La compleja crisis migratoria que remece el norte de Chile (y cómo la enfrenta el gobierno)

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Aunque se prolonga desde hace un año, el desborde de migrantes se ha intensificado en el norte del vecino del sur en las últimas semanas. El incremento de delitos ha desatado protestas populares e incidentes violentos entre la población local y los migrantes.

Uno de los episodios más tensos se vivió el fin de semana pasado, cuando camioneros enojados bloquearon importantes carreteras en la ciudad de Iquique en protesta contra la inmigración irregular tras la muerte de un colega en un confuso incidente en el que se vieron involucrados dos ciudadanos venezolanos.

El enojo y el temor alcanza a muchos de los residentes de esa zona del país, que apuntan principalmente a los migrantes venezolanos. “Yo creo que esta situación genera desconfianza y miedo. Chile siempre había sido un país tranquilo y seguro”, dice a El Comercio Maggy Roberts, peruana que lleva 13 de sus 34 años viviendo en Iquique.

“Cuando llegué se podía caminar a las 4 a.m. con el celular en la mano y no pasaba nada. Quizás si había ladrones, pero jamás fue tan duro como ahora. Por estos días te roban, te matan. Yo tengo una hija de 12 años y hasta tengo miedo de salir a la calle con ella. Tengo amigos venezolanos que entraron legalmente, pero últimamente están entrando mayoritariamente delincuentes y el Gobierno de Chile no hace nada. Espero que esto se termine pronto. Salí del Perú porque era inseguro y al final Chile está llegando a lo mismo”, cuenta la compatriota nacida en el Callao.

Por su parte, Carlos Millán, politólogo venezolano radicado en Chile y representante diplomático de la Asamblea Nacional de Venezuela de Juan Guiadó, afirma que lo que sucede en el norte de Chile es “una situación de fricción social producto del alto nivel de migración que ha tenido Venezuela”.

Estrategia del gobierno

En respuesta, el gobierno de Sebastián Piñera ha decretado un estado de emergencia que entró en vigor el miércoles 16. La medida, que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas, ya ha significado que más de 600 militares sean enviados para colaborar con la policía en el control de la migración irregular en cuatro provincias del norte del país, fronterizas con Bolivia y Perú.

El Ejecutivo también anunció la puesta en marcha del reglamento de la nueva ley de migraciones, que busca endurecer las fronteras y que permitirá a partir de ahora las denominadas “reconducciones”, deportaciones sin un procedimiento judicial.

Sin embargo, la normativa ha generado confusión entre las fuerzas de seguridad que vigilan los caminos del altiplano y cientos de migrantes ingresaron en las últimas horas de forma irregular a Chile a través de la localidad fronteriza de Colchane, en la frontera con Bolivia.

Usando principalmente la ruta de Colchane, miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzan al vecino del sur desde el 2020 caminando por pasos clandestinos que los enfrentan a paisajes inhóspitos y temperaturas extremas.

Roberts comenta que la sensación entre la población es que la militarización no es la solución. “No sirve de nada. Tengo amistades que son de Colchane y me comentan que la situación sigue igual. Los migrantes irregulares siguen entrando y se burlan de los militares y carabineros”.

“La militarización no es efectiva. Se están tomando medidas muy simples para problemas muy complejos. El problema de la diáspora venezolana es multifactorial y se ha agravado con la pandemia de COVID-19. Muchas personas que estaban en Colombia o en el Perú han decidido migrar nuevamente porque han perdido su trabajo producto de la pandemia y ven a Chile como una oportunidad”, señala Millán.

Pero la estrategia de mano dura seguirá. El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, dijo este jueves 17 que llegó el momento de cerrar aún más la frontera norte del país y no descartó tomar medidas más severas, como el toque de queda en ciertas ciudades y el control del tránsito de camionetas para frenar el tráfico migratorio.

Entre la xenofobia y una crisis sin solución

No son pocos los expertos que piden nuevas estrategias para esta crisis que dejen de lado lo que se ha llamado la “criminalización de la migración”.

La politóloga chilena Neida Colmenares, directora de Ciencia Política de la Universidad Central de Chile, ha afirmado que la crisis en el norte de Chile es el resultado de una mala política migratoria del gobierno.

“Se ha mentido a la ciudadanía con falsas ‘soluciones’. Hay que actuar rápido y con responsabilidad”, escribió días atrás en su cuenta de Twitter.

Otro problema serio derivado de la crisis es un aumento de la xenofobia, especialmente contra los migrantes venezolanos. Según el Departamento de Extranjería y Migración, en Chile hay 1,4 millones de migrantes, y los venezolanos son los más numerosos con casi medio millón.

Millán pide recordar que para temas complejos como la diáspora venezolana no hay soluciones unilaterales ni fáciles y que quienes huyen de Venezuela lo hacen de un régimen autoritario, de la persecución política y de una emergencia humanitaria.

“Tenemos que entender que la migración venezolana es una realidad y las fronteras tan porosas como las que hay en Sudamérica y que pueden ser penetradas fácilmente generan mayores niveles de informalidad y precariedad. Consideramos que es importante que se promulguen políticas públicas migratorias a largo plazo, que tomen en cuenta las recomendaciones de organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales y que vean a la migración como un aporte y no como un problema”, afirma.

Destaca que a quienes cometan delitos se les debe aplicar la justicia establecida en el Estado de derecho. “Nosotros exigimos justicia en esos casos, en lo que no estamos de acuerdo es que estos eventos individuales generen consecuencias para una comunidad de más de medio millón de personas que viven en Chile y que aportan a la economía y dan su aporte al país. Tampoco estamos de acuerdo con que esto provoque una estigmatización contra los venezolanos”, señala.

Roberts también lamenta que los venezolanos honestos paguen por quienes actúan mal. “Claro que no todos los venezolanos que entran al país son malos, pero lamentablemente los meten en el mismo saco a todos. Antes no pasaba esto”, afirma.

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