La economía de las drogas, por Iván Alonso

Hay una corriente de opinión creciente a favor de la legalización de las drogas. Para nosotros, el argumento moral es el decisivo: cada persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Eso no significa que uno quiera que sus hijos se vuelvan drogadictos. Tampoco quisiera que fueran marxistas, pero no por ello les va a prohibir leer a Marx. Los argumentos económicos son útiles, aunque no los más importantes. Sin embargo, los defensores de la legalización no siempre los han empleado de una manera correcta o rigurosa.

Se ha dicho, por ejemplo, que la legalización no hará aumentar el consumo. En su versión más pueril, este argumento sostiene que con la legalización el consumo más bien se reducirá, al desaparecer el gusto por lo prohibido. Esta idea no es más que ‘wishful thinking’. Va en contra de todo lo que sabemos sobre el comportamiento del consumidor. La legalización facilitaría la producción y comercialización de drogas, reduciendo la cantidad de recursos utilizados para ocultar y proteger los cargamentos. El precio al consumidor necesariamente bajaría. Y, como nos enseña la “ley de la demanda”, uno de los principios fundamentales de la economía, al bajar el precio aumentaría el consumo.

Esta conclusión nos parece inescapable, pero la pregunta ahora es cuánto aumentaría. Creemos que no mucho, por la misma razón por la cual la prohibición no lo reduce mucho. El adicto, se supone, tiene una demanda “inelástica”. En otras palabras, es poco sensible al precio. Si el precio sube (por la prohibición), su consumo disminuye, pero no tanto; si el precio baja (con la legalización), su consumo aumenta, pero tampoco aumentará gran cosa. Podría haber un aumento proporcionalmente mayor, sin embargo, entre los consumidores ocasionales, que son más sensibles al precio.

Otro argumento económico al que se le ha prestado menos atención tiene que ver con la violencia y la corrupción. La prohibición modifica, como quien dice, la “tecnología de producción”. Supongamos que la prohibición fuera efectiva y que solo uno de cada diez cargamentos pudiera burlar los controles y llegar al consumidor. Se necesitaría diez veces más hojas de coca, querosene y mano de obra para que llegue un kilo de pasta básica al mercado. El costo de producción, por unidad vendida, se multiplicaría por diez. Los productores naturalmente buscan medios alternativos para abaratarlo. Los sobornos y las balaceras tienen la finalidad de que no uno, sino dos o tres y, de ser posible, nueve o diez de cada diez kilos producidos pasen todos los controles y lleguen al consumidor final.

Esta “tecnología” alternativa supone, por supuesto, grandes riesgos para la libertad personal y para la vida misma. Esos riesgos tienen que ser recompensados. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, según las leyes del mercado. Es eso lo que explica la altísima rentabilidad del negocio de las drogas.

La legalización implica un cambio drástico en las condiciones de producción y comercialización. Posiblemente, al desaparecer los riesgos de la interdicción, la violencia y la corrupción cesen casi de inmediato.

Pero ese cambio también significa, como ya hemos dicho, que los precios bajarán. Quienes crean en la legalización de las drogas deben aceptar que, de acuerdo con las leyes de la economía, el consumo aumentará; y decidir si, aun así, siguen apoyándola.