Cuidado con los excesos

En lugar de aprobar reformas políticas y económicas que saquen al país del empobrecimiento sostenido y de la inviabilidad nacional, la clase política y judicial se engarza en guerras de retaliación que solo le sirven para evadir los problemas reales.

Es la lucha política entre “caviares” y “anticaviares”, cuyo origen más cercano fue el momento en que Martín Vizcarra, en convergencia con la fiscalía Lava Jato, declaró la guerra al Congreso y a las fuerzas políticas opositoras bajo la bandera aparente de la lucha contra la corrupción, convertida en eficaz arma de populismo político y judicial. Hubo cierre inconstitucional del Congreso y prisiones preventivas abusivas por donaciones de campaña que no eran delito.

El abuso engendró una reacción. Con el gobierno de Pedro Castillo hubo una mayoría opositora en el Congreso que defendió los fueros constitucionales, pero se formó también otra mayoría anticaviar que nombró un nuevo Tribunal Constitucional (TC) bastante mejor que el anterior, aunque hizo cambios negativos en la Sunedu y eligió a un defensor del Pueblo inapropiado. Cometió, sin embargo, un exceso cuando destituyó a la fiscal suprema Zoraida Ávalos por una decisión equivocada, pero encuadrada en lo que era la jurisprudencia en ese momento y en ejercicio de su facultad jurisdiccional. El Congreso no podía invadir ese fuero.

Ante la pérdida progresiva de territorios institucionales, comenzando por el estratégico Ministerio Público, el sector caviar enfiló sus cañones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que jugara un papel valiente y decisivo en las investigaciones a Castillo. El resultado es que la fiscal de la Nación acumula nada menos que 22 denuncias ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que tendría ya aparentemente tomada una predecisión de destituirla, según trascendió en el órgano IDL-Reporteros, por el caso del cambio de colocación de la fiscal que investigaba a su hermana.

Ante ello, la fiscal de la Nación interpuso una acción de amparo ante el Poder Judicial, alegando ausencia de debido proceso y de imparcialidad, que le ha valido una medida cautelar suspendiendo las investigaciones contra ella mientras resuelve el pedido de fondo, al mismo tiempo que planteó una demanda competencial ante el TC con el argumento de que decisiones administrativas propias de su función no pueden ser materia de investigación por la JNJ.

Si hay abuso de la JNJ, ello debe dilucidarse en el Poder Judicial y en el TC. El Congreso, sin embargo, se ha sumado aprobando una investigación sumaria a todos los miembros de la JNJ con miras a destituirlos. Pero por otros temas. El artículo 157 de la Constitución permite al Congreso remover a los miembros de la JNJ por falta grave, pero para que no se trate de una arbitrariedad tiene que haber debido proceso y demostrarse que realmente ha habido falta grave. Fue lo que hizo en el 2018 al destituir a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero en ese caso no solo había falta grave, sino presuntos delitos de tráfico de influencias en vinculación con Los Cuellos Blancos del Puerto y corrupción en el nombramiento de fiscales y jueces, etc. A los miembros de la JNJ se les imputa básicamente haberle pedido al Congreso que reflexione sobre la posible destitución de Zoraida Ávalos y supuestas gestiones ante la Corte Suprema en favor de ella.

Es cierto que la mayoría de los miembros de la JNJ pertenece al grupo llamado caviar. Pero eso no es causal de despido. Recordemos que dichas personas fueron seleccionadas luego de un concurso público de méritos organizado por la comisión especial presidida por el entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, e integrada por el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República, y los representantes de las universidades públicas y de las universidades privadas.

Cuidado con los excesos.