Una nueva reforma agraria que riega los campos del sector empresarial de incertidumbre

En los días previos, Maita indicó que esta reforma contempla potenciar a los pequeños productores. El cooperativismo, la asociatividad, la industrialización, la colocación de créditos a los agricultores, los proyectos de agua y la mitigación del impacto del alto precio de los fertilizantes serán los pilares fundamentales de la reforma, según dijo.

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Expresó que desde su sector se impulsará la capacitación de los productores en beneficio de la agricultura local y familiar.

Denuncian exclusión

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) denunció la exclusión del sector privado por parte del Midagri en la conformación del grupo de trabajo sectorial encargado del desarrollo de la segunda reforma.

El gremio precisó que era necesaria la incorporación de todos los actores de las cadenas productivas agrarias, a fin de realizar un correcto análisis que ayude a mejorar la competitividad y la productividad del sector, de tal manera que se incentiven las inversiones en beneficio de los pequeños, medianos y grandes productores.

Resaltó, además, la labor del sector agroindustrial en los últimos años, aumentando el empleo y reduciendo la pobreza. De acuerdo con el INEI, la actividad agroindustrial ha impactado de forma notable en la reducción de la pobreza en varias regiones, gracias a la demanda de mano de obra. El caso de Ica, donde se inició el ‘boom’ agroexportador, es el más claro: del 2004 al 2017 la pobreza se redujo allí de 43,1% a 3,3%. Casi se eliminó.

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Temor a la historia

Una sensación de incertidumbre por lo que pueda pasar es lo que viven los empresarios agroindustriales y agricultores medianos, quienes acusan al Gobierno de ser poco claro en lo que verdaderamente se busca con esta reforma.

El Gobierno de Juan Velasco Alvarado promulgó la primera reforma en 1969. Esto significó el paso del latifundismo a un sistema de propiedad de la tierra en manos de los campesinos. Se consideró que la mejor redistribución se lograría a través de sistemas comunitarios de explotación de la tierra. Lo cierto es que las empresas agrarias de producción de carácter asociativas no lograron el nivel de eficiencia deseado y la mayoría de ellas se desintegraron, generándose un proceso masivo de parcelación y precariedad. Fue una reforma nefasta.

El presidente Castillo ha dicho que la segunda reforma no será igual a la primera, en el sentido de que no se expropiará tierras a los privados.

El Comercio conversó con representantes del sector agroindustrial de Ica, quienes expresaron su preocupación frente a la segunda reforma agraria:

Manuel Olaechea

Ser escuchados. Eso es lo que pide el empresario agroindustrial Manuel Olaechea a este gobierno, a fin de que se pueda aprovechar su experiencia de éxito en el sector para ayudar a los agricultores locales. “Nosotros lo que queremos es ayudar a que el pequeño agricultor pueda salir de una situación complicada mediante el aporte de la tecnología”, comentó.

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Olaechea dijo que como miembro de una familia dedicada a la agricultura por varias generaciones, es consciente de que el Perú necesita hacer cambios muy drásticos en el manejo de la agricultura tradicional y local para fomentarla de una manera que lleve al país a una sostenibilidad alimenticia.

“Sé que el Perú necesita cambios drásticos en el manejo de la agricultura local y tradicional, pero atacar a la agroindustria lo único que va a generar es más pobreza. Siento, además, que hay tanta inexactitud y poca claridad en los comentarios en cómo se presenta esta segunda reforma y no sabemos cómo va a hacer”, expresó.

Añadió que durante la primera reforma agraria sus abuelos fueron despojados de sus fundos y que hasta el día de hoy el Estado no les paga lo adeudado. El fundo Las Gabrielas es uno de estos terrenos expropiados y que Olaechea ha vuelto a adquirir. “La primera reforma agraria aún está impaga para los ciudadanos peruanos, quienes fueron expropiados aún no cobran, los extranjeros sí lo han hecho. Los peruanos seguimos pelando día a día para que nos reconozcan lo que valían nuestras tierras”, aseguró el empresario.

Por otro lado, destacó que el sector agroindustrial haya logrado generar miles de puesto de trabajo, desarrollar educación e impulsar las economías de distintas regiones del país. Por ello, indicó que el Estado debería escuchar sus experiencias y lo que puedan compartir,

“Lo primero es sentarnos a hablar y escucharnos. El problema es que nadie nos quiere escucha el Gobierno no nos tiene en cuenta, aunque nosotros hemos demostrado voluntad de trabajar, no hemos tenido esa respuesta por parte del Estado”, lamentó.

“Nosotros lo que queremos es ayudar a que el pequeño agricultor pueda salir de una situación complicada mediante el aporte de la tecnología. Llevamos 30 años aprendiendo de cómo hacer esto a nivel industrial rentable, y podemos transferir esa información”, agregó.

Francisco Massa

Durante varias generaciones, la producción de algodón en el valle de Ica ha tenido a la familia Massa como uno de sus principales actores. Francisco y sus hijos, herederos de esta tradición, luchan ahora contra la decadencia en el valor de este producto. El empresario precisó que de las 25 mil hectáreas de algodón que había en el valle de Ica, el año pasado se han sembrado solo 400.

“Para los algodoneros, escuchar ‘reforma agraria’ causa pánico. Espero que no sea como la primera, que dejó sin tierras a mi familia. Desde allí inicia la decadencia del algodón. Mis hijos y yo hemos continuado trabajando con los parceleros”, indicó.

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Massa señaló que a pesar de que este año se ha registrado un incremento en el precio del algodón (el quintal pasó de S/120 a S/260), lo que ha permitido sembrar el doble de hectáreas (de 400 a 800), ni siquiera se asoma a los volúmenes de décadas anteriores (cerca de14 mil hectáreas).

“La caída del valor del algodón se debe básicamente a la primera reforma agraria. Las cooperativas agrarias de producción no funcionaron, quebraron, y las tierras expropiadas t entregadas a campesinos se dividieron en miles de parcelas. En el valle de Ica hay 37 mil hectáreas, de las cuales cerca de 18 mil están parceladas. De estas, 9 mil no han sido utilizadas desde la primera reforma agraria. Esto es un ejemplo claro que quitar la propiedad es absolutamente negativo para la agricultura”, detalló.

Por otro lado, el empresario resaltó que el pilar del desarrollo en Ica es la agricultura, pues otorga un gran aporte a la economía local y brinda trabajo a cerca de 150 mil personas, no solo de esta región, sino también de Huancavelica, Ayacucho, de la selva y el norte del país.

Agregó que es indiscutible que Ica es una región que está por encima del resto porque tiene en la agricultura un sector productivo importante, el cual hay que seguir impulsando. “El Estado, a través de todos los niveles de gobierno, tiene que seguir impulsando la generación de más fuentes de trabajo. Solo espero que con esta reforma el Gobierno respete la propiedad privada y todas las libertades”, dijo.

Rafo Cillóniz

El gerente de Campos del Sur explicó que existe un desconcierto general en los distintos agentes que participan en el sector agricultura con el lanzamiento de la segunda reforma agraria. “Creo que el nombre no es el apropiado porque a todos nos trae a la memoria lo que fue la primera reforma y el resultado fue un desastre. Habría que ver cuál es la verdadera motivación del Gobierno con esta nueva reforma”, dijo.

No es un detalle menor, agregó, que no se haya convocado a participar en la mesa de trabajo a los productores. “Deberían haber escuchado a los diversos casos de éxito que ha habido en los últimos años en el sector. Si lo que quieren realmente es ayudar al campesino y trabajador agrícola, tienen que escucharlo”, precisó.

Resaltó que el enfoque de este proyecto del Gobierno debería ser el mercado externo, e invertir en carreteras y tecnología. “El Perú es un país de emprendedores y ellos saben cómo sacar provecho cuando se le brinda oportunidades”, indicó.

Cillóniz añadió que se debe ayudar a que el resto de agentes económicos del agro se incorporen. Explicó que hace 20 años el Perú se insertó al mundo con los tratados de libre comercio (TLC), que empujó al país hacia una agricultura moderna en la costa peruana, con actores en la sierra y selva que se vienen integrando.

“Hay que enfocarse hacia el mercado externo, en construcción de carreteras y desarrollo de tecnología. El resto cae por su propio peso. Los emprendedores y empresarios del país saben cómo sacarle provecho a las oportunidades. El Gobierno debe ayudar a que el resto de los agentes económicos del agro se incorporen al sector”, manifestó.

Darío Núñez

Si hay algo que le queda claro a Darío Núñez, gerente de Uvica, es que el Estado debería preocuparse más por el sector agrícola, pero para eso primero debería dialogar con los agroexportadores, quienes son los que han contribuido enormemente al repunte de este sector.

“A punta de inversión privada hemos llevado al país a exportar millones de dólares y generar miles de puestos de trabajo formal”, destacó. En tanto, sostuvo que el Gobierno tendría que precisar los términos de esta segunda reforma agraria. “Estamos en una incertidumbre total con esta segunda reforma agraria. La primera solo trajo pobreza. Que no nos hayan invitado a participar en la mesa de trabajo nos genera preocupación”, indicó.

Núñez llegó a Ica hace 15 años, desde Arequipa. Hoy en día en la región iqueña existen dos grandes centros comerciales, tiendas, más mercados que hace una década. Es una ciudad que ha crecido, principalmente gracias al boom de la agroexportación. El número de trabajadores también ha crecido, así como su formalidad.

“Que los servicios no hayan crecido ya no es culpa de nosotros, es responsabilidad de las autoridades locales y regionales”, comentó.

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