De la mina a la antena, la misma pena, por José Ignacio Beteta

Las noticias de comunidades en paro, conflictos sociales, y la automática aparición de mesas de diálogo y ministros de todas las carteras viajando de aquí para allá prometiendo cifras exorbitantes a costa de la inversión privada ya tienen derecho a una sección ordinaria en los medios.

Sin embargo, esta realidad no es propiedad exclusiva de la actividad extractiva. A su lado, querido lector, a la vuelta de la esquina, este año florecieron decenas de microconflictos en torno a la infraestructura de telecomunicaciones. Los casos más saltantes salieron en la tele: damas sanisidrinas bloqueando pistas, carteles en La Molina “prohibiendo” la instalación de antenas y vecinos de Chaclacayo atacados por permitir la colocación en sus casas.

Contribuyentes por Respeto realizó un estudio en el que se analiza el desempeño de 42 municipios de Lima. Este estudio, que acaba de culminar, toma en cuenta la opinión de funcionarios públicos, vecinos, empresa privada y la labor del MTC y el Indecopi. El análisis reveló que 23 municipalidades capitalinas son altamente obstruccionistas frente a la implementación de infraestructura para la conectividad, 10 lo son en un grado regular y solo 9 promueven un clima adecuado para este fin.

Muy pocas cumplen, de acuerdo a ley, con los procedimientos de autorización, adecuación, regularización o fiscalización. En más de un distrito se inician procedimientos contra las operadoras debido a la queja de un vecino y no como producto de alguna infracción. E inclusive, varios municipios inician procedimientos administrativos contra los propietarios del inmueble donde se ubica la infraestructura, algo a todas luces ilegal. 

El estudio también incluye un análisis de enfoque social. Y, tal como ocurre en los conflictos mineros (respetando sus características particulares), se encontró que en la mayoría de casos, el deficiente desempeño y la debilidad de las autoridades surge de un problema social. Son los vecinos quienes se oponen, a veces agresivamente y mayoritariamente sin sustento, a la instalación de antenas. “La gente no quiere antenas y nosotros no podemos hacer nada, ellos son los votantes”, fue el testimonio de más de un funcionario.

Ante esta realidad, algunos ya entendieron hacia dónde sopla el viento. El MTC, por ejemplo, ha iniciado una ardua tarea de sensibilización. Del 2010 al 2016 ha llevado a cabo más de 70 talleres a nivel nacional en alianza con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. Realiza mediciones previas y cuenta con médicos de prestigio, quienes explican que las ondas de las antenas no causan ningún daño a la salud.

Se puede añadir también la estrategia que viene aplicando la Municipalidad de San Borja, por ejemplo. Aunque en algunos casos, este municipio ha cedido a la presión vecinal, sus acciones parten de un nuevo enfoque: no esperar a que surja la queja vecinal para acudir donde se instalará la nueva antena; su equipo de fiscalizadores se moviliza al lugar a verificar que la instalación se realice correctamente; y lo más interesante: existe una red de promotores que escucha a los vecinos y les brinda información legal y técnica de manera oportuna.

¿Descubrieron el MTC o San Borja la pólvora? No. Simplemente entendieron hacia dónde debían desplegar las velas. La estrategia legal debe ser acompañada por una estrategia de sensibilización social. Así, también las empresas podrían alinear sus planes de expansión con las acciones de sensibilización que el MTC viene realizando. Sin embargo, y para terminar, es crucial examinarnos como ciudadanos. Si rechazamos la ruptura de la ley en otras regiones del país, ¿por qué pasamos por alto estos casos de oposición ilegal a la instalación de antenas? ¿Es que el Estado de derecho solo debe funcionar lejos de casa y no a la vuelta de la esquina? Por eso, de alguna forma, la mina y la antena, comparten la misma pena.