Esto durante los años 2021 y 2022, así lo informó la Contraloría General de la República.
Esto durante los años 2021 y 2022, así lo informó la Contraloría General de la República.
Redacción EC

Se informó que de 1528 alertas emitidas por la a los gobiernos regionales y locales del país entre los años 2021 y 2022, por la falta de aprobación del Plan de Prevención y Reducción de Desastres, el 84% (1328) no han sido atendidas hasta el momento por 1496 municipalidades provinciales y distritales del país.

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Estas acciones de prevención ante desastres naturales se ven afectadas porque, además, existen otros incumplimientos por parte de un gobierno regional y otras entidades

Esta situación contraviene la Ley N° 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) por la cual los gobiernos regionales y locales deben fiscalizar y ejecutar los procesos que permitan identificar y reducir riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos ante situaciones de desastres.

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Cabe mencionar que, entre los años 2021 y 2022, el presupuesto destinado a la Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, asignados a los gobiernos locales y regionales, ascendió a S/ 2 588 millones (PIM), de los cuales se ha ejecutado el 69.8%, de acuerdo a información del portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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El paso devastador del Ciclón Yaku ha traído muerte y destrucción en varias regiones del país, pero esto pudo ser evitado en alguna medida.

Situación en Lima

En Lima Metropolitana se identificaron 10 situaciones adversas sin corregir, por la no aprobación del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, en los distritos de Ancón, Chorrillos, Lurigancho, Magdalena del Mar, Barranco, San Miguel, Pucusana, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, San Luis, Cieneguilla y San Borja.

En el caso particular de Comas, no se programó actividades de prevención, lo que generaría el riesgo de no contar con estudios de amenazas y vulnerabilidades del distrito; y afectar el cumplimiento de las metas para la implementación de intervenciones

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