Corrupción en el sector salud: Casi la mitad de directores y gerentes regionales de salud tiene cuestionamientos

Este año, las Direcciones Generales de Salud (Diresas) cuentan con un presupuesto de más de 11.700 millones de soles, una cifra que supera en 23% al presupuesto inicial del 2022.

LEE TAMBIÉN: Gobiernos regionales inician divididos frente a la gestión de Dina Boluarte: ¿Cuáles ya marcaron postura?

ECData realizó una radiografía de la corrupción y hechos irregulares que se han denunciado en las distintas direcciones y gerencias de salud del país y encontró que, en promedio, los directores regionales de salud han durado menos de un año en el cargo (alrededor de 270 días). De los 25 actuales directores y gerentes regionales de salud, 11 (44%) tienen investigaciones, han sido denunciados o fueron señalados como presuntos responsables por hechos irregulares por la Contraloría General de la República.

Además, solo en el 2022, la contraloría emitió 443 informes de presuntos hechos irregulares ocurridos en estas direcciones y gerencias. Según se detalla en los documentos, al menos 385 funcionarios fueron hallados presuntos responsables por hechos como la entrega de bonos irregulares, contratación de personal que no cumplía con los requisitos, otorgamiento irregular de buena pro, desvío de dinero, entre otros ilícitos.

Tumbes, Lambayeque, Ucayali y Piura son las cuatro regiones con más informes; mientras que Lima, Tumbes, Ucayali y Apurímac registran la mayor cantidad de funcionarios señalados como presuntos responsables por la contraloría.

Eduardo Heredia, director de la Asociación Kuskachay menciona que es necesario tener especial cuidado en la designación de estos funcionarios. “Ellos son líderes. Debemos mirar no solo qué profesión tienen, también su trayectoria y sus antecedentes. Nos estamos olvidando de ese análisis”, sostiene.

En esa misma línea, Fernando Carbone, exministro de Salud, señala que el problema radica en que la elección de estos funcionarios no se hace en base a criterios meritocráticos, sino a discreción del gobernador regional.

“Antes del segundo gobierno de Alan García, las designaciones se realizaban por concurso. En este participaban todos los actores relacionados, pero se prefirió la dedocracia”, señala.

“En el sector salud hay dinero y es fácil desviarlo, y ser corrupto en el Perú es un buen negocio porque no se dan cuenta, o no se abren procesos a tiempo, no se dan sanciones o estas son tan leves que el dinero ganado es mayor que la pena que se pagará”, expone el exministro.

Eduardo Heredia menciona que pese a que el COVID-19 reveló las carencias y la corrupción en la que vive el sistema de salud del país y se advirtió sobre la necesidad de realizar cambios, estos no se han llevado a cabo. “El Perú es un país eminentemente coyuntural. Lo que está en boga es lo urgente y lo demás desaparece. Ahora que se cree que se ha ido el COVID, no se le está prestando atención a la salud, pero la lucha contra la corrupción en el sector no ha terminado”, advierte.

Por ello, señala que una tarea urgente es crear una comisión independiente anticorrupción. “Tiene que haber alguien que se dedique ‘24/7′ al tema anticorrupción. No existe en el país un órgano especializado. Se realizan denuncias, pero estas se quedan ahí. No hay un ataque ni una estrategia frontal contra la corrupción”, señala.

Heredia también menciona que se debe asegurar una mejora en los sueldos de los funcionarios para captar a los mejores perfiles técnicos. “Tienes a personas sin trayectoria política que se rodean de personas que han estado en el puesto, que son conocidos, que van pululando en la administración pública y saltan de un sector a otro”, dice.

Por su lado, Carbone recomienda volver a las designaciones por concurso compartido, entre el nivel central y el regional en el que participen el Colegio Médico, la federación, la contraloría y todos los actores involucrados. Para el exministro, en estos concurso debe primar el perfil técnico más allá de cualquier cuota política.

“Esta medida debe ser tomada por el Congreso y por el Gobierno, porque la descentralización que le da poder a los gobernadores es una ley. No hay más remedio. Esta es una medida urgente y no solo se debería dar en el sector salud. La corrupción está muy enquistada en nuestro país”, finaliza.