Editorial: Denuncia a tu choro

En un país donde la inseguridad ciudadana es distinguidamente percibida como su principal problema, y el 68% de las personas identifica la delincuencia como la principal causa para avergonzarse de su nacionalidad, resulta no menos que imperiosa la adopción de soluciones por parte del Estado que, a la par, le devuelvan la legitimidad a su razón de ser. Después de todo, si el Estado no puede siquiera proteger la vida de sus ciudadanos, ¿qué garantiza que sí pueda atender otras necesidades?

El clímax de la alarma ciudadana se hizo notorio hace unos meses con la campaña que surgió en redes sociales denominada ‘chapa tu choro’, un conjunto de jergas convertido en lema que estimulaba primero la autodefensa y captura de ladrones para pronto degenerar en llamados hacia la violencia y justicia por propia mano. Esta expresión popular, no obstante, tenía un trasfondo importante: la preocupación ciudadana por encontrar soluciones ahí donde un gobierno inerte y ministros más preocupados por los reflectores no las brindaban.

El activismo ciudadano, sin embargo, puede ser positivamente canalizado, como sucedió con el sistema de recompensas, que ganó tracción durante el último tramo del gobierno pasado, y cuya masificación ha sido recientemente propuesta por el nuevo ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien anunció la publicación de una nueva lista con 100 prófugos de la justicia y recompensas para quienes proporcionen información que ayude a su captura. 

Basada en un supuesto económico simple –el de la utilidad del delincuente– esta herramienta puede coadyuvar al desincentivo de la criminalidad. Al multiplicar el número de ojos vigilantes (ciudadanos), dispuestos a denunciar o dar información sobre el paradero de los malhechores, se incrementa la probabilidad de que estos sean capturados luego de cometer un crimen.

Así, un potencial criminal pensará dos veces antes de infringir la ley pues corre un mayor riesgo de ser atrapado, ya no solo por las decenas de policías que patrullan en su localidad sino por los miles de habitantes que podrían denunciarlo a cambio de una recompensa. Y la inversión en recursos públicos sería menor a la que supondría desplegar agentes policiales en cada esquina del país.

Se trata de una idea que suena bien en teoría y se ve bien en la práctica. Según lo reportado por el Ministerio del Interior, a la fecha se ha logrado capturar a un total de 13 personas en Lima y provincias desde la publicación de la primera lista de los más buscados a inicios de este año. Estos van desde ex gobernadores prófugos de la justicia (como Gerardo Viñas de Tumbes y Wilfredo Oscorima de Ayacucho) hasta cabecillas de bandas criminales en el norte del país.

No es de extrañar, así, la positiva recepción que esta iniciativa ha tenido tanto en expertos en materia de seguridad ciudadana como en miembros de la propia policía.

Esta experiencia, por otra parte, ha funcionado con éxito en otros países como México, el Reino Unido y Estados Unidos. Por ejemplo, el programa Recompensas por Justicia, orientado a la lucha contra el terrorismo internacional en Estados Unidos, ha desembolsado un total de US$125 millones a más de 80 personas que compartieron información valiosa, como la que llevó a la captura de Ramzi Yousef, acusado en 1993 del atentado contra el World Trade Center, y de Uday y Qusay Hussein (hijos de Sadam Hussein).

Por otro lado, desde la implementación del programa Crimestoppers, en Austin, Texas, en 1979, se ha contado con un total de  18.318 cooperaciones que han permitido resolver 10.708 crímenes, realizar 7.005 arrestos, y recuperar más de US$33 millones en propiedad robada y narcóticos, pagando más de US$950 mil en recompensas. 

Comprometer a la ciudadanía en la represión de la criminalidad, finalmente, refuerza el reproche de la delincuencia y el rechazo a la complicidad; haciendo concretamente tangible en los bolsillos de los denunciantes, que luchar contra el crimen sí paga.