Choque de trenes, por Alfredo Torres

Cuando parecía que el gesto del presidente Martín Vizcarra de acudir al Congreso para protestar por el archivamiento de la reforma de la inmunidad no iba a tener mayores consecuencias, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia contra el fiscal supremo Pedro Chávarry por la irrupción en la oficina lacrada en el marco de una investigación en su contra. Fue la gota que derramó el vaso. Medio país había visto las imágenes de su asesora Rosa Venegas y sus agentes de seguridad retirando cajas de documentos de la oficina lacrada. Venegas declaró que había incurrido en ese delito por instrucciones de Chávarry. El blindaje del Congreso era escandaloso. Vizcarra vio entonces la oportunidad que buscaba para enfrentarse nuevamente al Congreso y decidió plantear la cuestión de confianza.

El anuncio se produjo, además, en medio de una reunión de Vizcarra con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Su presidente, Mesías Guevara, justificó el unánime respaldo de la ANGR de manera contundente: “Envueltos en la inmunidad parlamentaria (muchos congresistas) están, de manera permanente, agrediendo, insultando”. Aunque todavía no hay encuestas formales, todo hace pensar que Vizcarra logrará incrementar nuevamente su aprobación popular.

El primer ministro Salvador del Solar ha planteado que la cuestión de confianza está atada a cinco proyectos de reforma política que deben ser aprobados “sin desnaturalizarse” en un plazo de 15 días. Las cinco propuestas –impedir que condenados puedan postular, elecciones primarias abiertas, tipificación de delitos de financiamiento indebido de campañas, paridad de género y reforma de la inmunidad parlamentaria– son todas populares y bastante sensatas.

El problema es que varios constitucionalistas han observado que no existe en la Constitución la figura de una “negación tácita” de la confianza luego de un plazo impuesto por el Ejecutivo. Además, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, ha declarado que el presidente “no está habilitado constitucionalmente para imponer al Poder Legislativo la aprobación de una ley de reforma constitucional”. Por lo tanto, un primer escollo que tendrá el gobierno es que la mayoría parlamentaria podría decidir no ver la cuestión de confianza tal como ha sido formulada.

Si se salva el primer escollo y se vota la cuestión de confianza, cabe la posibilidad de que el Gabinete Del Solar la obtenga, pero nada impide que la mayoría parlamentaria siga obstaculizando la gestión del Ejecutivo. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, viene impulsando una reforma para limitar el uso del voto de confianza y debilitar aun más al Ejecutivo en línea con una propuesta anterior de Mauricio Mulder que fue calificada de inconstitucional por el TC. No solo esto, es perfectamente plausible que busquen incriminar a Vizcarra en algún supuesto acto de corrupción para plantear la vacancia presidencial, como ya vienen sosteniendo algunos de sus enardecidos partidarios en las redes sociales.

En caso de que el Gabinete Del Solar no obtenga la confianza, la mayor parte de la opinión pública celebrará la disolución del Congreso, pero es muy incierto lo que podría ocurrir después. Las elecciones para el nuevo Congreso serían probablemente en octubre, pero es difícil predecir cuál sería su composición. Probablemente, Fuerza Popular perdería la mayoría en beneficio de una mayor presencia de representantes de Acción Popular y de la izquierda, pero no está claro cómo organizaría Vizcarra su respaldo. Y sería casi imposible que el nuevo Congreso apruebe una reforma política a tiempo, especialmente en sus componentes constitucionales.

Más allá de un presidente irritado y un Congreso obstruccionista, lo que confirma este conflicto es que es inviable un gobierno en franca minoría. En la historia peruana, estas situaciones han terminado siempre en golpe de Estado –como en 1968 contra Fernando Belaunde– o en autogolpe, como en 1992 con Alberto Fujimori. Vizcarra está intentando una salida constitucional, pero no es seguro que la obtenga.

Todavía es posible imaginar una salida intermedia. Requería serenidad y desprendimiento de ambas partes. El gobierno tendría que retirar su desmesurada amenaza de valorar que la confianza le ha sido rehusada si no se aprueba todo en 15 días a cambio del compromiso de Fuerza Popular de aprobar las propuestas básicas de reforma en línea con lo que piensa la mayor parte de la opinión pública. Pero lo cierto es que la probabilidad de que algo así ocurra es muy reducida. Ya el Apra –al que Fuerza Popular suele seguir en el Congreso– emitió un comunicado rechazando “por impertinente, insultante e inconstitucional” la carta emitida por Del Solar. Lamentablemente, parece que se viene un choque de trenes.