Los dirigentes opositores Juan Guaidó, al centro, y Freddy Superlano, a la derecha, saludan a manifestantes durante una protesta en apoyo al segundo en Barinas, Venezuela, el sábado 4 de diciembre de 2021. (Foto: AP /Ariana Cubillos)
Los dirigentes opositores Juan Guaidó, al centro, y Freddy Superlano, a la derecha, saludan a manifestantes durante una protesta en apoyo al segundo en Barinas, Venezuela, el sábado 4 de diciembre de 2021. (Foto: AP /Ariana Cubillos)
Agencia AP

Unos 500 simpatizantes de un candidato opositor que fue inhabilitado retroactivamente cuando aventajaba en el escrutinio para el cargo de gobernador del estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez protestaron el sábado contra una decisión que se ha vuelto emblemática de lo que describen como condiciones electorales injustas.

Bajo una fuerte presencia militar y policial, los partidarios de censuraron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de que los comicios se repitan en enero, al opinar que les fue anulado el voto de castigo que ejercieron contra el candidato del partido en el poder. Aseguraron que impedirán a cualquier aspirante que represente al gobierno ganar el cargo de gobernador.

El estado noroccidental de Barinas es considerado bastión del Chavismo. Superlano aventajaba en la contienda del 21 de noviembre al gobernador Argenis Chávez, uno de los hermanos del mandatario Hugo Chávez. Argenis Chávez y su padre, Adán, se han desempeñado como gobernadores del estado de Barinas desde 1999.

“Fue un voto de castigo en contra de todo lo mal que han hecho”, dijo el jubilado José Montiya, de 71 años. “Este estado era para que lo tuvieran como una tacita de oro. Aquí ha mandado la familia Chávez y mire cómo está el estado”.

Montiya, que recibe una pensión mensual equivalente a unos dos dólares, mencionó una lista larga de preocupaciones: una escasez grave de gasolina, falta de hospitales, carencia de servicios básicos como suministro de gas, agua y electricidad, y hambre.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela determinó el lunes que Superlano no debía aparecer en la papeleta porque estaba inhabilitado debido a una sanción administrativa impuesta en agosto derivada de su trabajo como legislador de 2015 a 2020.

La inhabilitación planteó nuevas dudas sobre la imparcialidad del sistema electoral de Venezuela después de la realización de los primeros comicios en años, en los que la mayoría de las principales fuerzas políticas habían aceptado participar y que contaron con la supervisión de observadores de la Unión Europea. El gobierno del presidente Nicolás Maduro invitó a los observadores, pero los llamó “espías” después de que emitieran un informe preliminar crítico al sistema electoral.

El tribunal es uno de los muchos organismos del Estado considerados leales al gobierno de Maduro. En los últimos años, el tribunal y otras agencias han bloqueado o fallado en contra de los principales partidos y candidatos de la oposición.

La gente llegó a pie o en autobuses desde diversas partes del estado hasta el exterior de una iglesia católica para participar en la protesta. También desde vecindarios aledaños cuyos habitantes han visto perder el poder adquisitivo de sus salarios y pensiones con el correr de los años y se han visto obligados a pagar algunos dólares por despensas que el gobierno distribuía antes en forma gratuita. Muchos llevaban camisetas y gorras color naranja con el nombre de su candidato, agitaban banderas venezolanas y señalaban con el pulgar hacia abajo cada vez que se mencionaba el nombre de Maduro.

El racionamiento de la gasolina fue una de las quejas comunes de los manifestantes contra el gobierno de Argenis Chávez. El funcionario había puesto en marcha un sistema que permitía a la gente reabastecerse por un número limitado de días, lo que afectó la vida diaria de muchas personas. Antes de la protesta, el gobierno anunció el fin del sistema de recarga.

“Necesitamos vivir mejor. Necesitamos respirar. Nos sentimos ahogados, cansados, de esta gente tan arbitraria”, afirmó Raquel Coromoto, de 57 años, residente de Barinas. “Nos sentimos en una dictadura y queremos cambio. Una democracia auténtica tiene que ser”, agregó.

El sábado, Superlano presentó a su esposa, Aurora Silva, como la candidata de su partido para los comicios del 9 de enero. Argenis Chávez anunció el martes su decisión de renunciar como gobernador y no postularse de nuevo al cargo por el partido gobernante. El Partido Socialista Unido de Venezuela no había escogido el sábado todavía a un candidato.

Silva trabajó antes como activista juvenil pero jamás ha desempeñado un cargo público.

“Estoy segura de que el régimen no pensó que le responderíamos de esta manera en Barinas. Es por el futuro de nuestros hijos, mujeres, por ellos es que vamos a salir”, afirmó Silva ante la multitud. “Nosotros estamos del lado correcto de la historia y Barinas es ejemplo. Barinas se levantó”.

Juan Guaidó, dirigente de la facción opositora que tiene el respaldo de Estados Unidos y quien no votó durante las elecciones, causó expectación a su llegada entre los manifestantes, quienes lo rodearon numerosamente.

El informe de los observadores de la UE concluyó que las contiendas regionales tuvieron lugar bajo mejores condiciones en comparación con los comicios de años recientes en el país, pero que estuvieron empañadas por el uso de fondos públicos y otras acciones tendentes a beneficiar a los candidatos oficialistas. Los inspectores electorales subrayaron asimismo que las elecciones estuvieron empañadas por la inhabilitación de contrincantes de oposición.

Los observadores anunciaron el sábado que pondrían fin a su misión el domingo y que regresarán a principios del año entrante para presentar un informe exhaustivo. Se abstuvieron de hacer declaraciones sobre la inhabilitación de Superlano.

La decisión del tribunal fue en respuesta a una denuncia que interpuso el dirigente político Adolfo Superlano, quien argumentó “la presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y al sufragio” en Barinas. Adolfo Superlano, que no es pariente del candidato ahora inhabilitado, es uno de siete disidentes de la oposición afectado por las sanciones económicas de Estados Unidos después de que lo acusaran de encabezar acciones que socavan la democracia en Venezuela.

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