Inseguridad en las calles: ¿Por qué decretaron un estado de emergencia en medio de crisis entre Mininter y PNP?

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Se han advertido acciones de parte del jefe de la PNP de debilitar la Diviac y de manejar los ascensos, pases al retiro y cambios de colocación sin consultar con su comando; así como de tener una aparente protección de parte del presidente Pedro Castillo. El ministro Guillén, se opuso a algunas movidas que intentó Gallardo como el pase al retiro de los generales Óscar Arriola (Dircote) y Vicente Tiburcio (Dirincri).

En medio de esta crisis inédita, se decretó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao por 45 días para reducir la incidencia delictiva que golpea a ambas jurisdicciones. Sin embargo, para varios especialistas en seguridad ciudadana, las medidas que se intenten ejecutar como parte de esta disposición tendrán muchas trabas si el conflicto entre la PNP y el Mininter no se resuelve.

El exviceministro de Seguridad Pública Nicolás Zevallos, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Francisco Sagasti, opinó que es “imposible conducir políticas públicas para temas tan urgentes como la seguridad ciudadana si se mantiene esa tensión”.

En el mismo sentido opinó en RPP el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. “Si hay esta pelea entre el ministro [del Interior] y el comandante de la PNP, ¿cómo puedes aprovechar el estado de emergencia? Es la policía la que tiene que plantear los objetivos operativos y el trabajo de inteligencia”.

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Sobre el estado de emergencia en sí, tanto Pérez Guadalupe como Zevallos opinaron que es necesario que se cuente con objetivos claros y planes operativos concretos.

“Es comprensible que se haya recurrido a esta medida, porque la sensación que se tiene es que la delincuencia ha incrementado y se ha hecho más violenta. Lo importante es conocer cuál va a ser el plan que se va a seguir. Se ha pedido incluso hace pocos meses la participación de las Fuerzas Armadas, pero no sabíamos cuál era el plan ni cuáles fueron los resultados”, explicó.

Sobre la posibilidad de que las fuerzas policiales puedan ingresar a domicilios donde tiene indicios que hay delincuentes y que esta incursión se haga sin necesidad de la autorizacion de un juez puede “ser muy eficiente para poder reducir la temperatura en términos delictivos, pero hay que estar muy atentos a cuáles son los avances que se están teniendo”.

Sin embargo, Zevallos opinó que el estado de emergencia no resuelve los problemas de fondo y por ello es necesario que se sienten las bases para una política de Estado de largo plazo. Recordó que el gobierno de transición de Francisco Sagasti formuló junto con la PNP un plan de modernización de la policía. Este contemplaba una inversión de S/8 mil millones durante los próximos años. “Es imposible esperar que un plan como ese se ponga en marcha con cambios tan frecuentes en el sector Interior y con esta tensión que existe entre la policía el Ministerio de Interior”, comentó el exviceministro.

Pérez Guadalupe insiste en que se tengan objetivos claros en el marco del estado de emergencia. Por las circunstancias que vive Lima y Callao, considera que los planes deben concentrarse en atacar los cuatro problemas de inseguridad más urgentes: el robo callejero bajo la modalidad del raqueteo, los marcas, el sicariato y la extorsión. “Son tipos delictivos que hace 20 años no existían y más aún con la violencia que se están realizando”, dijo.

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Recordó que durante su gestión, se declaró el estado de emergencia el Callao, porque existía un problema de peleas entre bandas y sicariato. “El indicador que teníamos que tomar en cuenta eran las muertes violentas y lo fuimos midiendo mes por mes. En los seis meses que declaramos el estado de emergencia [ese indicador] varió”, comentó el exministro del Interior.

Detalles del estado de emergencia

La declaratoria del estado de emergencia fue aprobada por el Consejo de Ministros, luego de que el martes 25 de enero, el ministro del Interior, Avelino Guillén, recibiera el informe de la Policía Nacional del Perú sobre la viabilidad de declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

El jefe de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior, Dimitri Senmache, explicó que mientras dure el estado de emergencia se suspenderán aquellos derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito en todo el país, la libertad de reunión y la libertad de seguridad personal.

En muchas ocasiones, dijo, la Policía Nacional ha tenido información de puntos donde se están cometiendo delitos, se planean extorsiones o donde podrían estar confluyendo criminales, pero se requería el permiso del juez. “A veces esos procesos toman tiempo y, si se logran, cuando ingresan al lugar ya se ha perdido la evidencia”.

Precisó que los detenidos podrán permanecer en esa situación durante 24 horas y la Policía deberá demostrar su sospecha inicial de por qué intervino el inmueble.

“Tanto las Fuerzas Armadas como los gobiernos locales pueden apoyar al trabajo que realizará la Policía. La PNP tendrá en sus manos como dirección el orden interno, en ningún momento perderá esa capacidad”, puntualizó.

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