Sicarios que operaban en Trujillo ahora resguardan a mafias de oro ilegal en sierra de La Libertad

Los cadáveres aparecieron entre unos cañaverales cercanos al río Moche, en el distrito de Laredo, La Libertad. Eran cinco hombres con orificios de bala en los cráneos, tendidos boca abajo y que habían sido amarrados con las camisas y polos que vestían antes de ser acribillados.

La policía cotejó que se trataba de cinco mineros ilegales que llevaban en un camión, de Parcoy a Trujillo, 30 toneladas de minerales (principalmente, oro en bruto), cuando fueron atacados por una gavilla de sicarios. Agricultores del sector Las Bambas hallaron los cuerpos la mañana del 15 de enero.

Para esa fecha, la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la policía ya tenía encaminada la megaoperación que el martes pasado derivó en la captura de 18 integrantes de una mafia dedicada a la extracción ilegal de oro en Parcoy, denominada Los Topos del Frío.

Las pesquisas en torno a la criminalidad instalada en los caseríos de Retamas, Llacuabamba y otras zonas de la sierra liberteña con actividad minera estaban avanzadas, pero aquel crimen fue la representación más clara de los niveles de brutalidad a los que había llegado.

De acuerdo con el general PNP Raúl del Castillo, jefe de la Dirmeamb, la atroz ejecución en Laredo configuró un suceso que no se había registrado ni en los momentos de más cruda violencia entre las organizaciones criminales que azotaron Trujillo años atrás.

“Es un acto típico de los cárteles mexicanos dedicados al tráfico de drogas”, dice el oficial a El Comercio.

Parcoy, Quiruvilca (Santiago de Chuco) o el sector conocido como cerro El Toro (Sánchez Carrión) han acogido labor minera informal e ilegal desde hace varios años. Sin embargo, la situación en esos puntos se agravó desde el 2018 con la incursión constante de asesinos a sueldo y extorsionadores que fueron formando bandas delictivas.

Del Castillo explica que son delincuentes que integraron mafias de cobro de cupos a empresarios y transportistas de Trujillo, y que fueron capturados entre el 2014 y el 2016. Ellos, tras cumplir sus períodos de prisión preventiva sin recibir sentencia (por falta de pruebas o exceso de carcelería), migraron a los lugares donde la minería ilegal ya movía fuertes sumas de dinero y se insertaron como brazos armados de mineros ilegales.

Desde entonces, las disputas por áreas de extracción aurífera en aquellas zonas devinieron en un serial de sangre incontenible. En el 2019, 169 asesinatos fueron perpetrados en La Libertad. El quíntuple crimen en Laredo sumó 19 homicidios en esa región durante los primeros 15 días de este año. Además, a través de informantes, la policía identificó que la sierra de La Libertad ha sido escenario de muertes a manos de sicarios que no han sido denunciadas.

Algunos testimonios de los comuneros de Retamas y Llacuabamba recogidos durante las investigaciones dan cuenta de que no es extraño ver en esos pueblos a cualquier minero ilegal resguardado siempre por dos o tres sicarios.

“Mucha gente está afectada allí: vecinos, mineros legales o mineros que quieren formalizarse y ven que compiten con gente que usa la fuerza delincuencial”, señala el general Del Castillo.

Los Topos del Frío fue una gran red formada por cuatro bandas delictivas que, además de la extracción ilegal de oro en Parcoy, tenían en común a los mismos transportistas y financistas (los extranjeros Ruzhong Yan y Yu Hang Liu). La policía les incautó 220 kilos de oro valorizados en US$10 millones, el mayor decomiso de oro vinculado con la minería ilegal. En el 2019 se incautó apenas un kilo y medio.

—Formalización—

El director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Lenin Valencia, refiere que si bien La Libertad es una de las regiones con más problemas por minería ilegal, también es de las que tienen mayor número de mineros en vías de formalización: 4.764. Pero, según la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, hay más de 5.000 mineros ilegales en esa región.

Una de las fallas en este contexto, que remarca Valencia, es que muchos mineros ilegales operan con los permisos de los inscritos en el Registro Integral de Formalización (Reinfo). Para acabar con esa modalidad ahora el Minem exige que cada titular declare su producción. A la fecha, hay 10.000 mineros formalizados en el Perú.

Hay un objetivo trazado por las autoridades cuya punta de lanza ha sido la megaoperación del martes: evitar con un trabajo sostenido que la minería ilegal y sus delitos conexos se enquisten en La Libertad como ocurrió en Madre de Dios.

Punto de vista

El oro ilegal y el crimen se unen. Por Ricardo León

Madre de Dios y, en particular, esa tierra de nadie llamada La Pampa son el más crudo ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una actividad prohibida pero altamente rentable, como la minería ilegal, se relaciona con el crimen organizado.

Una de las temporadas más críticas se vivió entre el 2016 y el 2017. Un grupo de más de 30 sujetos, varios de ellos exreclutas del Ejército, fueron contratados por los mineros ilegales para protegerlos de asaltos y vigilar las rutas de acceso a La Pampa. El grupo era conocido como Los Guardianes de La Pampa, y lo dirigía un escurridizo hombre a quien llamaban ‘Venado’.

Cuando ellos detectaban a personas extrañas en la zona que controlaban, no las detenían: las mataban y a veces las incineraban en la mitad de la selva depredada. Nadie las iba a buscar.

Poco después, los cabecillas de esta suerte de grupo paramilitar comenzaron a cobrar cupos a los propios mineros, y a obligarlos a pagarles en oro. La situación se volvió insostenible. Los mineros contrataron entonces a otros sujetos para que los defendieran de quienes habían sido sus guardianes.

Una guerra terrible se desató en La Pampa.

En julio del 2017, Reinaldo Ttito y varios de sus hombres secuestraron en el sector de Sarayacu a Yosabet Álvarez, quien estaba con su hija de 2 años, y a Anabel Quispe. A las dos jóvenes las obligaron a darles información sobre ‘Venado’, quien era su amigo. Ellas se negaron, así que las violaron y les dispararon, también a la niña. Solo sobrevivió Anabel, quien se hizo la muerta y pudo reconocer a Ttito. Él fue después detenido y encarcelado.

Este es solo uno de los casos conocidos. Entre fines del 2016 y los primeros meses del 2017, se reportaron ante la policía al menos 48 casos de personas desaparecidas. Algunas de estas, por no decir la mayoría, nunca más fueron vistas.

Escenarios como La Pampa, La Rinconada (en Puno) o la sierra de La Libertad, donde el crimen y el dinero del oro ilegal se juntan, se vuelven inmanejables en poco tiempo si no se actúa en todos los frentes posibles.