La pobreza en la era Vizcarra, por Norma Correa Aste

El Perú es reconocido internacionalmente por sus notables logros en reducción de la pobreza. De una tasa de 49,1% en el 2006 se pasó a 20,7% en el 2016. En una década, según el INEI, 7’304.000 personas dejaron de ser pobres monetarios (es decir, ciudadanos que viven con menos de 328 soles al mes). Si bien esta forma de medir la pobreza tiene limitaciones, estas cifras no solo reflejan mejoras en la calidad de vida de millones de peruanos sino también un profundo proceso de transformación social cuyos efectos aún no hemos comprendido a cabalidad.

Estos resultados fueron posibles debido a los efectos del crecimiento económico y la inversión privada en la creación del empleo, pero también a los programas sociales. Las transferencias monetarias (Programa Juntos y Pensión 65) han tenido un rol fundamental para la reducción de la pobreza extrema y para mejorar el acceso a servicios de salud y educación en zonas rurales.

Sin embargo, la agenda social ha perdido prioridad política y presencia pública. Cada vez es más raro escuchar la palabra pobreza en un discurso presidencial. Tampoco vemos a la sociedad en general empujar hacia una agenda de eliminación de la pobreza. Si bien la administración de Pedro Pablo Kuczynski planteó una “revolución social” y se propuso como meta reducir la pobreza al 10% al 2021, la agenda social no tuvo la prioridad política ni el respaldo presupuestal necesario.

El presidente Vizcarra puede ahora marcar una diferencia. Se requiere lanzar una agenda de eliminación de la pobreza con un fuerte anclaje regional que priorice la sierra y selva rural, donde las tasas de pobreza ascienden a 47,8% y 39,3% respectivamente (INEI 2016).

Asimismo, será necesario definir cómo se responderá a la pobreza urbana, uno de los grandes pendientes de la política social peruana. El reto que enfrenta el actual gobierno es monumental, pues la reducción de la pobreza se ha venido desacelerando en los últimos cinco años por efecto del menor crecimiento económico.

También se enfrentará a la pobreza más dura y difícil de combatir, aquella ubicada en las zonas rurales alejadas. Ahí la presencia del Estado es débil y existen brechas de infraestructura básica y servicios públicos, además de un limitado desarrollo de mercados. Adicionalmente, la creciente presencia de economías ilegales (minería, tala, narcotráfico, trata de personas) supone nuevos retos para la implementación de políticas sociales.

Pese a encontrarnos en un contexto de limitado crecimiento económico, el Perú puede seguir avanzando en la reducción de la pobreza. Para esto es imperativo optimizar la efectividad de las políticas sociales.

Con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el 2011, el Perú estableció un marco institucional para ordenar la acción del Estado orientada a la reducción de la pobreza. Si bien el Midis implementa los programas sociales más emblemáticos del país, corre un alto riesgo de quedarse confinado a esta tarea y perder la función articuladora otorgada en su ley de creación: ser el ente rector de las políticas públicas orientadas al desarrollo e inclusión social.

Esto no solo requiere lineamientos o declaraciones de buenas intenciones, sino reglas presupuestales e incentivos claros. Uno de los más importantes es la prioridad política sostenida a la agenda de eliminación de la pobreza desde los más altos niveles de gobierno.

Para los programas sociales se requiere ir más allá de una agenda enfocada en la mejora de la calidad del gasto y en la focalización. Se deben promover nuevas ideas que respondan a la multidimensionalidad de la pobreza. Destaco dos temas que han recibido poca atención pese a su importancia:

Primero, la atención de la pobreza y vulnerabilidad en la Amazonía requiere instrumentos específicos que respondan a las particularidades geográficas, socioeconómicas y culturales de la región, así como a la dimensión ambiental. En principio, esto supone adaptar y fortalecer los programas sociales y productivos que ya operan en la Amazonía, proceso que ha sido iniciado por el Midis y esperamos continúe con la nueva gestión.

Segundo, se requiere ampliar las opciones de inclusión económica dirigidas a la juventud en condición de pobreza y vulnerabilidad, creando instrumentos que faciliten su acceso al mercado laboral, incrementen su bienestar, capital humano y productividad. Esto resulta urgente considerando el bono demográfico que experimenta el Perú, así como la insuficiente importancia que se le ha dado a la agenda social en las políticas de prevención de la criminalidad.

Debemos reaccionar ante la urgencia que supone tener a un quinto de la población debajo de la línea de pobreza monetaria. Nos hemos acostumbrado a hablar sobre la pobreza desde los números y muchas veces olvidamos lo que genera la pobreza en la vida cotidiana de las personas: exclusión, discriminación y sufrimiento.

Además de tomar medidas concretas para acelerar la reducción de la pobreza, la administración Vizcarra tiene la oportunidad de mostrar más empatía con los ciudadanos que se encuentran en dicha situación. Si se unen esfuerzos y se promueven políticas adecuadas, el Perú puede volver a convertirse en un caso emblemático de reducción de la pobreza en el mundo.