Paso libre

La imagen más explícita de la internacionalización del crimen organizado en Latinoamérica posiblemente sea la porosidad de las fronteras como espacios delictivos. En el tránsito regular a través de estas, las bandas multinacionales se aprovechan de la falta de vigilancia para traficar sustancias prohibidas, armas, minería ilegal, dinero y personas.

El fenómeno es cada vez más evidente y ha quedado plenamente demostrado ante la dificilísima situación por la que atraviesa Ecuador. Es motivo de vergüenza, por ejemplo, que una buena cantidad de las armas y explosivos que utilizan las mafias en el país del norte –incluidas algunas de las que cargaron consigo quienes tomaron a la fuerza un canal de televisión en Guayaquil la semana pasada– sean de procedencia peruana.

Para el Estado Peruano, la supervisión de las fronteras del territorio nacional nunca fue una prioridad. Esa es la única conclusión posible de la serie de informes publicados ayer en este Diario que da cuenta del abandono de puestos de vigilancia en el norte y de la explosión de la actividad delictiva en la zona. De los 1.529 kilómetros de frontera que comparten el Perú y Ecuador –desde Tumbes hasta Loreto–, unos 800 kilómetros –aproximadamente la mitad– no tienen vigilancia adecuada. En esta franja solo hay 61 puestos de vigilancia fronteriza (PVF) de la policía, 52 de los cuales se ubican entre Tumbes y Piura. Loreto, a pesar de tener la frontera más extensa, solo cuenta con 3 PVF, y Amazonas con ninguno. Muchos de estos, además, funcionan en condiciones precarias, con poco personal y limitado acceso a las comunicaciones. En materia migratoria, son apenas siete los puestos de control.

Así, el tránsito ilícito entre países es fácil para bandas como el Tren de Aragua, La Constru, Los Choneros y ELN. Por donde se mire, la actividad ilegal viene expandiéndose: fuerte incremento de coca en Loreto, minería ilegal en Amazonas, trata de personas y armas en Tumbes, etc. En esta última región, se confiscaron 391.239 municiones durante el año pasado, un número 138 veces mayor que el del 2022 (más del 40% de estas municiones son proyectiles usados exclusivamente para armamento de largo alcance). De acuerdo con Arturo Torres, periodista ecuatoriano que investiga el crimen organizado en su país, más del 80% de las armas de contrabando ingresan por el Perú.

No hace falta ser demasiado suspicaz para señalar que este tipo de intercambios llevará a una presencia cada vez más fuerte de violentos cárteles en territorio nacional. El escenario es de grave deterioro, con fuerzas del orden sobrepasadas por el avance de las mafias internacionales. Entre todos los males que aquejan al país en este contexto, muy posiblemente sea esta situación –el avance inclemente del crimen organizado– la más grave y que más riesgo impone a la vialidad del Perú en el largo plazo.

El Perú puede y debe defenderse, pero el Gobierno no parece estar a la altura del reto. La agenda es enorme: multiplicar la presencia y control fronterizo, sobre todo en las fronteras del norte y del sureste; manejo adecuado de las cárceles para que no sigan siendo escuelas de crimen y epicentro de extorsiones; inversión seria en inteligencia policial, con tecnología de última generación y personal capacitado para operarla; colaboración estrecha con fuerzas de seguridad de países aliados; trabajo especializado en fiscalía y Poder Judicial para el combate al crimen organizado, con unidades impolutas de corrupción; redoblar el control en puntos de infraestructura críticos, como puertos y aeropuertos, tanto para mercancía como para personas; entre varios otros puntos de sobra conocidos.

En más de un sentido, el Perú está tarde para implementar parte de esta agenda. Las mafias internacionales están ya asentadas aquí, y con fuerza. Pero, si no se responde con contundencia e inmediatamente, en tan solo un par de años el país podría ser un polvorín irreconocible.