Editorial: Un pagaré añejo

El Gobierno Peruano ha recibido una notificación preliminar del fondo de inversiones Gramercy y otras tres entidades que indica la intención de someter a nuestro país a una reclamación de arbitraje por los bonos impagos de la reforma agraria. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha respondido planteando una confrontación. 

El MEF dice que no se trata de un arbitraje, sino solo de una notificación de intención de reclamo dentro del marco del TLC con Estados Unidos. Una notificación de esa naturaleza, sin embargo, es el primer paso para un arbitraje. Y este podría suceder, justamente, porque el MEF opta por no reconocer el reclamo.

Los bonos son una deuda y un compromiso que adquiere el Estado para pagar en el futuro dinero que recibe en el presente. El MEF se equivoca rotundamente al decir, en un reciente comunicado, que los bonos de la deuda agraria son distintos a los bonos soberanos contemporáneos. No lo son. Ambos son compromisos del Estado Peruano y ambos representan una deuda por pagar.

La notificación recibida por el gobierno presenta un problema muy serio. Y es que el TLC con Estados Unidos haría de la demanda una internacional. Es por ello un grave error aducir, como ha hecho el MEF, que los bonos solo están “sujetos al derecho peruano y a la jurisdicción de las cortes de justicia peruanas”. El TLC es un tratado y, como tal, nos obligamos a él como parte de nuestro derecho

Otro error en que ha incurrido el MEF es cuestionar al fondo de inversiones que exige el pago por haber “comprado los bonos especulativamente”. Ello no deslegitimiza el reclamo. La economía de títulos y valores es especulativa en todo el mundo. Lo que se tiene que ver, esencialmente, es si los títulos son auténticos y si el reclamo es legítimo en el orden internacional al que se somete el Perú.

Para mayor complicación del caso, además, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2013 sobre el pago de los bonos agrarios ha sido puesta en cuestión recientemente. Y es que existe un proceso penal abierto contra el secretario relator del TC de entonces por una supuesta adulteración del voto singular de uno de los magistrados.

El MEF cree que nada de eso afectará su posición con respecto al pago de la deuda agraria. No obstante, de llegar a un arbitraje, la falta de pago y las eventuales trampas para no pagar los bonos nos van a poner en un lugar muy bajo de la calificación internacional.

Los bonos agrarios derivaron de un arbitrario acto de expropiación de tierras agrícolas hace más de cuatro décadas. La posición del Estado Peruano ha sido, desde entonces, la del que no quiere pagar la deuda o la del que busca pagarla a precio envilecido (como reclaman hoy los representantes de la Alianza por el Pago Justo de los Bonos Agrarios). 

Si el Estado no paga el justiprecio, tendrá que reconocer que no expropió estos terrenos, sino que fueron confiscados. El fraude de la reforma agraria los hace responsables de una estafa y un robo que se agrava al haber sido perpetuado, precisamente, por aquellos encargados de velar por el cumplimiento de la ley. 

En un momento en que necesitamos, más que nunca, el concurso del capital extranjero, de los inversionistas y de los grandes fondos de inversión, la posición del MEF sobre la deuda agraria impaga es inconveniente, peligrosa e irresponsable.

El impacto de una rebaja en nuestra calificación crediticia, a partir del caso de la deuda agraria –y todo lo que parece haber detrás–, será gravísimo. Ojalá en el gobierno surja una voz sensata que permita al Perú recuperar su reputación de buen deudor y, sobre todo, de Estado responsable de sus actos a nivel internacional.