Conflictos sociales: el efecto búmeran de las mesas de diálogo

El pasado 15 de octubre, durante su última asamblea, el sindicato de trabajadores de La Oroya decidió que en pocos días retomarán el paro (con el bloqueo de la Carretera Central), debido al fracaso de la mesa de diálogo instalada por el Ejecutivo para levantar la medida de protesta, que en agosto costó la vida de una persona. 

“La mesa se instaló el 11 de agosto y hasta hoy no vemos frutos. No hay voluntad para resolver el problema”, declaró a El Comercio Luis Castillo, representante de los trabajadores tras una reunión con Rosario Patiño, asesora del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sector que encabeza el diálogo. 

La Oroya no es una excepción. Cañaris (Lambayeque), febrero del 2014: anuncian retomar las protestas contra el proyecto minero Cañariaco, tras no llegar a acuerdos en la cuarta mesa de diálogo. Tía María, agosto del 2015: el Valle de Tambo inicia un paro tras resistirse al diálogo. Las Bambas, setiembre del 2015: las protestas dejan tres muertos, siete meses después de que el Ejecutivo instalara mesas por la retención de contratistas de la minera.

Sin una sola cabeza

Las mesas de diálogo fueron establecidas por el Ejecutivo como espacios de negociación dentro de los esfuerzos para enfrentar la conflictividad social a partir del 2006. La mesas de desarrollo fueron concebidas después para superar las limitaciones de las primeras, y para “dar sostenibilidad a los acuerdos y al monitoreo de sus cumplimientos”, según la propia Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

A opinión de José Luis López Follegatti, coordinador del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, uno de los motivos que explica la inestabilidad de estos espacios de diálogo es que no responden a una sola política. Por el contrario, además de la intervención de la ONDS lo hacen ministerios desde sus respectivos enfoques. 

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