Editorial El Comercio

Ayer, , el contralor general de la República, , cifró un mal que suele acaparar las portadas de los medios de prensa prácticamente cada semana y que los peruanos consideramos con frecuencia el principal problema del Perú en cuanta medición se haga al respecto (hace un año, por ejemplo, una reveló que el 54% de la ciudadanía lo consideraba la tara mayor de este país): la corrupción. Según la institución que Shack preside, en todo el 2022, este flagelo le costó al país la friolera de S/24.419 millones. Una cantidad de dinero que alcanzaría, según el contralor, para construir “dos autopistas centrales”.

Por supuesto, las cifras tienen la particularidad de ser frías y de no reflejar el sufrimiento que traen con ellas. Pero no olvidemos que detrás de cada sol que termina engrosando los bolsillos de funcionarios inescrupulosos están esos hospitales incompletos que dejarán de atender a pacientes en estado crítico (y que hoy, con varias regiones del país sufriendo , pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte de un enfermo), esos colegios que se caen a pedazos esperando por unas obras de remodelación que se licitan, pero que nunca se terminan, o esas obras de contención de desbordes o de huaicos que, de haber sido concluidas, podrían haber evitado que un peruano perdiera su vivienda, sus enseres o su vida misma por las lluvias de inicios de año. Las consecuencias de la corrupción suelen ser devastadoras, especialmente para los sectores más vulnerables de la población, y, por lo mismo, la identificación y sanción de los responsables se vuelve una labor imperiosa para el Estado Peruano.

Estos últimos, por cierto, están presentes en los tres niveles de gobierno, aunque no todos con el mismo grado de responsabilidad, como veremos a continuación. Según Shack, del monto total de dinero succionado por la corrupción el año pasado, “el 44% corresponde al gobierno nacional, el 33% a los gobiernos regionales y el 23% a los gobiernos locales”. Y es respecto del primero donde el contralor halla un responsable mayúsculo: “el gobierno nacional [Ejecutivo, Poder Judicial y Congreso, entre otros] perdió S/10.697 millones por corrupción [en el 2022]. El 90% de ese gasto público se concentra en el Poder Ejecutivo durante la administración del expresidente ”.

La cifra refuerza la percepción generada por el cúmulo de evidencias recopiladas por el Ministerio Público en la investigación que sigue contra el exmandatario y dos de sus exministros de que Pedro Castillo llegó al gobierno para esquilmar al Estado desde el día uno. No es casualidad que desde su primera semana en el cargo saltaran las alarmas por la colocación en puestos claves de su administración de personas que claramente no cumplían con los requisitos mínimos para ser designados en ellos. Los nombramientos de en el Ministerio de Vivienda, de en el de Transportes y Comunicaciones, y de en Petro-Perú, entre otros, parecen haber tenido como finalidad convertir estos sectores en botines para los familiares y allegados del golpista.

Resulta elocuente, en ese sentido, que en todo el 2022 la institución que preside Shack haya identificado a 2.530 funcionarios del Ejecutivo castillista comprometidos en informes de control con responsabilidad entre administrativa, civil y penal. Como hemos dicho anteriormente en este Diario, la sola designación de una persona en un cargo para el que no reúne los requisitos necesarios ya es en sí mismo un acto de corrupción (pues se usa el dinero de los contribuyentes para pagarle el salario a alguien que no lo merece), pero todo apunta a que la administración anterior masificó esta práctica a fin de tener funcionarios incompetentes, pero leales para poder asaltar el erario sin resistencias internas.

De entre todas las responsabilidades que tiene la administración de , identificar y expulsar a estos funcionarios debe ser pues una de las prioridades. Lamentablemente, no se ha visto nada de esto en estos cinco meses.

Editorial de El Comercio