Susana Villarán: todo lo que se sabe de la demolición de casa en playa Arica y descargos de los propietarios

Las imágenes de la exalcaldesa Susana Villarán bañándose en una piscina a fines de febrero fue el punto de partida para que la Municipalidad de Lurín iniciara una intervención sobre uso de espacios públicos que terminó esta mañana con la demolición de estructuras de 16 viviendas ubicadas en playa Arica.

El gerente de Fiscalización de la comuna distrital, Edgard Belleza, explicó que el proceso administrativo sancionador inició hace 10 días tras notar que el área donde estaba la piscina era una ocupación indebida y sin autorización municipal.

“A través de los medios de comunicación conocimos sobre la ocupación de espacios públicos de manera irregular en la playa Arica. Inmediatamente, hicimos cruce de información de manera interna para determinar si eso era correcto y llegamos a la conclusión de que había 16 propiedades que se encontraban haciendo una extensión de los límites de su propiedad en el espacio publico de zona de recreación de la playa Arica”, explicó a El Comercio.

Las 16 viviendas están ubicadas en una extensión de aproximadamente dos cuadras en playa Arica y las ocupaciones irregulares datan de al menos 10 años. Hace 10 días se notificó a todos los propietarios para que ejecuten el retiro voluntario, pero no lo hicieron. “Hemos tenido la renuencia de vecinos a quienes les cuesta desprenderse de un espacio que no les corresponde argumentando que la construcción que han realizado es con la finalidad e protegerse de oleajes anómalos pero vemos que dentro hay piscinas, columpios y parrillas”, añadió.

Según el municipio, la invasión del espacio público era evidente a tal punto que los postes de alumbrado público se encontraban dentro de las construcciones irregulares como piscinas y jardines que estaban cercados. Estas estructuras fueron derribadas con maquinaria pesada.

En el caso de la vivienda de los familiares de la exalcaldesa de Lima, el área intervenida era de 150 metros cuadrados. Además de derribar los muros, la municipalidad rellenó la piscina con arena y otro material sólido. En este caso también se impuso dos multas por 51 mil soles: de S/10.300 por ejecutar obras en la vía pública sin autorización y S/ 41.200 debido a que la exfuncionaria efectuó construcciones antirreglamentarias.

Belleza descartó que la intervención de esta mañana tenga fines políticos y añadió que el área de fiscalización municipal viene demoliendo estructuras levantadas sobre el espacio público en diferentes sectores del distrito. “En Julio C Tello, donde la municipalidad está ejecutando obra de pistas y veredas, también hemos intervenido porque había vecinos que venían ocupando con estacionamientos, rejas y jardines e impedían que se ejecute la obra. Ahí hemos realizado el retiro”, precisó.

Giovanna Larco, propietaria de uno de los departamentos que conforman el inmueble de cuatro pisos donde fue grabada la exalcaldesa, informó que han denunciado penalmente a la Municipalidad de Lurín ante la Fiscalía Penal de Turno de Lurín por la demolición realizada esta mañana.

En diálogo con El Comercio, Larco explicó que aún no se vencía el plazo para que presenten sus descargos, de acuerdo con la misma notificación remitida por la comuna distrital. “Los procesos administrativos tiene distintas fases y estábamos en la primera. De la primera fase a la demolición hay otros pasos que no se han cumplido. Se necesita una sentencia. Teníamos 15 días hábiles que llegaban hasta después de Semana Santa para los descargos. Tenemos todos los documentos y estábamos coordinando con los vecinos para homologarlos porque estábamos dentro del tiempo”, indicó.

La denuncia es por los delitos de abuso de autoridad, daños en forma agravada, usurpación y falsedad ideológica. En ella se menciona que, de acuerdo a La Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 491, se exige mandato judicial para la demolición a cargo de las municipalidades.

La propietaria cuestionó que durante la demolición no hayan participado representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional, como sucede con intervenciones de este tipo. “Lo que ha hecho la municipalidad es un atentado contra el debido proceso y es un acto ilegal. Todos los vecinos hemos interpuesto una denuncia penal contra la municipalidad y sus funcionarios porque están violando propiedad”, añadió.

Respecto a la ubicación de los postes de alumbrado público, Larco dijo que “no están alineados” y que, al margen de ello, el tema de fondo es que el proceso administrativo no se respetó. “Esta propiedad está en uso desde los años 90 y tenemos todos los documentos que lo acreditan. Puede haber un litigio, una discrepancia pero no pueden venir a demoler sin respetar el debido proceso. En el 2007 hubo también una intervención de la municipalidad que respondimos con documentos y nunca más vinieron. Esto ha sido un show claramente ilegal”, finalizó.

La exalcaldesa Susana Villarán es investigada por presuntos aportes ilegales de más de US$10 millones recibidos por parte de las constructoras OAS y Odebrecht cuando era la máxima autoridad de Lima Metropolitana, entre los años 2011 y 2014.

La denuncia del equipo especial del caso Lava Jato del Ministerio Público es por asociación ilícita para delinquir, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, e incluye a 21 personas naturales y 10 jurídicas. Se pide en su contra 29 años de prisión.