Municipalidad de Barranco no autorizó fiestas callejeras en “El Triangulito”: la polémica y las oportunidades para el espacio público

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“Se ha oficiado a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la comisaría de Barranco y al Ministerio del Interior para que actúen, según sus competencias, en resguardo de la tranquilidad y la seguridad de nuestros vecinos”, se lee en el comunicado publicado en la cuenta de Facebook de la municipalidad.

Este anuncio provocó malestar e incomodidad entre los ciudadanos, quienes decidieron expresar su descontento con la administración de Vargas al considerar que no fomenta la integración de la recreación comunitaria con los espacios públicos. “Amigos de la muni, recuerden que esta es una fiesta que lleva años de años de tradición barranquina, organizada por vecinos y que congrega a la comunidad. Siempre es hermoso cuando las autoridades y los vecinos se ponen de acuerdo para potenciar los eventos, más que cortar iniciativas vecinales”, comentó el ciudadano Mauricio Hidalgo.

“Hace más de 20 años que vivo exactamente al frente de ‘El Triangulito’, mis vecinos y yo no tenemos ningún problema en recibir el año nuevo en comunidad, confraternización y camaradería. Esto ya es una tradición, se ha convertido en una costumbre popular. Bienvenidos sean todos”, comentó por su parte Jero Valdés.

El comunicado emitido por la municipalidad logró aumentar la notoriedad de esta festividad. La participación fue numerosa y se prolongó hasta el amanecer. A pesar de la presencia de miembros del serenazgo, las personas que acudieron al lugar no tuvieron obstáculos para celebrar la llegada del Año Nuevo en plena vía pública.

Un espacio estaba reservado exclusivamente para bailar salsa al ritmo de una orquesta en vivo, mientras que, a pocos metros de distancia, el ambiente cambiaba con la reproducción de reguetón, música electrónica, entre otros. “La prohibición de la alcaldesa de Barranco de que se realice la ya tradicional fiesta callejera en ‘El Triangulito’ fue una invitación a que vaya más gente”, posteó un usuario en “X”.

Al día siguiente, el equipo de limpieza municipal se encargó de asear las áreas de Barranco donde tuvo lugar la celebración de fin de año.

Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco, informó a El Comercio que, siendo barranquina, ha participado en las tradiciones del distrito durante años. “En el 2023 realizamos múltiples actividades culturales, incluyendo fiestas y conciertos”, mencionó. Por lo tanto, aseguró que no está en contra de este tipo de eventos. No obstante, señaló que el evento en cuestión, del cual tuvo conocimiento tan solo días antes, carecía de los permisos necesarios y no contaba con las medidas de prevención correspondientes.

“Si alguien desea organizar un evento, debe solicitar permiso tanto al Ministerio del Interior como al municipio. Esta fiesta se llevó a cabo sin autorización. Hubiera preferido que los vecinos me visitaran y propusieran organizar el evento de manera conjunta. No se contó con seguridad privada ni con una persona responsable de la organización. Nadie se acercó a hablar conmigo; mi equipo se enteró porque la información empezó a circular en redes sociales”, indicó.

Añadió que se vendió licor en la vía pública, lo cual está prohibido. “Las calles se convirtieron en tachos de basura y urinarios. No estoy en contra de las fiestas; estoy en contra de que se realicen de manera clandestina y sin regulación. No impedí el evento; de haberlo hecho, habría cerrado las calles o llamado a la policía, pero opté por no hacerlo para evitar enfrentamientos. Lo único que solicité fue la presencia municipal por si ocurría algo. Creo que el espacio público debe utilizarse, pero de manera organizada y con medidas preventivas”, expresó.

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Respecto a fomentar actividades en espacios públicos donde los vecinos puedan congregarse, la alcaldesa aclaró que le gustaría organizarlas en colaboración con los residentes del distrito. “Me reuniré con las juntas vecinales para ver qué podemos hacer en conjunto”, sostuvo.

Laura Velásquez, líder del departamento de derecho regulatorio en el Estudio BBGS Perú Sacovertiz & Landerer, señaló a El Comercio que en las imágenes publicadas no se identifica a un organizador reconocible, a quien se le deberían atribuir implicancias administrativas, es decir, infracciones. “No se puede verificar la presencia de una persona natural o empresa que haya promovido este evento en la vía pública. En ese sentido, el trabajo del área de fiscalización de la municipalidad se ve limitado”, expresó.

Aclaró que, en caso de identificar al infractor, este estaría sujeto a pagar una multa equivalente a 1 UIT. “Podrían llevarse a cabo acciones de fiscalización para ubicar al responsable (...). La realización de estas actividades requiere obtener permisos y, además, se necesitan condiciones de seguridad para prevenir situaciones de peligro”, expresó.

Velásquez sostuvo que no se deben generar ruidos que superen los niveles máximos permitidos. Por otro lado, es necesario contar con implementos como baños públicos o contenedores para almacenar la basura. Todos estos requisitos se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de cada municipalidad distrital.