Jaime Villanueva Barreto una relación que contenía la identidad de congresistas con investigaciones en dicha oficina.

Además, Marco Huamán habría colaborado con las acciones para obtener documentación sobre el proceso que se le abrió a la fiscal coordinadora de Eficcop, Marita Barreto, a fin de difundirlo en un medio de prensa con la finalidad de desprestigiarla.

“Efectivamente Marco Huamán logró hacerse de dicho descargo y se lo envío vía WhatsApp a Villanueva, quien lo replicó a la prensa”, se agrega.

Huamán Muñoz también es vinculado a una atención célere en favor de la congresista Katy Ugarte Mamani. Se indica que, aproximadamente en octubre de 2023, la legisladora -a través del asesor Roger Torres Pando- le habría pedido a Villanueva Barreto que se le devuelva un celular que le había sido incautado. Entonces el ahora exasesor trasladó dicha solicitud a Huamán.

“Ante dicha situación Marco Huamán Muñoz habría realizado acciones tendientes a acelerar la devolución del equipo celular, cuya diligencia de extracción de información ya se habría encontrado programada. No obstante, habría requerido de ciberdelincuencia para que la diligencia se realice de manera urgente y célere, cumpliéndose luego con la devolución del equipo celular”, se narra.

Huamán, señala el documento fiscal, durante la gestión de Benavides fue beneficiado con diversos y constantes viajes de capacitación al exterior. Sin embargo, muchas de las actividades académicas a las que asistió no guardaban relación con la labor que aquél realizaba.

Martha Moyano

Finalmente, según la documentación y de acuerdo a lo relatado por Villanueva, la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), en la época en la que el fiscal José Domingo Pérez postulaba para juez, le habría pedido a Benavides que lo remueva del Equipo Especial Lava Jato junto al fiscal Rafael Vela.

Sin embargo, la entonces fiscal de la Nación le habría indicado que al estar Pérez postulando para ser juez, “mejor esperábamos que se vaya por sus propios méritos”.

Villanueva Barreto señaló también que cuando la congresista Moyano salía de la reunión con Benavides Vargas le comentó que los de Fuerza Popular estaban muy interesados en que Rafael Vela y José Domingo salgan de ese equipo.

La fiscal Delia Espinoza, en su requerimiento, aseguró que concurren los elementos para sostener la existencia de una presunta organización criminal de estructura vertical denominada “La fiscal de la nación y su cúpula de poder”, siendo el punto nodal en el Ministerio Público la investigada Patricia Benavides Vargas, quien la lideraría.

A su vez, esta red interna estaría integrada por los operadores Jaime Javier Villanueva Barreto, Miguel Ángel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, así como los entonces fiscales adjuntos supremos provisionales Marco Huamán Muñoz y Elmer Constantino Ríos Luque, extendiéndose al interior del Ministerio Público.

Junto a ello, dicha organización contaría con una red externa, la cual habría estado conformada, entre otros, por funcionarios de otras instituciones del Estado, para coadyuvar a los fines de la organización, como es el caso de las congresistas Martha Moyano Delgado y Patricia Chirinos Venegas, así como el abogado José Luis Hauyón Dall’Orto, y el militante aprista Hernán Jesús Garrido Lecca, entre otros.

“La presunta red de corrupción que habría establecido la organización criminal en el Ministerio Público, habría utilizado esta institución como una plataforma para brindar sostenimiento al objetivo central de la misma, que habría sido la consolidación de Liz Patricia Benavides Vargas en la posición de poder a fin de obtener beneficios para los miembros de la organización y para terceros aprovechando indebidamente la facultad constitucional del Ministerio Público de ser el órgano de persecución e investigación del delito”, señala la fiscalía suprema.

La fiscalía solicitó al Poder Judicial tener en cuenta que en la actividad delictiva de la presunta organización criminal que lideraría la investigada, se habría procurado neutralizar a otra institución relevante en el sistema de administración de justicia, esto es, la Junta Nacional de Justicia, pues mediante actos ilícitos, habría promovido la remoción de sus integrantes.

Se señaló que si bien Benavides Vargas cuenta con arraigo familiar y domiciliario, es un error considerar que esto asegura la presencia del investigado.

Además, indicaron que no solo los arraigos son indicador “del peligro de fuga” por parte de un procesado, ya que se debe tener en cuenta las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.

“Sobre este punto, es preciso indicar que la investigada Liz Patricia Benavides Vargas cuenta con medios económicos para realizar viajes al extranjero o viajar a otros lugares del Perú para dificultar su ubicación”, tal como puede verse de su movimiento migratorio, añadió la fiscalía.

Sumado a ello, se precisó que tiene familiares en Chile, ya que su cónyuge es de dicha nacionalidad y ahí residiría la madre de éste.

La fiscalía también advirtió que Benavides Vargas habría realizado un adelanto herencia a sus hijas luego de ser suspendida en el cargo a fines del 2023, a raíz de su vinculación a una presunta organización criminal.

Es de señalar, además, que luego de producida su suspensión en el ejercicio del cargo con fecha 07.12.2023, la investigada con fecha 20.12.203. ha constituido patrimonio familiar sobre bien inmueble de su propiedad a favor de sus menores hijas, revelando con esta conducta su comportamiento de no sujetarse a la acción de la justicia.”

Delia Espinoza, Fiscal Suprema.

En el requerimiento se recordó que la suspendida fiscal suprema habría desplegado actividad delictiva con la intervención de determinados miembros del Congreso, es decir, habría tenido injerencia indebida en otra institución clave en el ordenamiento democrático, generando así un mayor desprestigio de dicha entidad, dado que evidenciaría presuntos actos ilícitos en busca de impunidad mutua.

“La investigada Liz Patricia Benavides Vargas tendría influencia y relaciones en el ámbito político lo cual le permitiría lograr en el Congreso de la República, el apoyo de los asuntos de su interés”, señaló la fiscal suprema.

Finalmente, la fiscalía enfatizó que el comportamiento que habría tenido Benavides Vargas durante la investigación permiten señalar que no asistió a rendir su declaraciones cuando fue convocada, solicitando reprogramaciones.

Detalló que tampoco acudió a entregar de manera voluntaria sus teléfonos celulares personales y de trabajo que hubo usado. Ello, junto a las posibles coordinaciones que habría realizado con miembros del Congreso para archivar las denuncias constitucionales en su contra y las acciones constitucionales que interpuso “con el fin de evitar su desarrollo” de los procesos disciplinarios abiertos en su contra ante la Junta Nacional de Justicia.

“Lo señalado en el acápite precedente, si bien resulta ser un indicador de peligro de fuga para este Ministerio Público, per se no resulta ser suficiente, si es que no se evalúa en conjunto con los demás indicadores que nos lleve a sostener un latente peligro de fuga”, indicó la fiscal Espinoza.

Por ello, consideró que la medida de impedimento de salida del país por 36 meses contra Benavides Vargas era idónea, necesaria y proporcional.

En diálogo con El Comercio, Juan Peña, abogado de la suspendida fiscal suprema, Patricia Benavides, consideró que no existen elementos para sustentar un peligro de fuga en el requerimiento de impedimento de salida del país.

Además, sostuvo que deberán ser corroboradas las declaraciones del testigo protegido TP- 1-2024-FSEDCF que fueron presentadas como un elemento de prueba de la fiscalía.

“De lo que está narrando el señor (testigo protegido) es una versión que tiene de los hechos. Nosotros tenemos una versión distinta como defensa; y lo que debe tener en cuenta es que un impedimento de salida se sostiene en un peligro de fuga y en este caso no hay”, sostuvo.

En esa línea, dijo que no sabe con exactitud cuál es el sustento de la fiscalía para alegar la existencia de un peligro de fuga, toda vez que su patrocinada ha asistido a todas las citaciones, incluso “cuando no había hechos, ni denuncia, cuando hubo denuncia y cuando recién abrieron la carpeta fiscal”.

Además, aseguró que tiene domicilio conocido donde ha sido notificada y remarcó que no existen los elementos para dictar la medida.

Ella acudió al Congreso en dos oportunidades antes de que se le abra investigación, luego la citaron a la Junta (Nacional de Justicia) y también ha ido. La han citado a la fiscalía y ha ido en varias ocasiones. Que no les pueda gustar lo que la doctora responda en los interrogatorios, es otra cosa. Entonces, no se entiende cuál es la conducta de obstrucción ¿Defenderme, presentar una tutela de derechos, pedir precisar qué información están pidiendo? Eso no pude ser considerado como obstrucción, eso es subjetivo y me apena que el titular de la legalidad actúe de esa manera.”

Juan Mario Peña, abogado de Patricia Benavides

El abogado cuestionó a la fiscalía por sostener que la suspendida fiscal suprema esté obstaculizando las investigaciones por ejercer su derecho a la defensa, a través de recursos legales.

“Ningún abogado o periodista podría permitir que se entienda de esa manera. Porque si van a allanar tu casa y no se tiene ninguna justificación para el allanamiento evidentemente tienen que presentar una apelación. Uno no se puede dejar pisotear los derechos. Mi derecho me dice que no pueden entrar a mi casa, no pueden quitarme mi celular y yo no tengo por qué entregarlo”, señaló.

Recordó que incluso, en el requerimiento para la entrega de sus teléfonos, recurrió al Poder Judicial vía una tutela de derecho. Añadió que hasta el momento ese recurso no se resuelve y ahora lo incluyen como elemento de obstaculización.

Sobre el adelanto de herencia realizada por Benavides a sus hijas, a finales del 2023 -cuando fue suspendida por la JNJ- el abogado indicó que “es un derecho que puede ejercer cualquier persona y es bien subjetivo pensar de que por eso yo no voy a enfrentar las investigaciones”.

Consideró pro tanto, que el juez del caso, independientemente de la decisión que puede tomar, tiene que evaluar los aspectos que ha mencionado; pues podría dejar precedente para los futuros casos.

“Nosotros no pedimos que se nos protejan, sino que se respete los derechos de ella, como cualquier investigado, no solo de la doctora Benavides (...) nosotros, en el equipo, estamos preparando la defensa en el sentido de que no hay peligro de fuga de la doctora Benavides”, concluyó.