Los patrones de Ucayali: lo que dicen las investigaciones de la muerte del fiscal acusado de liderar mafia

Llevaba diez días detenido y el Ministerio Público ya había pedido para él 36 meses de prisión preventiva, mientras era investigado como presunto cabecilla de una mafia que cobraba fuertes sumas de dinero para otorgar puestos de trabajo en el Distrito Fiscal de Ucayali.

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El capturado expresidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali Luis Alberto Jara Ramírez afrontaba una denuncia por el delito de cohecho pasivo y activo específico proveniente de una organización criminal y, a la luz de las evidencias, asomaba en su contra una pena de hasta diez años de cárcel.

Diálogos vía WhatsApp, llamadas interceptadas y cientos de folios de documentos y fotos configuraban, al parecer, una serie de pruebas irrebatibles en torno a la siniestra modalidad de la red que dirigió Jara –denominada Los Patrones de Ucayali– a lo largo de un año y dos meses.

Pero casi a las 6:35 a.m. de ayer, Jara se mató tras asestarse un balazo en la sien luego de pernoctar en el cuarto asignado a los agentes de la División de Seguridad de Penales (Divsepen) de la policía, encargados del resguardo de la carceleta del Poder Judicial, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Abancay, Cercado de Lima.

El cuerpo de Jara quedó sobre el segundo nivel de un camarote de fierro. Tenía un grillete en el pie derecho que estaba unido a otro, colocado en una baranda, a través de una larga cadena. No estaba esposado.

A Jara se le habría permitido pasar la noche en el referido ambiente debido a que en los calabozos del Poder Judicial ya no había espacio y en consideración a su condición de fiscal superior.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el suboficial PNP Dago Alberto Tipacti Chasquibol dejó su arma de reglamento en un ropero sin candado de la habitación y salió a supervisar a los otros detenidos en la carceleta. Este momento fue aprovechado por el fiscal superior, quien halló la pistola y acabó con su vida. La larga cadena del grillete facilitó su desplazamiento para alcanzar el arma.

El cadáver de Jara también evidenciaba cortes en la muñeca izquierda. Al lado, la policía encontró una hoja de afeitar con la que presuntamente se realizó los cortes. Los peritos investigan si algunas de las laceraciones corresponden a un primer intento de suicidio, ocurrido días atrás, para el cual el fiscal Jara utilizó otro objeto punzocortante.

El negocio criminal

El pasado 18 de febrero, Jara fue capturado junto con su entonces fiscal adjunto, Juan Astete Verde, y tres de sus asistentes. En cinco meses de pesquisas, la fiscalía había comprobado que ellos formaban una organización criminal dedicada a ofrecer cargos en el Ministerio Público de Ucayali a cambio de pagos establecidos y bajo una modalidad definida.

Las investigaciones dieron cuenta, por ejemplo, de que Jara pidió S/6 mil a Kelly Paitán Cano para mantenerla en su puesto de asistente administrativa. Paitán, incluso, consiguió ser designada fiscal adjunta provisional tras amenazar a Jara con propagar los mensajes vía WhatsApp en que este le pedía el soborno de S/6 mil.

Otros casos en carpeta son los de Juan Carlos Gómez Gonzales, quien en setiembre del 2019 pagó a Jara S/12 mil para tener el puesto de fiscal adjunto provisional de prevención del delito.

Para que el engranaje criminal de Los Patrones de Ucayali no dejara de moverse, Jara había establecido el pago de cuotas trimestrales, con lo que daba mayores facilidades a sus ‘beneficiados’. A los que no cumplían los abonos demandados en las fechas determinadas, los cesaba de sus funciones. Jara despidió así a unos veinte funcionarios.

“El negocio está en las plazas de asistentes y fiscales; lo de los usuarios es solo un sencillo”, dijo Jara a su presunto entorno delictivo en una charla que captó la policía.

Irregularidad

El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Eduardo Pérez Rocha, calificó de irregular que el exfiscal Luis Alberto Jara Ramírez se encontrara en el cuarto de los policías cuando fue hallado muerto.

Afirmó que mientras se dispone la reclusión de un detenido a un centro penitenciario, este debe estar esposado y vigilado permanentemente en uno de los calabozos y no con los agentes.

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