Educación es el sector con más funcionarios sancionados por violencia sexual: ¿qué medidas se puede adoptar?

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ECData revisó los datos del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), que muestra información de las sanciones administrativas disciplinarias y funcionales impuestas a servidores civiles y ex servidores civiles, así como las sanciones penales que inhabilitan para el ejercicio de la función pública.

Según la plataforma, desde el 2012 se ha sancionado a más de 1.200 servidores públicos por acoso, abuso y violación sexual. De estos, el 84% pertenece al sector Educación.

Solo en el 2022, un total de 188 funcionarios recibieron sanciones por violencia sexual. El 67% (126) se concentró en el sector educativo. Las entidades con más casos fueron las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), que suman 91 sancionados. Le siguen las direcciones regionales de educación, las universidades y el mismo Ministerio de Educación (Minedu).

Brenda Álvarez, abogada de Proyecta Igualdad, sostiene que el hecho de que el sector Educación concentre el mayor número de sancionados por violencia sexual “puede ser indicativo de que se están presentando altos niveles de abuso y violencia contra niños y niñas dentro de las instituciones educativas”. Asimismo, indica que el problema evidencia “la falta de medidas preventivas y de protección adecuadas para garantizar su seguridad y bienestar”.

Los otros sectores con más funcionarios sancionados por violencia sexual son Salud, Justicia, Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Agrario.

ECData también revisó las cifras de reportes por hostigamiento sexual de la Plataforma “Estado sin acoso”, de SERVIR. Desde el 2019 hasta el 2022 se registraron 289 denuncias.

Solo en el 2022, se recibieron 97 reportes. Nuevamente, el sector Educación es el que tiene más funcionarios reportados por hostigamiento, seguido de Salud, Desarrollo e Inclusión social, Justicia y Transportes y Comunicaciones.

Según la plataforma, el año pasado fue el de mayor número de reportes por hostigamiento sexual.

Según Álvarez, la violencia de género es un problema complejo “que requiere de un enfoque multidisciplinario para abordarlo de manera efectiva”. Por ello, el Estado -y, en particular, el Minedu- debe establecer un protocolo claro para la selección y contratación de personal, que incluya la verificación de antecedentes y la realización de evaluaciones psicológicas para detectar posibles comportamientos de violencia sexual.

Para la experta, además, es necesario que se ofrezcan “capacitaciones sistemáticas y continuadas para todo el personal sobre violencia sexual y su prevención”. Finalmente, indica, se debe garantizar la existencia de sanciones “severas y disuasorias” para aquellos funcionarios que cometan actos de violencia de género en el ejercicio de sus funciones.

“Resulta preocupante que en el sector Educación las cifras de denuncias vayan en aumento, y que los esfuerzos por prevenir este tipo de violencia sean mínimos”, asegura Álvarez. Según señala, la falta de diligencia en la resolución de casos es un factor que contribuye a la alta prevalencia de esta problemática en el sector.

En diálogo con El Comercio, el Minedu señaló que la violencia sexual “es una mal endémico en nuestra sociedad y uno de los sectores vulnerables es el sector Educación, al darse una mayor interrelación entre docentes y la población estudiantil”.

Según indicaron desde la entidad, para prevenir este tipo de situaciones “se han desarrollado cursos en línea en formación al servicio docente”, así como “cotejos semestrales con el Poder Judicial y con el Ministerio Público para verificar si el personal registra condena por delito de violación de la libertad sexual, o denuncias e investigaciones a nivel fiscal”.

“Este año, se cotejó a los postulantes a la carrera pública magisterial con el objetivo de prevenir el ingreso de personas impedidas para enseñar”, mencionaron. No obstante, en lo que va del 2023, ya se ha sancionado, en última instancia, a más de 80 docentes por violencia sexual.