Retorno a clases 2023

Uno de los efectos de la prolongada crisis política que padece nuestro país es la pérdida de norte en las políticas públicas. Próximo a cumplir tres años el inicio de la pandemia, el Perú aún no cuenta con una agenda concreta para responder a las brechas y desigualdades agravadas durante la emergencia sanitaria. Este marzo millones de estudiantes y educadores retornarán a clases presenciales sin las restricciones impuestas por la pandemia (aforos, protocolos), pero cargando una mochila muy pesada: las consecuencias del prolongado cierre educativo en aprendizajes, salud mental, socialización y bienestar.

Es urgente conocer la magnitud del problema que enfrentamos. Un reciente estudio del Banco Mundial analiza los impactos de la pandemia en los menores de 25 años a nivel global, los que conformarán hasta el 90% de los trabajadores en edad productiva en el 2050. Se evidencia que, en promedio, por cada 30 días que las escuelas permanecieron cerradas durante la pandemia, se perdieron 32 días de aprendizaje, pues además del aprendizaje no concretado hubo aprendizaje olvidado.

El Perú está lejos de dichos promedios, pues el cierre de instituciones educativas se extendió por dos años (2020, 2021) en la educación inicial y básica. Si bien en el transcurso del 2021 se avanzó con la reapertura gradual de instituciones educativas, priorizando zonas rurales, fue recién en marzo del 2022 cuando se empezaron a brindar jornadas escolares completas de lunes a viernes. Sin embargo, el retorno a clases ese año fue muy desigual, marcado por los problemas recurrentes de infraestructura y escasez de vacantes, así como por la persistencia de normativas sanitarias que limitaron la capacidad de atención y la experiencia de enseñanza-aprendizaje (por ejemplo, las mascarillas obligatorias para todos los estudiantes hasta finales de agosto del 2022). Mención aparte merecen las universidades e institutos, donde la educación remota de emergencia se prolongó hasta diciembre del 2022, lo que generó un tardío y desigual retorno a la presencialidad, así como una generación de estudiantes de pregrado con cinco o seis semestres de sus carreras hechos a través de pantallas, generalmente con cámaras apagadas. Paradójicamente, universidades e institutos en todo el país volverán a clases presenciales de manera obligatoria un año después que nidos y colegios.

Aún no contamos con evidencia concluyente sobre la magnitud de la pérdida de aprendizajes en el Perú, pero a la luz de la experiencia comparada es indispensable incrementar el sentido de urgencia para responder a los impactos en el desarrollo humano y el bienestar de la población menor de 25 años. En noviembre del 2022 el Ministerio de Educación aplicó una evaluación muestral de lectura y matemática a escolares de colegios públicos y privados del ámbito nacional, cuyos resultados –anunciados por el entonces ministro Serna para el primer trimestre del 2023– serán fundamentales para establecer prioridades. Sin embargo, queda pendiente medir y comprender los impactos del prolongado cierre educativo en las trayectorias de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; ello será clave para diseñar medidas orientadas a remediar impactos negativos en pobreza, productividad, ingresos e inserción laboral.

Asimismo, es necesario examinar críticamente las medidas tomadas durante la pandemia para rescatar lecciones y avances (por ejemplo, en transformación digital) y, así, no repetir errores. En el Perú pasamos de tener cierres educativos justificados por factores sanitarios (COVID-19) a cierres arbitrarios por factores políticos (paros, toque de queda e incluso el partido Perú-Australia). Frente a escenarios de convulsión social y protestas, es fundamental salvaguardar a la comunidad educativa, pero la solución no es normalizar el cierre de las escuelas.

El debate público sobre educación se encuentra dominado por ataques a la institucionalidad, pugnas de poder y polarización, cuando debería de estar enfocado en responder a la emergencia educativa y los impactos en aprendizajes, salud mental y bienestar de toda una generación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es urgente elevar el nivel del debate, así como impulsar alianzas público-privadas orientadas a soluciones. Esto requiere liderazgo y una actitud dialogante por parte de las autoridades, así como precisión de prioridades y medidas. Después de ser afectados por un retorno tardío y desigual a la educación presencial, nuestros estudiantes merecen un año lectivo 2023 en el que el derecho a la educación esté plenamente garantizado, así como su calidad.