Debate: ¿Se debe ampliar la investigación por esterilizaciones?

A FAVOR

¿Y si la víctima fuera usted?

- Julio Arbizu -

Ex procurador anticorrupción

Imagínese usted que el país en que vive está sometido a la autoridad de un país extranjero, que lo coloniza, que lo desprecia. Al país y a toda su gente, por ser distintos, por ser pobres, por no haber alcanzado los niveles de desarrollo que, según los estándares de ese país extranjero, deben ser los óptimos. 

Imagínese que no tiene los medios para resistir, que todas las vías formales para expresar su desacuerdo con ese régimen le son ajenas, que no hay posibilidad de que alguien lo escuche, que la emancipación es un sueño lejano.

Ahora imagínese que ese sometimiento al que ha sido condenado, además del desprecio y la ausencia de mecanismos para canalizar su disenso, se expresa en la violencia más ruin, en la intención de su captor de diezmarlo (que se ejecuta en acciones que eviten que usted y los suyos se sigan reproduciendo), porque ustedes formalmente son un escollo.

Imagínese que llegado un momento parece que existe una salida: sus opresores han perdido fuerza y empiezan a ser sometidos a la justicia por sus múltiples violaciones. Pero de ustedes y de su sufrimiento nadie se acuerda. O a nadie le importa. Y pasan muchos años y su drama es ajeno al sistema que califica esas atrocidades. Y, de pronto, se da cuenta de que sus abusadores tienen más presencia que usted en ese sistema y que, así las cosas, la justicia camina cuesta arriba, y es usted una sombra, sin derechos ni realidad.

¿Puede creer que esto ocurre, hoy, en el Perú? Aquí, miles de mujeres pobres, quechuahablantes y campesinas; es decir, poseedoras de cualidades que les han supuesto, de parte de un conglomerado que muchas veces tiene el discurso oficial, marginación, desprecio y olvido históricos, son esa comunidad agredida. El opresor no es otro que el Estado, que durante la década de 1990 implantó un programa para evitar más nacimientos en ese sector de la población, recurriendo a una teoría malthusiana de control de la natalidad. 

Es decir, abdicando de su responsabilidad de promover políticas de planificación familiar integrales, el Estado priorizó, en ese grupo poblacional específico, las esterilizaciones. Añadió a esa política, ya perversa, la aberración de ejecutar esas prácticas sin el consentimiento e información de las personas sometidas a ellas.

El procesamiento de estas conductas en el sistema de justicia, que en un plano ideal habría supuesto la prioridad de un Estado democráticamente sano, en el Perú ha sufrido vaivenes imposibles durante los últimos 18 años. 

Lo más reciente es la decisión de un fiscal superior de amparar la queja interpuesta por Demus (en representación de una parte de las víctimas) y otros abogados para que la investigación contra el ex presidente Alberto Fujimori y los ministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, por estos hechos, se reabra. 

La fiscal encargada de esa dura empresa acaba de ampliar –correctamente– por seis meses más el plazo de una complejísima investigación, que requerirá, entre otras diligencias, tomar declaraciones de mujeres agraviadas en rincones alejados del país. 

Saludable decisión (aunque seguramente vaya a ser necesaria una futura nueva ampliación), así como la de extender el ámbito de competencia territorial de su fiscalía. ¿Y si la víctima realmente fuera usted? 

EN CONTRA

Mentiras y abusos-

- Alejandro Aguinaga -

Congresista de Fuerza Popular

En 1996, el programa de planificación familiar fue diseñado con la necesaria finalidad de disminuir la alta tasa de mortalidad materna infantil en el país. Una madre moría cada cinco horas por causas prevenibles relacionadas con su embarazo, parto, posparto y complicaciones por abortos provocados.

Según Endes 1996, la tasa de mortalidad materna era de 265 muertes por 100 mil nacidos vivos (nv). Pero mientras en Lima la tasa era de 185, en Ayacucho era de 1.039, y el 20% era por abortos clandestinos.

Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil en todo el país era de 46,5 por 1.000 nv; mientras en Lima era de 26, en Huancavelica y Puno era 108 y 82, respectivamente. El parto institucional escasamente llegaba al 20%. La tasa de fecundidad deseada en el país era de 2,2 hijos por mujer, pero la real en el medio rural era de 5,5 y en mujeres iletradas 8,9. Los nacimientos no deseados en el Perú llegaban al 35%. 

Por eso, el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar proveía todos los métodos anticonceptivos, y llegó a tener un millón de parejas protegidas. En 1998, de 806.935 parejas, el 41% optó por método inyectable, el 24% por píldora, el 14% por preservativo, el 5% por tabletas vaginales, el 13 % por el dispositivo intrauterino (DIU) y un 3% por la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV). Esto quiere decir que el 97% de las usuarias utilizó métodos diferentes al quirúrgico. ¿Entonces de qué política de esterilización forzada hablamos?

La Sociedad Peruana de Ginecología refiere que cada 100.000 AQV evita 1.000 muertes maternas. Según Endes 2000, los resultados reflejan que la mortalidad materna bajó a 160/100.000 nv, es decir, se redujo en más del 30%. La mortalidad infantil disminuyó en más de 30%, el control prenatal subió a 95% y el parto institucional a 55%. La tasa de fecundidad real cayó en 21%.

El programa ha sido maliciosamente distorsionado por razones de orden mercantilista, político y religioso. Tildándolo de ser un mecanismo para esterilizar por la fuerza a las mujeres y hombres del Perú, con el abyecto fin de “reducir la pobreza”. Nada más falso e infame. 

Las investigaciones en el Congreso de la República y el Ministerio Público llegan a los 15 años y ahora se busca extenderlas más. Pese a que existen resoluciones de archivamiento definitivo del Parlamento en el 2003, de la Fiscalía de la Nación en el 2004, de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y de la Fiscalía Superior de Derechos Humanos, ambas en el 2009. 

Por disposición del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, en octubre del 2011 se reabre el caso, contraviniendo lo dispuesto por la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, según la cual solo puede reabrirse una investigación cuando exista nueva prueba, lo que no sucedió aquí. Se reabrió sobre premisas falsas. Aun así la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial archivó por quinta vez el caso en el 2014. 

En lo personal, creo firmemente que este programa fue necesario para el país, por eso no he rehusado investigación alguna durante 15 años. Respecto a la resolución que extiende la investigación, luego de 15 años y 5 archivamientos, pregunto a los opinólogos, políticos, activistas, abogados defensores: ¿qué dirían si estuvieran en esta interminable pesquisa judicial?