Las lealtades del presidente, por Juan Paredes Castro

Si el gobierno de Ollanta Humala quiere combatir severa y resueltamente a la minería ilegal no importa cuántas enemistades tenga que crearse en sus propios votantes.

Ya le quedó la lección de Conga en Cajamarca, cuando Gregorio Santos le pasó la factura de la campaña electoral (“agua sí, oro no”), que terminaría debilitando la fortaleza del gobierno para sentar autoridad sobre el proyecto minero mismo y sobre la región, hoy sumida, junto con Áncash, en una honda corrupción.

Humala sabe que su viraje de la izquierda a la centro derecha no solo le permitió ganar la segunda vuelta electoral sino asumir una hoja de ruta de respeto a la democracia y al modelo económico. Esto lo obligaba y lo obliga todavía a colocar los asuntos de gobierno y Estado sobre cualquier otro compromiso electoral opuesto, así viniese de amigos y seguidores del radicalismo nacionalista.

Algunos conspicuos representantes de la minería ilegal, por ejemplo, todos ellos aliados de la campaña humalista del 2006 y del 2011, acusan ahora al presidente, a su esposa Nadine Heredia y Daniel Abugattás, de ser ingratos con quienes contribuyeron política y económicamente a la suerte electoral de la actual administración.

A la luz de todas las facetas de corrupción que se ofrecen en estos días a nuestros ojos, quizá ya sea hora de entender en el país que a la hora de responder a objetivos de gobierno y Estado algunos compromisos electorales dejan de ser inamovibles y se convierten, más bien, en demandas desechables.

Sin embargo, quien parece no haber aprendido a manejar sus lealtades del pasado, ya sea por impericia política y escasez de una buena asesoría (más allá de la que puede brindarle su esposa) es el presidente Humala. Se trata de un manejo que requiere fundamentalmente de una buena comunicación pública, que a su vez pasa, entre otras cosas, por explicarle al país dónde terminan las lealtades familiares, partidarias y políticas y dónde comienzan las lealtades con la ley, con el gobierno, con la Constitución y con el país. 

Ni Humala ha sido el primer candidato ni el Partido Nacionalista el primero de su tipo en recibir aportes económicos en campaña electoral. No hay nada malo en ello mientras responda a una práctica transparente. 

Lo malo es que al presidente le moleste toda pregunta sobre amistades y lealtades del pasado. Lo malo es que quiera desconocer a seguidores de la minería ilegal con los cuales trató y se retrató en campaña. 

Lo malo es evitar decirles que siempre estará agradecido de lo que hicieron por él, con sus aportes y votos, pero que ya nada puede hacer ahora por cambiar su determinación de desterrar la minería ilegal.

Ser el presidente del Perú le da a Humala la suficiente autoridad para afirmarse en sus decisiones y respetar las de otros poderes, por más que  estas afecten a alguien cercano a él. Así, Humala no podría hacer nada por Martín Belaunde Lossio, denunciado en el Caso Álvarez, por más colaborador que haya sido de sus campañas electorales del 2006 y del 2011. Hay lealtades y lealtades.