Rodrigo Cruz

La reciente constitucional contra el expresidente por el caso de los ascensos en la representa uno de los hechos más vergonzosos en la historia de esa institución. No solo porque pone de manifiesto cómo un grado del nivel de se oferta sin vergüenza alguna al mejor postor (tirando al suelo toda clase de mérito para llegar a tan importante cargo), sino también cómo oficiales en actividad no tienen ningún reparo en sumarse a aquel plan criminal con tal de alcanzar ese puesto. Es un relato de corrupción, codicia y podredumbre institucional que sirve también como espejo para entender por qué, como país, estamos tan mal en inseguridad ciudadana.

Cubrí ese caso desde el inicio, con la denuncia hecha en noviembre del 2021 por el entonces subcomandante general de la PNP Javier Bueno, y posteriormente reportando que cinco coroneles habían visitado Palacio y luego fueron ascendidos a generales. De hecho, esos cinco forman parte de la denuncia hecha por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso. En total, la investigación de la fiscalía habla de 10 generales que habrían pagado entre US$20.000 y US$40.000 a la presunta organización criminal liderada por Castillo y su entonces jefe de la policía, Javier Gallardo.

Ahora bien, es importante tener en cuenta cómo se gestó todo esto. No solo se trató de ofrecer el ascenso, sino también de amañar el proceso para asegurar su resultado.

Son dos tal vez las pruebas más evidentes que se tienen. La primera fue el aumento al 50% de toda la evaluación a la entrevista personal de los postulantes (algo nunca antes visto en estos casos). Esto le permitió a Gallardo tener un mayor control y dominio sobre quién ascendía y quién no. La segunda es el cuadro de méritos, cuya existencia fue negada en setiembre del 2022 por el Ministerio del Interior, entonces liderado por Willy Huerta, ante un pedido de información hecho por el congresista Alfredo Azurín.

Conseguí una copia de ese cuadro de méritos poco conocido, que lleva la firma de Gallardo y su junta de vocales. Allí están ordenados, según sus puntajes, los 178 coroneles postulantes. Si tomamos en cuenta que 23 eran las vacantes aptas para los generales de armas en el 2021, los primeros 23 que estaban en esa lista (ya previamente filtrada por Gallardo) debieron ascender. Sin embargo, llama la atención el caso de tres generales que alcanzaron los puestos 16, 21 y 23, pero no obtuvieron el nuevo grado. Pero sí se incluyeron en las resoluciones supremas firmadas por Castillo a los que ocuparon las ubicaciones 32, 36 y 67. ¿Cómo fue eso posible? No solo fue un proceso turbio y vergonzoso; también burdo, y que hoy puede costar varios años de cárcel.



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Rodrigo Cruz es periodista