Javier Díaz-Albertini

El último informe del Latinobarómetro (2021) ratifica una constante en los veintitantos años de existencia de esta encuesta. Ante la pregunta: “¿Diría que los ciudadanos del cumplen las leyes?”, un 93% respondió que “poco” o “nada”, ubicándonos –una vez más– en primer lugar en percepción de desobediencia.

A principios de año, al examinar la inobservancia de las directivas para contener al COVID-19, sugerí que existían tres condiciones básicas que facilitaban la legitimación y efectividad de las (“Cuando calienta el sol”, 5/1/22). Primero, las normas deben ser internalizadas; segundo, se necesita un entorno favorable para el cumplimiento; y tercero, es imprescindible que exista capacidad de sanción. Señalé, adicionalmente, que estas condiciones solo se daban en forma limitada en el país. Desarrollaré estas ideas analizando los resultados del Latinobarómetro.

Sobre la internalización, es importante subrayar que casi toda norma –en un primer momento– es externa al individuo. Nacemos en una sociedad “ya hecha” y diversas instituciones socializadoras (familia, escuela, amigos, medios) buscan adaptarnos a una arbitraria normatividad. Aprendemos así una serie intrincada de creencias, valores y reglas. La socialización es exitosa si internalizamos estos elementos, convirtiéndolos en una parte de nuestro repertorio de comportamientos.

Pero ¿qué estamos internalizando los peruanos? ¿Qué se aprende ahora en la familia, escuela, con los amigos y por los medios masivos? No hay estudios comprensivos que nos permitan responder a estas preguntas. Pero sí es claro –por los resultados de encuestas de opinión– que la mayoría de los adultos cree que las reglas no sirven mucho y benefician a pocos. Existe demasiada impunidad y falta de escrúpulos, lo que ampara al poderoso: solo el 17% de los peruanos opina que somos iguales ante la ley.

Acerca del entorno favorable para el cumplimiento, decíamos en esa columna que “es algo que se construye desde la cotidianidad pero que se reafirma en el correcto funcionamiento de las instituciones macrosociales”. Es esencial reconocer que nuestras instituciones tradicionales y modernas están en crisis. Vivimos dominados por una “cultura de transgresión” (el todo vale, la viveza, la criollada) que ensalza el beneficio personal, aunque sea a costa de los demás. Ello nos lleva a perder confianza en otras personas y las instituciones, convirtiéndonos en uno de los países más desconfiados del mundo, según múltiples estudios. Asimismo, de acuerdo con el último Latinobarómetro, un 80% de los encuestados opina que sus compatriotas conocen poco o nada sus obligaciones y deberes.

Finalmente, por las razones expuestas, es evidente que no existe mayor capacidad de sanción. Se ha instalado entre nosotros una cultura del arreglo en la que nada es final, todo puede ser postergado y prorrogado hasta la amnistía, prescripción o el olvido. Y justo son los bribones y sus ayayeros los que se aprovechan de un sistema diseñado originalmente para proteger a los inocentes, hasta corromperlo y transformarlo en un refugio de malandrines. Hábiles en el uso de acciones de amparo, hábeas corpus, recursos de nulidad o inconstitucionalidad: el castigo llega tarde, mal o nunca.

¿Cómo atacar esta situación? Es imposible responder en uno o dos párrafos, pero buscando ser optimista opino que la escuela está en el centro del cambio. Es el agente de socialización menos hermético porque involucra la participación de jóvenes, padres, maestras y autoridades. Su trabajo es más visible y transparente que los otros agentes (familia, pares, medios), además de estar constantemente evaluado por terceros. Tiene mayor potencial para asumir los cambios sociales y científicos pertinentes, transmitir y compartirlos.

Por eso, preocupa el proyecto de ley 904-2021-CR, que subordina la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de madres y padres. Los faculta a imponer sus valores particulares sobre políticas estatales, muchas de ellas ratificadas en tratados internacionales. ¿Cuándo entenderemos que muchísimas familias son depositarias de valores antidemocráticos y excluyentes (clasistas, sexistas, racistas)? Peor aún, que es muy difícil impedir esta forma de crianza debido a la patria potestad. Y es justo la escuela la que ha mostrado en la historia tener el potencial de hacer frente a estos particularismos familiares e inculcar valores democráticos y ética ciudadana.

Javier Díaz-Albertini Sociólogo y profesor de la Universidad de Lima