Janice Seinfeld

¿Debe privatizarse el Servicio de Potable y Alcantarillado de Lima ()? Los recientes cortes masivos de agua en Lima Metropolitana anunciados torpemente por esta entidad vía redes sociales han reactivado, con razón, este debate. Más que ponerlo en cuestión en las siguientes líneas, quiero detenerme en algunos de los problemas de gestión que arrastran los sistemas de abastecimiento de agua potable en nuestro país.

En el Perú existen 50 empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento. De ellas, 49 son de propiedad municipal y solo Sedapal es empresa pública bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Como ha explicado mi colega Milton von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, estas empresas pierden más del 40% del agua que producen. En cuanto a índices de cloración, solo el 50% del agua que producen tiene índices adecuados, porcentaje que en la sierra y la selva baja al 20%. Las aguas residuales que terminan en ríos y en el mar no se tratan de manera adecuada, y su gestión financiera difícilmente cubre siquiera los gastos operativos.

Para liderar la modernización de la prestación de servicios de saneamiento en el país, en el 2013 se creó el Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento (Otass). Como explica von Hesse en la plataforma Propuestas del Bicentenario, de Videnza Instituto, el Otass debía intervenir a las empresas, controlar su directorio y promover que las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) se convirtieran en empresas eficientes. Y, para ello, tenía a su disposición tres herramientas posibles: brindarles asistencia técnica y soporte financiero condicionado a superar indicadores de eficiencia; realizar contratos de gestión con una empresa privada especializada que tome el control administrativo, financiero y operativo de las mismas; o, finalmente, darlas en concesión al sector privado.

Sin embargo, en el 2016, el nuevo gobierno desechó cualquier tipo de participación privada en las EPS y se limitó a ofrecer capacitaciones y transferencias financieras, que no tuvieron impacto alguno en su mejora. Así lo demuestra la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho): entre los años 2017 y 2022, el acceso al agua potable aumentó ¡de 88,1% a 89%! Ello pese a que, durante este periodo, se destinó más de S/ 38.500 millones de recursos públicos en inversiones. Este monto equivale al 77% de lo que, en su Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, estimaba el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) que costaría lograr el 100% de coberturas. Es decir, la plata al agua.

Hoy, Sedapal continúa siendo un ente muy burocrático. No ha aumentado las tarifas en los últimos años pues la Sunass no lo ha autorizado, justamente porque recibe transferencias desde el MVCS. ¿Y por qué no mejora su gestión, si recibe dinero? Pues porque, en lugar de invertirlo, lo deposita en bancos para generar utilidades. Por eso sus balances aparecen siempre en azul, pese a que es un dinero que ni siquiera le corresponde.

En Sedapal, la ejecución de un proyecto, desde que se aprueba su viabilidad hasta que se inaugura, demora casi once años. Esta bajísima capacidad responde a que no es una entidad meritocrática donde se contrata a los mejores. No es de sorprender, entonces, que se formen corruptelas como la que protagonizaron personajes como Salatiel Marrufo, exjefe de gabinete de asesores del MVCS y exmiembro del Directorio de Sedapal, y el exministro del sector Geiner Alvarado. Son solo una muestra más de los serios problemas de manejo de dineros que rodean a esta entidad.

Otro tema alucinante es el poder de los sindicados y cuán enraizado está a todo nivel. Von Hesse lo explica mejor: “Al estar gobernada por los acuerdos entre sindicatos y la administración de turno, hay cosas tan terribles como que, si yo me muero, el que tiene el derecho por convenio colectivo a heredar mi cargo es mi hijo. Ese tipo de cosas existen en pleno siglo veintiuno en esta empresa pública del Perú”.

La única experiencia de privatización de agua en Latinoamérica es en Chile y ha funcionado muy bien. Pero la palabra privatizar genera mucho rechazo en cierto sector de la población, más aún cuando se trata de servicios básicos como la provisión de agua potable. Personalmente, me inclino por la opción intermedia: los llamados contratos de gestión. Sedapal, de hecho, ya los ha tenido pero solo para gestión comercial, no para la gestión operativa ni la técnica. Hasta Cuba adopta esta figura: “Aguas de la Habana” contrató a “Aguas de Barcelona” para que maneje la empresa, y su gestión mejoró de forma sustantiva.

Aunque el Gobierno ha anunciado que no existe ningún plan de su parte por privatizar Sedapal, lo claro es que los servicios de agua y saneamiento en el país demandan cambios urgentes y profundos. Subir las tarifas no solucionará los problemas de fondo, porque estos no pasan por falta de financiamiento, sino por mala gestión. Como, lamentablemente, en la gran mayoría de nuestro Estado.

Janice Seinfeld es fundadora y presidenta del Directorio de Videnza Consultores