Justa y necesaria, por Martín Belaunde Moreyra

Los congresistas desempeñamos tres funciones esenciales: legislativas, representativas y de fiscalización. La tercera se ejerce en forma colectiva a través de las diversas comisiones del Congreso, si bien excepcionalmente pueden realizarse de manera individual. Esto último a veces puede conducir al riesgo de confundir una actividad de fiscalización con la de promover intereses privados incompatibles con el cargo de congresista. 

En el caso de la congresista Cenaida Uribe, está probado que ella visitó al director de la I.E.E. Alfonso Ugarte, Lizandro Quispe Vizcarra, el 1 de octubre del 2013, con el motivo aparente de fiscalizar algunas presuntas irregularidades contables-administrativas ocurridas recientemente en esa institución educativa estatal. Según las pruebas actuadas y las declaraciones de diversos testigos, esa entrevista duró entre 15 y 20 minutos y en ella no se conversó acerca de las mencionadas irregularidades sino un asunto totalmente distinto: la intención del director Quispe Vizcarra de convocar a una licitación pública para alquilar el espacio publicitario que hasta ese momento arrendaba la empresa Punto Visual S.A. 

El breve diálogo entre Quispe Vizcarra y la congresista Uribe se realizó a puerta cerrada. Según la versión del primero, la congresista le manifestó, entre otras cosas: “Yo vengo acá por el tema de Punto Visual. Quiero que se renueve el contrato con Punto Visual... Se tiene que renovar porque es la empresa que yo apoyo y trabajo... Bueno, si no se renueva el contrato, te vas a acordar de mí, como sea te saco del cargo”. Ante esa expresión, el director Quispe Vizcarra le contestó dos veces: “Discúlpeme, señora congresista, yo como director conozco mis derechos”, frase confirmada por la testigo Ada Ortiz, cuyo testimonio fue ofrecido por la congresista Uribe y que no ha sido impugnado en la investigación. 

Luego de esa entrevista, mediante carta notarial del 26 de noviembre del 2013, el director Quispe Vizcarra le comunicó al gerente general y presidente del directorio de Punto Visual S.A., Alberto Luis de Azambuja Pásara, que el contrato con esa empresa no será renovado a fin de que el arrendamiento del espacio publicitario sea objeto de una licitación pública. A partir de esa fecha ocurre una serie de hechos sucesivos, en virtud de los cuales la Dirección Regional de Lima (Drelm) primero e inmediatamente después la UGEL 3 realizan visitas de inspección, y se recomienda al Comité de Gestión de Recursos Propios no “proponer contratos y convenios con personas naturales o jurídicas” hasta que se levanten las observaciones formuladas por esos dos organismos. 

El 20 de diciembre del 2013, por carta notarial del representante de Punto Visual, este solicita una entrevista al director Quispe Vizcarra “a fin de tratar las nuevas condiciones del contrato de arrendamiento”. El 23 de diciembre del 2013 por Resolución Directoral 15442, sin expresión de fundamentos de hecho, la UGEL 3 cesa a Quispe Vizcarra, notificado personalmente al día siguiente. La vinculación entre la congresista Uribe y su frecuente compañero de viaje Alberto Luis de Azambuja Pásara, gerente general y presidente del directorio de Punto Visual S.A., es un hecho público y notorio. ¿Alguien objetivamente puede sostener que la congresista Uribe actuó de buena fe? Que el pleno del Congreso saque sus conclusiones.