Acústica, olímpica y de oro, por Franco Giuffra

Ojalá el sector privado pudiera aplicar en su beneficio las distintas variantes de la ley del embudo que, recurrentemente, el sector público infringe con destreza para eludir lo que no le conviene. 

En materia laboral, por ejemplo, el Estado ha empleado a discreción la famosa Contratación Administrativa de Servicios (CAS), un régimen “excepcional” para empleados públicos, sin gratificaciones ni CTS, con 15 días de vacaciones, contratos a plazo fijo renovables e indemnizaciones baratitas por despido. Cerca del 40% de los empleados públicos se ha mantenido por muchos años en este esquema. Y en algún momento la mitad de los empleados del Ministerio de Trabajo, contratados vía CAS, no estaban en la planilla regular. 

Ahora mismo está vigente para el sector estatal un esquema en donde la CTS no se paga dos veces al año sino que se entrega al final de la relación laboral. Nada mal, si se piensa que los privados tienen que depositar ese capital de trabajo religiosamente en el sistema financiero y mantenerlo ocioso por años porque nadie lo puede tocar. 

Pero el Gran Spondylus de Oro corresponde al señor presidente de la República, quien acaba de reconocer que encargar a organismos internacionales la conducción de procesos de inversión pública se justifica porque el Estado es muy burocrático. “Hay una serie de pasos –ha dicho– que, probablemente, muchas obras demorarían mucho en hacerse si no se aplicaran estos métodos”. Una maravilla.

Para eludir estos pasos, se ha puesto de moda utilizar ahora los servicios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad intergubernamental, creada en 1951, cuya misión poco tiene que ver con los proyectos que nos está gestionando.

Según su constitución, la OIM se ocupa de ayudar en el traslado de migrantes, refugiados y desplazados; presta servicios a los Estados en el manejo de flujos de migrantes (selección, traducciones, tramitación, exámenes médicos); y se constituye en un foro de discusión internacional sobre el tema. Ni una palabra sobre supervisar licitaciones de obras públicas. Lo más cercano que se puede leer en su página web para el Perú (no en su constitución) tiene que ver con asistir en mejoras de “infraestructura básica de servicio social que permita un mayor acceso a la población, especialmente migrante, a los servicios de educación, salud y seguridad social”.

¿Cómo saltan desde allí a supervisar la construcción de la nueva sede del Banco de la Nación, el mejoramiento del servicio de formación policial en la escuela PNP de Chorrillos, el proyecto de agua y desagüe en la urbanización Pershing, en Magdalena y el concurso para microfilmar el archivo central del Ministerio Público? Esto es algo que quizá un acróbata del Cirque du Soleil podría explicar.

Bien por los ministros y gerentes gubernamentales que han encontrado la manera de eludir sus propios laberintos. Pero sean inclusivos, por favor, y permitan que los privados puedan obtener también por otros medios sus licencias de edificación, certificados de inexistencia de restos arqueológicos y conformidades medioambientales. 

Porque si la OIM puede supervisar la construcción del nuevo Centro de Convenciones de Lima, los privados podrían solicitar sus permisos de exploración petrolera a la Alianza Francesa, sus conformidades de obra a los Boy Scouts y la aprobación de sus concesiones mineras a la FIFA, entidades todas de reconocida reputación y similar presencia internacional.