El Caracazo, una herida que 30 años después sigue abierta en Venezuela

La tensión que se vive hoy en Venezuela luego de los incidentes registrados hace una semana en las fronteras con Brasil y Colombia ha opacado, mas no sepultado, la conmemoración de los sucesos que estallaron el 27 de febrero de 1989 y que se alargaron hasta el 8 de marzo.

Fue una revuelta popular en rechazo al plan de ajuste económico que el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez puso en marcha con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que fue reprimida por las autoridades con sangre y fuego. 

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Tres décadas después del ‘caracazo’, no solo nadie ha sido enjuiciado por estos hechos, sino que aún no se conoce a ciencia cierta el número de víctimas que dejó la decisión de las autoridades de recurrir al ejército para poner coto a los saqueos de comercios en Caracas y en otras ciudades cercanas. En esa época, el gobierno reconoció 277 víctimas, pero en la fiscalía hay 348 expedientes que dan cuenta de alrededor de 400 fallecidos, aunque extraoficialmente se dice que la cifra podría ascender a más de tres mil.

La impunidad que ha rodeado a estos sucesos contrasta con la importancia, al menos verbal, que el chavismo les da.
“El diálogo [en 1989] era plomo, represión, persecución […] y el pueblo no tuvo otra opción que la insurrección. Insurrección que fue abatida a plomo, sangre y llamas por nosotros los militares […] Nos utilizaron para masacrar a un pueblo que estaba reclamando comida, salud y que alguien lo oyera, pero los líderes lo que hicieron fue mandar a los militares. Hasta niños y ancianos murieron. Eso nos impulsó y a los pocos años vino la insurrección militar”, afirmó el fallecido Hugo Chávez en octubre del 2012, asegurando por enésima vez que aquellos hechos fueron el catalizador de las intentonas golpistas que lideró en 1992, las cuales lo dieron a conocer.

—El ascenso del chavismo—

¿Pero jugó realmente el ‘caracazo’ algún papel en la llegada de Hugo Chávez al poder? El politólogo venezolano Juan Manuel Track cree que sí, pues “cambió la ruta que tenía el gobierno de Pérez y moderó un poco las reformas que tenía pensado hacer para que la economía fuera más competitiva y, segundo, fue un golpe a la legitimidad de los partidos. Abrió las puertas a la búsqueda de nuevos liderazgosEsa ruptura con el viejo sistema político fue traumática y permitió el surgimiento de nuevos liderazgos radicales, gracias a las reformas que permitieron la elección de directa de los gobernadores y alcaldes. El golpe del 4 de febrero posicionó a Chávez entre esos liderazgos radicales”.

No obstante, el experto rechazó que estos hechos hayan sido el único factor que jugó a favor del ascenso del militar retirado.

“El ‘caracazo’ no produjo al chavismo. El ‘caracazo’ está entre los factores que permitieron al chavismo llegar al poder, pero también hay que tomar en consideración el surgimiento de nuevos actores políticos, la incapacidad de los gobiernos de Pérez y de [Rafael] Caldera de mejorar la situación económica o la caída de los precios del petróleo. Hay un montón de sucesos que jugaron a favor del chavismo”, afirmó Track.

—De aquellos polvos estos lodos—

En tanto, Liliana Ortega, abogada venezolana que ha dedicado las últimas tres décadas a acompañar a las víctimas en su lucha por obtener justicia desde la organización Cofavic, afirmó que “los sucesos del 27F son un punto de inflexión para entender el presente de Venezuela. Son unos hechos que marcaron insoslayablemente al país en materia de derechos humanos, en la política y en la economía”.

Las hemerotecas certifican la afirmación de la activista. Desde 1989, los partidos que tradicionalmente se turnaron el mando desde 1958 han visto cómo su poder casi desaparece y cualquier ajuste económico, en especial si incluye el aumento de la gasolina, va precedido de una fuerte campaña informativa por parte de las autoridades, nada parecido a lo que ocurrió hace tres décadas.

Sin embargo, para Ortega, la principal secuela del ‘caracazo’ es la impunidad y sus consecuencias. “El ‘caracazo’ pudo haber sido un aprendizaje para el Estado, pero no ha sido así. La Corte Interamericana (en sus sentencias sobre los sucesos de 1999 y del 2002) estableció un camino para evitar que este tipo de situaciones se repitiera, pero con el incumplimiento de esos fallos y la impunidad que ha rodeado a este caso, el Estado ha mandado la señal de que estos crímenes (ejecuciones extrajudiciales y uso de armas de fuego o de guerra para reprimir manifestaciones) pueden cometerse sin que nada les pase a quienes los cometen”, aseguró.

Criminólogos como el venezolano Luis Izquiel achacaron a estos acontecimientos la violencia reinante y los datos los respaldan. A comienzos de los años 80, el número de homicidios en Venezuela rondaba los 1.300 al año, pero 20 años después pasó a 13 mil y el año pasado cerró en casi 24 mil, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Consultada sobre la posibilidad de que se reediten estos sucesos, Ortega admitió que hoy hay elementos en el ambiente parecidos a los de hace tres décadas (malestar social, hambre, corrupción, etc.). Sin embargo, apuntó que hay otros que harían palidecer a lo ocurrido hace treinta años.

“La cantidad de armas de fuego en poder de civiles, la presencia de grupos paramilitares que actúan al amparo del Estado y, sobre todo, el miedo. En 1989, las víctimas no dudaron en alzar su voz y exigir sus derechos ante todas las instancias, pero hoy hay miedo porque reciben amenazas y temen al gobierno”, concluyó.

El 80% de las víctimas de violaciones a los derechos humanos son hombres jóvenes residentes en zonas marginales, precisamente el caladero de votos del chavismo y los principales receptores de programas sociales como las cajas con alimentos a precios regulados.

—30 años luchando para al menos enterrar a sus familiares— 

Las vidas de Aura Lizcano e Yris Medina se unieron en marzo de 1989, cuando ambas terminaron asistiendo a reuniones de lo que sería el germen del Comité de Familiares de Víctimas de “El Caracazo” (Cofavic), una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de Venezuela y la cual ha logrado que la Corte Interamericana emita siete condenas contra el Estado por violar derechos humanos; y desde entonces han batallado día a día para conseguir no solo justicia para ellas sino para evitar que otros pasen por lo mismo.

“Es muy triste que después de 30 años nuestros casos sigan en etapa de investigación y que ni siquiera tengamos una copia del expediente”, afirmó Lizcano, cuyo hermano José Miguel, de entonces 21 años de edad, salió el 28 de febrero a jugar con unos amigos basketball en una cancha cercana a su casa, en la barriada caraqueña de La Cota 905; y nunca más volvió.

Casi en similares términos se pronunció Medina, cuyo esposo Wolfgang murió el 2 de marzo durante el toque de queda decretado por el gobierno al ser alcanzado por una bala de un fusil dentro de su casa y mientras cargaba a su hija, de entonces tres meses de edad.

“Después de 30 años de lucha y de mentiras me queda un mal sabor de boca y una desilusión muy grande hacia la justicia y el poder, porque yo creo que mi hija y yo nos merecemos una explicación y una reparación por esa bala que nos cambió la vida”.

Sin embargo, ambas aseguraron que su calvario particular les ha dejado la satisfacción de ayudar a otras víctimas y trabajar por evitar otras nuevas.

Pese a que la justicia venezolana no muestra ningún interés en resolver este asunto, tanto Medina como Lizcano aseguraron que no cesarán en sus esfuerzos por conseguir esclarecer los hechos la primera y la segunda para al menos saber qué pasó con su hermano para poder enterrarlo.