El fiscal no tiene quien le escriba, por Fritz Du Bois

A diferencia del coronel aguardando pacientemente por años la pensión que nunca arribó, el próximo fiscal de la Nación debe de sentir más bien que su futuro ya ha arribado. Sin embargo, parece que Carlos Ramos Heredia también se quedará esperando en vano por el pergamino de legitimidad que le permitiría ocupar adecuadamente el cargo.

En realidad desde que inició la travesía hacia la cima del Ministerio Público, el hoy fiscal designado ha seguido un sendero que es, por decir lo menos, muy poco claro. Así tenemos su inicial nombramiento como supremo, ocasión en la cual otros dos candidatos, que habían sido tan cuestionados como él por los medios de comunicación, fueron censurados. Inexplicablemente, en su caso el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) hizo una excepción y decidió nombrarlo.

Luego, pese a reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, el CNM nunca dio marcha atrás y más bien continuó colaborando en limpiarle el camino nombrando a una fiscal que se había quedado muy por debajo del puntaje mínimo que era necesario. Mientras que ya, en la recta final, la Junta de Fiscales Supremos parecía una pandilla de barrio empujando fuera de ese pequeño círculo privilegiado a todo aquel que no estaba de acuerdo con Ramos. Quien finalmente fue elegido con el voto de dos fiscales cuyos irregulares nombramientos en cualquier momento podrían ser anulados y con ello sería nulo todo lo actuado, realmente un escándalo.

Ademas, el próximo fiscal de la Nación viene arrastrando continuos cuestionamientos que van desde su ineficiente accionar en la tragedia de Utopía hasta su extraña participación en el encubrimiento de ‘La Centralita’ en Áncash, entre otros oscuros episodios en los cuales ha estado involucrado.

De esa manera lo que tendríamos por delante los próximos tres años sería un fiscal de la Nación que si logra sobrevivir a un eventual fallo contra su elección quedará sin duda a la defensiva sin ninguna capacidad de acción. Más aun, es seguro que pase todo su mandato defendiéndose de diversas acusaciones constitucionales, algunas de las cuales ya se han presentado. Ciertamente, no es el marco de estabilidad, transparencia y reflexión al más alto nivel en el Poder Judicial que esperamos los peruanos.

Por otro lado, la posibilidad de que el Ministerio Público sea presidido con ese grado de precariedad no hace sino reforzar la imagen de un país crecientemente informal o ilegal. En pocas partes del mundo choferes de transporte público con 150 papeletas siguen circulando, o un consorcio con 4 mil multas y 7 millones de soles impagos a la municipalidad en lugar de ser sancionado es recibido con los brazos abiertos por la alcaldesa como si se tratara del hijo pródigo que ha retornado.

Incluso tuvimos a un sujeto vinculado al narcotráfico paseando libremente por la ciudad en un carro que cuesta más de un cuarto de millón de dólares que no tenía siquiera placa de rodaje, pero no es ni molestado por la Policía de Tránsito. Mientras que cualquier otro parroquiano es continuamente parado por efectivos policiales y si tiene una papeleta pendiente de pago, termina con el auto decomisado y el hígado hinchado.

Al final da la impresión de que policías, alcaldes, fiscales han llegado a la conclusión de que no le pueden ganar a ese país paralelo en la ilegalidad; por lo tanto, simplemente se les han sumado. Con ese ejemplo que están dando, ¿qué camino seguirá el resto de los ciudadanos?