Fuerza Popular y los derechos humanos, por Vladimiro Huaroc

Todo partido político que se precie de democrático y moderno tiene que incorporar en su esencia políticas de derechos humanos, las cuales son atributo de todos los seres humanos y los gobernantes están llamados a proteger, respetar y evitar acciones que los restrinjan o vulneren.

Para Fuerza Popular, un pilar fundamental del Plan Perú se basa en las propuestas vinculadas a la materia. El reconocimiento de la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que ha procesado todo el período de la violencia política en busca de las causas y dimensiones de este cruento episodio, ha estado destinado a contribuir a la garantía de no repetición, las reparaciones integrales, la reconciliación nacional y la justicia, las cuales no deben ser nociones conceptuales, sino un compromiso que pueda impactar en la vida de las personas, en un ejercicio democrático permanente y la necesaria gobernabilidad. 

Fuerza Popular parte del convencimiento de que los derechos humanos son patrimonio de todos y no distingue banderas ni colores políticos. Hemos mirado el pasado y los avances hasta hoy logrados por los sucesivos gobiernos. 

A 14 años del informe final de la CVR, no se ha concluido con las reparaciones individuales y colectivas, el plan integral de reparaciones avanza con lentitud y la reconciliación nacional sigue esperando, por la falta de voluntad política, la dispersión de responsabilidades en diversos ministerios y organismos y la falta de presupuestos suficientes.

Desde Fuerza Popular construiremos una política de derechos humanos que responda al pasado, al presente y al futuro de nuestro país. En nombre de las víctimas, le daremos una atención en el corto plazo a la deuda pendiente, de modo que los programas de restitución de derechos, las reparaciones en educación, salud, salud reproductiva, promoción y facilitación al acceso habitacional sean flexibilizadas de engorrosos trámites y se pueda saldar esta deuda y todos puedan insertarse al desarrollo del país. 

Por otro lado, el programa de reparaciones colectivas pasa también por trabajar en comunidades andinas y nativas que aún no se han recuperado. Para ellos ofreceremos su inmersión en las actividades económicas y productivas.

Las reparaciones económicas no han llegado al total de las víctimas o familiares empadronados a la fecha. Este problema debe resolverse en lo inmediato, auditando a las instancias encargadas de su implementación y avanzando en su conclusión. También es necesario saldar la situación de los ex miembros de los comités de autodefensa y los militares y policías que fueron víctimas de este proceso.

Para nosotros, es importante continuar el camino trazado y convocar a la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y la cooperación internacional, porque creemos en un gobierno abierto, convocante y dialogante que resuelva esta deuda pendiente.

En esa misma lógica, la creación del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, tan urgente e imprescindible en la construcción de una cultura de paz, será parte de esta política pública, lo cual significa que cada conflicto o controversia sea gestionado en su real dimensión –desde la prevención– con intervención de las empresas, comunidades y el Estado, contribuyendo así al desarrollo que todos aspiramos. Rescatar la relación de confianza entre la ciudadanía y el Estado es nuestra apuesta.

Finalmente, para Fuerza Popular, los derechos humanos deben ser transversales y por ello toda propuesta o iniciativa desde el Ejecutivo –de ser gobierno–, antes de aprobarse, debe merecer una revisión respecto de su consonancia con el respeto por el marco de los derechos humanos. Así, cualquier medida o decisión del Estado a escala local, regional o nacional debe incluir este enfoque desde su concepción, planificación y ejecución como garantía de una vida digna con igualdad de oportunidades, apoyo a la población de especial protección y las reformas institucionales necesarias.