Las sombras de Guantánamo y un cierre que parece inminente: por qué la califican como una prisión “fuera del sistema”

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Esta semana, 78 personalidades políticas, académicas y diplomáticas de Latinoamérica exhortaron en una carta al presidente Joe Biden a que cierre la prisión. El 16 de abril, un grupo de 24 senadores demócratas de EE.UU. dirigió una misiva a la Casa Blanca con la misma solicitud.

“Es muy valioso que líderes de otras naciones hagan la petición, demuestra que hay países vigilando. Por otro lado, el retiro de tropas (de Afganistán) muestra que se estaría cerrando este capítulo, por lo que creo que es bastante probable”, comenta a El Comercio la subdirectora de Human Rights Watch (HRW) en Washington, Andrea Prasow.

¿Estaremos acaso ante el fin de la prisión de Guantánamo?

Guantánamo fue el pago que hizo Cuba a EE.UU. por su apoyo en la guerra anticolonial a fines del siglo XIX. La llamada Enmienda Platt le otorgaba el control “por el tiempo necesario” a cambio de un pago anual de “dos mil dólares en monedas de oro”.

El centro de detención se convirtió en un tema central durante el mandato de Obama, pues este no solo firmó una orden para cerrarlo, sino que en el contexto del deshielo diplomático con Cuba se consideró la idea de ceder más derechos en la bahía. Pese a ello, Obama no consiguió cerrar la prisión y su sucesor, Donald Trump, firmó en el 2018 una nueva orden para mantener la cárcel abierta de forma indefinida.

Según datos brindados por el Departamento de Defensa a la emisora estadounidense NPR, entre el 2002 y el 2020 se gastaron más de US$6 mil millones en Guantánamo, un promedio de US$380 millones por año, convirtiéndose en la prisión más costosa del mundo.

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En su carrera hacia la Casa Blanca, Biden prometió clausurar el centro de detención, aunque las organizaciones civiles desconfían actualmente de su intención apuntando a que tras más de 100 días en el cargo no ha asignado a un funcionario que negocie la reubicación de los presos.

Los detenidos de Guantánamo son considerados como “combatientes enemigos ilegales” por Estados Unidos, por lo que no aplica sobre ellos los acuerdos suscritos por Washington que regulan la situación de los prisioneros de guerra.

Largo infierno

En los últimos días, el palestino Abu Zubaydah, detenido en Pakistán en abril del 2002 y señalado de ser socio de Osama Bin Laden, presentó ante la ONU una denuncia por haber sido torturado por la CIA. El hombre ha pasado 19 de sus 50 años entre sitios ocultos de detención operados por Estados Unidos y la prisión de Guantánamo.

El caso de este interno, además, se asemeja al del 86% de detenidos que pasaron por la prisión ubicada en la isla, pues habría sido capturado por fuerzas aliadas que luego se lo entregaron a la CIA a cambio de recompensas por su captura que solían bordear los US$5 mil por detenido.

En estas casi dos décadas se ha determinado que Zubaydah no pertenecía a la cúpula de Al Qaeda. En el 2014, además, un informe del Senado confirmó que había sido sometido a técnicas de ahogamiento 83 veces, que había pasado más de 11 días en una caja del tamaño de un ataúd y que fue privado del sueño, entre otras prácticas .

“Hay una larga historia de abusos en Guantánamo. Solo el encarcelamiento sin juicio puede ser considerado como uno”, señala Prasow.

Además de Zubaydah, otros 22 presos en Guantánamo no han sido acusados formalmente por algún delito y 6 tienen una orden de liberación aún no ejecutada.

“Toda detención ahí es ilegal, pero ese grupo representa una vergüenza política particular”, dice Prasow.

El argumento para mantener a estas personas detenidas, pese a tener un documento que autoriza su liberación, es que Estados Unidos los considera “demasiado inocentes” para permanecer en Guantánamo pero al mismo tiempo “demasiado peligrosos” para liberarlos en territorio estadounidense.

“Estados Unidos está en posición de negociar con sus aliados para que lo ayuden en la recepción de estos internos, tal como lo hizo Obama. Es vergonzoso que el Gobierno no lo haga, eso le permitiría eludir el bloqueo del Congreso que impide liberarlos en el país, por lo que es importante que los otros países presionen a la Administración Biden”, comenta la representante de HRW.

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“ESTA PRISIÓN EXISTE FUERA DEL SISTEMA”

El Comercio conversó con la defensora de derechos humanos y activista de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Alli Jarrar, sobre la legalidad en la existencia de Guantánamo y las posibilidades de que sea cerrada.

— ¿Es legal que un centro como el de Guantánamo opere?

El asunto con Guantánamo es que existe fuera del sistema legal de Estados Unidos. Y no está regido por las mismas leyes o derechos, es un vacío, tal como los otros sitios negros que Estados Unidos instauró durante la denominada Guerra del Terror. Están pensados para ser anomalías, para evadir la ley y es justamente por eso que son tan peligrosos. La sociedad civil estadounidense no solo debe buscar que se cierre esta prisión sino que no se debe permitir ninguna maniobra en el futuro con la que abran otro Guantánamo en cualquier otra parte del mundo.

— ¿Considera posible cerrar la prisión?

Sí, definitivamente es posible y espero que inminente. El presidente Biden puede emitir una orden ejecutiva para cerrarlo inmediatamente. Ha ordenado una revisión del campo para determinar los mejores pasos a seguir, pero muchas organizaciones civiles se han reunido con su Administración para mostrarle el plan a futuro. Es posible y esperamos que lo haga más pronto que tarde.

— Con el expresidente Obama todo hacía pensar que se concretaría, pero finalmente parece que fue imposible...

Bueno, no era imposible pero le faltó la voluntad política necesaria para completar el trabajo. Creo que podemos ser buenos al asumir que retrocedió antes las barreras burocráticas y el Congreso, pero Biden no necesita al Congreso esta vez. Incluso tiene un apoyo parlamentario importante. La carta enviada desde el Senado dice que tiene el apoyo de varios demócratas y sabemos que en la Casa de Representantes también los hay. Para lograrlo, lo primero que debe hacer es transferir a los 6 presos que tienen una orden de liberación. Son personas que no tienen cargos en contra, están listos para salir. Ellos deben ir a países donde se respeten sus derechos humanos y, preferentemente, que ellos elijan. Respecto al resto, debería determinarse si se van a presentar cargos en su contra, solo 11 han sido acusados de algo. Finalmente, los acusados deben ser transferidos a una corte federal dentro de Estados Unidos para que sigan juicios justos. Aunque, para ser honesta, es cuestionable si en este punto los juicios en su contra podrían ser justos, debido a que muchos han sido torturados y detenidos indeterminadamente sin haber sido procesados. Además, se debe acabar con el proceso de las Cortes Militares pues son totalmente disfuncionales en este punto.

— Hay jueces federales que aseguran no tener jurisdicción sobre esos presos y otros que sí.

Ahora vemos un sistema totalmente disfuncional. Hay confusión e inconsistencia al mismo tiempo. Es un sistema fallido porque no se tiene claridad justamente sobre lo que mencionas, la jurisdicción. Por ello es tan importante que los detenidos sean transferidos a una corte federal dentro de Estados Unidos.

— Durante los primeros meses de la pandemia, el personal de la Cruz Roja se vio limitado o impedido de ingresar al centro de detención de Guantánamo. ¿Cuánto considera que habría afectado esta ausencia en los detenidos?

Es complicado. Por un lado, es importante que haya observadores externos dedicados a velar por el bienestar de los detenidos. Pero por otra parte, estos observadores no han detenido a los oficiales estadounidenses de prácticas como la alimentación forzosa a quienes están en huelga de hambre o torturas. El personal de la Cruz Roja que asiste a Guantánamo, por ejemplo, debe firmar un acuerdo en el que se compromete a no hablar sobre lo que sucede en la prisión. Su presencia ahí no es de mucha ayuda para exponer los abusos que ocurren, solo son otra capa de burocracia. Es complicado, cumplen un rol médico pero al mismo tiempo legitiman las acciones de las autoridades porque dan la impresión de que hay observadores independientes.

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