Iván Alonso

Como decíamos ayer… los distorsionan el funcionamiento de los mercados y crean más problemas de los que resuelven; eso, suponiendo que haya un problema por resolver. Tal es el caso de los incentivos propuestos por el proyecto de ley “Mi Primera Chamba” del congresista Alejandro Cavero para promover el formal de jóvenes de 18 a 29 años de edad, que permitiría a los empleadores deducir como gasto, para fines del impuesto a la renta, el 150% de las remuneraciones pagadas a dichos jóvenes, siempre que no ganen más de S/2.000 mensuales. El proyecto es una versión más acotada, pero no por eso menos cuestionable, de otros que han sido presentados anteriormente al Congreso.

La distorsión consiste en que los incentivos tributarios afectan las decisiones de empleados y empleadores, favoreciendo a ciertos grupos o conductas en desmedro de otros. Un incentivo a la contratación de jóvenes menores de 30 años es un desincentivo a la contratación de jóvenes mayores de 30 y de otros no tan jóvenes. Para los propios jóvenes de 18 a 29 años, un incentivo al trabajo es un desincentivo al estudio. Volveremos sobre esto último.

La exposición de motivos del proyecto cita estudios que acreditan la expansión del empleo juvenil en países que han aplicado incentivos similares. Como es de esperar, en la mayoría de casos los efectos desaparecen a los pocos meses de retirados los incentivos. Ninguno de esos estudios, lamentablemente, parecería evaluar el efecto en el empleo en otros grupos de edad. Sería bueno saber, sin embargo, antes de legislar, hasta qué punto la mayor contratación de jóvenes incide en una menor contratación o inclusive el despido de los mayores, aun siendo estos más productivos que los jóvenes, como probablemente lo sean, habiendo tenido más tiempo para acumular experiencia y calificaciones.

Volvamos ahora a la distorsión en las decisiones de los supuestos beneficiarios. El punto de partida de “Mi Primera Chamba” es que la recuperación del empleo pospandemia ha sido más lenta entre los jóvenes de 18 a 29 años que en otros grupos de edad. Pero eso no es necesariamente un problema. Hay una tendencia decreciente en el porcentaje de jóvenes que trabaja, que viene de mucho tiempo atrás. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), había bajado de 72% en el 2007 a 63% en el 2019, antes de la pandemia. La explicación más plausible es que los jóvenes han estado demorando su incorporación al mercado de trabajo para dedicarse a estudiar, como lo demuestra el hecho de que, entre los jóvenes que trabajan, son cada vez más los que cuentan con educación superior: 25% en el 2007; 41% en el 2019.

El incentivo tributario de “Mi Primera Chamba” absorbería el 15% del costo de la contratación de jóvenes para el empleador. Eso significa que, para un mismo nivel de productividad, el empleador podría pagarles más (hasta 20% más) de lo que les pagaría hoy. Si eso ocurre, muchos jóvenes se sentirán tentados de decirles adiós a las aulas, lo cual posiblemente tenga un mayor impacto (negativo) en su productividad futura que una incorporación temprana a la fuerza laboral.


Iván Alonso es economista