Por un mejor mañana, por Beatriz Merino
Por un mejor mañana, por Beatriz Merino

Presidenta de la

La languidece en el Perú. De cada tres barriles de crudo que se consumen, dos son importados. Gastamos cada año casi cinco mil millones de dólares en comprar crudo en el extranjero. Ello ocurre debido a que no tenemos la actividad exploratoria necesaria para que haya nuevos descubrimientos, y sin ellos no será posible una mayor producción de gas y petróleo para las futuras generaciones. Para evitar este adverso panorama, urge plantear una propuesta que entienda el problema en toda su complejidad y formule una solución sensata, moderna, que no renuncie a aprovechar sosteniblemente esta fuente de energía. 

¿Cuál es esa solución? Contar con una política de Estado para el sector de hidrocarburos que entienda la necesidad de una reforma institucional en esta industria y que reconozca la urgencia de aprobar una reforma regulatoria que tienda el puente entre la defensa del ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y la inversión privada socialmente responsable. 

El “” representa una propuesta transparente al Estado y a la sociedad peruana. Ha sido presentado públicamente, en aras de promover un debate técnico, sincero y de buena fe respecto de un grave problema que nos parece vital solucionar: el decrecimiento de la producción de petróleo en las últimas décadas. El diagnóstico al que hemos llegado, después de casi un año de investigación, es que se requiere una reforma de fondo en tres áreas sustanciales: la política de hidrocarburos, a fin de darle relevancia propia y no dejarla subsumida dentro de la política energética general; la arquitectura institucional del sector público, cuyas funciones se encuentran dispersas en muchas instituciones distintas –muchas de ellas débiles– y que carece de una instancia de alto nivel dentro del Estado que lidere el crecimiento del sector; y el marco regulatorio que mantiene algunos requisitos innecesarios, olvidando que es posible garantizar la debida y necesaria protección del ambiente y de los pueblos indígenas sin dejar de lado la eficiencia y competitividad que debe tener el sector. 

Nuestras propuestas apuntan, primero, a establecer una política pública de gestión eficiente del sector hidrocarburos para lograr el incremento de la competitividad, con responsabilidad ambiental y social. Segundo, a rediseñar la estructura y fortalecer los órganos encargados de garantizar el cumplimiento de los objetivos del sector. Tercero, a reformar el marco normativo siguiendo cinco líneas estratégicas: otorgamiento de derechos en materia de hidrocarburos, certificación ambiental, licencias y permisos, control posterior y fortalecimiento de la fiscalización ambiental y, por último, transparencia, vigilancia y control ciudadano, incluida la consulta previa. 

Deseamos generar un nuevo consenso social entre el Estado, la ciudadanía y las empresas, basado en la confianza y la aceptación de que nuestros recursos naturales deben ser usados en beneficio del desarrollo de todos los peruanos, con total respeto a los pueblos indígenas, al medio ambiente y a la legalidad. Nuestro incentivo es sencillo: somos conscientes del valor de los hidrocarburos, que constituyen una fuente de riqueza y prosperidad de muchas naciones. Son la energía que mueve al mundo y, en el caso del petróleo, constituyen el insumo de productos manufacturados indispensables para la vida diaria. Por ello el petróleo es esencial para el Perú, que tiene una geología privilegiada y que no debe perder esta oportunidad extraordinaria e histórica. Seguiremos luchando por un Perú con energía.

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