Editorial:El elegido de las FARC

Cuando en octubre del año pasado la mayoría de colombianos recusó –a través de un referendo– el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sostuvimos en este Diario que el resultado, más allá de revertir los augurios de las encuestas, era comprensible. Aclaramos, en aquella ocasión, que los colombianos no se estaban resistiendo al cese de más de medio siglo de conflicto ni a la posibilidad de construir una paz justa y duradera, sino que, por el contrario, lo que rechazaban eran los resabios de impunidad que quedaban en los términos de ese acuerdo.

Como se recuerda, dos fueron los puntos del documento elaborado en La Habana que más resistencia generaron: la creación de una ‘Justicia Especial para la Paz’ y la posibilidad de que la guerrilla, una vez desarmada, participara en política con algunos beneficios.

Sobre lo primero, llamaban la atención que se les concediera a los miembros de las FARC que confesaran sus crímenes la posibilidad de evitar la prisión o de reducir sus penas, y la instalación de una judicatura especial que podría favorecer con similares beneficios a los responsables de algunos delitos. Sobre lo segundo, se cuestionaba que el pacto garantizara el acceso automático de la antigua organización terrorista al Parlamento colombiano al cederle diez escaños (cinco senadores y cinco diputados), así como el hecho de que el Estado le otorgara financiamiento público luego del inconmensurable daño económico que había causado. Con el acuerdo se vulneraban, pues, los principios que posibilitan la existencia del Estado de derecho (que exige el cumplimiento de las penas) y la democracia (en la que los puestos de representación se ganan en las urnas y no se regalan).

Y han sido precisamente esas condiciones las que, sin haber sido realmente cambiadas en la modificación del acuerdo que se aprobó luego en el Parlamento colombiano, han permitido que este miércoles la ahora denominada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (que conserva las aciagas siglas: FARC) anunciara su intención de postular a su líder, Rodrigo Londoño (a) ‘Timochenko’, como candidato en las elecciones presidenciales del próximo año.

Las FARC, como se sabe, fueron desde su nacimiento una organización que conspiró contra la democracia y que buscaba llegar al poder a través de las armas. Su reguero de violencia se extendió por 52 años y supuso más de 260.000 asesinados, 6 millones y medio de desplazados, 45.000 desaparecidos, 24.482 secuestros, casi 2.000 masacres, entre muchos otros crímenes.

‘Timochenko’ mismo, por su parte, arrastra una historia personal igualmente escalofriante. Según un reporte del diario colombiano “El Espectador”, hasta el 2014 registraba 117 órdenes de captura por un abanico de delitos como homicidio, secuestro, rebelión, terrorismo, lesiones personales y hurto calificado. A ‘Timochenko’ se lo ha acusado de participar en ‘acciones’ de las FARC tan repudiables como el asesinato de 22 personas en Tierralta (Córdoba) en el 2001, el secuestro de la ex parlamentaria Consuelo González de Perdomo el mismo año, el ataque al pueblo de Gigante (Huila) en 1999 y el asesinato del ex gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria en el 2003. Por estos y otros crímenes fue condenado en más de 10 oportunidades con penas que, juntas, suman un total de 448 años de cárcel. A pesar de ello, mientras el Congreso no determine si los ex terroristas podrán asumir un cargo de elección popular antes de haber sido juzgados por la Justicia Especial, no parece haber ningún impedimento para la candidatura de ‘Timochenko’.

Subleva, por supuesto, que una de las personas que más daño le ha hecho a la democracia colombiana pueda aspirar ahora a valerse de sus mecanismos para llegar a tomar las riendas de ese país. Pero es de esperar que, si eso ocurre, cuando llegue el momento de acudir a las urnas, la misma democracia que alguna vez quiso destruir le devuelva a ‘Timochenko’ el trato que recibió de él y su organización. No con violencia, desde luego, sino expresándole su rechazo y condena. A través de la democracia los colombianos pueden y deben demostrar que la paz no implica el olvido.