Mil doscientos megawatts, por Iván Alonso

Las concesiones licitadas por el gobierno a través de Proinversión han propiciado miles de millones de dólares de inversión. Pero a veces se pierde de vista que el objetivo no es la inversión por la inversión. El objetivo es (o debería ser) aumentar el bienestar de la población. Las inversiones que no sirven a ese propósito son un desperdicio de recursos.

Hace un año Proinversión convocó una licitación para la construcción de una serie de centrales hidroeléctricas con una inversión total estimada en US$3.000 millones, lo que a costos actuales equivale más o menos a 1.200 megawatts de potencia instalada. Eso aumentaría en más de 10% la capacidad de generación de un sistema que actualmente excede ya en 40%, según los entendidos, las necesidades del país.

El exceso de capacidad es tal que los precios que reciben los generadores no alcanzan para remunerar adecuadamente la inversión en nuevas centrales. ¿Cómo va a hacer, entonces, el gobierno para atraer postores? Pues ofreciendo una remuneración garantizada, al amparo de un decreto supremo del año 2013 que lo faculta a incorporar en la tarifa que pagan los usuarios un cargo por capacidad. Ese cargo se trasladará a las nuevas centrales que se construyan como resultado de la licitación, generen o no generen electricidad.

La conveniencia de esta licitación es sumamente cuestionable. ¿Qué sentido tiene agregar 1.200 megawatts cuando hay más de 3.000 sin utilizar, aun en los momentos de mayor demanda de energía? Un inversionista privado que dependa de la venta de energía a precios de mercado no lo haría. Pero siempre es posible convertir un mal proyecto en una inversión rentable, si hay quien garantice un flujo de ingresos suficientemente alto. En este caso, no es ni siquiera el estado el que lo garantiza; simplemente les pasa la cuenta a los usuarios.

De concretarse la licitación, actualmente suspendida, tendremos más centrales hidroeléctricas, sin duda, y miles de millones de inversión que engrosarán el PBI por unos años; pero no tendremos ni un solo kilovatio adicional que mejore las condiciones de vida de la gente.

Evidentemente, la utilidad de las nuevas centrales hidroeléctricas debe juzgarse no en función del exceso de capacidad de hoy, sino del que previsiblemente habrá cuando estén listas para comenzar a operar. Esa es una evaluación que tendrían que hacer las empresas que aspiran a aumentar su participación en el mercado de generación. Pero deberían hacerla en base a su propia proyección de las tarifas que podrán cobrar, no en base a una remuneración garantizada que el público tenga que pagar obligatoriamente. Esa es la diferencia entre las reglas de una economía de mercado y la planificación centralizada.

El tiempo que demanda la construcción de una central no es una razón válida para que el estado intervenga, como lo hace, por lo demás, de manera constante e inconsistente –por momentos promueve las centrales térmicas, después las hidroeléctricas, después otra vez las térmicas–. La construcción de una mina de cobre puede tomar tanto o más tiempo, y nunca ha sido necesario que el gobierno asegure una remuneración mínima para el desarrollo de una operación a tajo abierto. El sector privado es perfectamente capaz de analizar tendencias y arriesgar su capital cuando su expectativa sobre los precios futuros de mercado lo amerita.