(Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
(Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

El candidato presidencial de Perú Libre, , y su homóloga de Fuerza Popular, , se presentaron el último sábado en la plaza de Armas de Chota, Cajamarca, para debatir en directo desde un estrado municipal. Como se había previsto, la participación de ambos giró sobre cinco ejes temáticos: salud y lucha contra la pandemia; educación; reactivación económica; seguridad ciudadana; y plan anticorrupción.

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Al inicio y en medio de sus intervenciones, Castillo y Fujimori no desaprovecharon la oportunidad para lanzarse algunas pullas. En cuanto a las propuestas, este Diario sometió a las más llamativas al análisis de especialistas en cada materia:

—Temas económicos—

La lideresa naranja propuso que el 40% del canon minero se reparta directamente a la población.


Carlos Casas, exviceministro de Economía y docente de la Universidad del Pacífico, estima esta propuesta es viable y “sería una forma de cortar el descontento”. Sin embargo, precisó que “la vería recomendable solo en el corto plazo y de manera extraordinaria, mientras dure el COVID-19″. Señaló también que “el problema es que la gente se acostumbre a esas transferencias y cuando se vuelva a lo anterior, ya no se puedan hacer dichas entregas de recursos”.

Para Roxana Barrantes, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la propuesta es no recomendable. “El tema es que hacer eso le quita recursos a inversiones de todo tipo de infraestructura [en dichas zonas]. No recomiendo [la propuesta] en un contexto donde tenemos problemas serios de provisión de infraestructura básica en los centros poblados, y justamente en esas regiones donde el canon no se ejecuta de forma efectiva”, señaló a El Comercio.

Por su parte, el candidato del lápiz sostuvo que destinará el 10% del PBI al sector salud.


Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, denomina esta promesa como inviable. “No hay manera de saltar de lo que estamos [invirtiendo] ahora, a 10% del PBI en tan solo cinco años [...] Primero, ¿a qué sector le quitarías? Segundo, si no le quitas a ningún sector, entonces debes recaudar más, dificilísimo también; y tercero, más allá de las dos previas, ¿el sector mismo está listo para casi que triplicar su operatividad en tan solo cinco años? No creo”, dijo.

La directora del MBA en Salud de la UPC, Flor de María Philipps, sostuvo que lo anunciado es no recomendable. “No es lo mismo inyectarle al sector salud 10% [del PBI] en el primer año de gobierno que de manera gradual, y eso tiene que ver con el concepto de la capacidad de absorción de los recursos. Puedes asignar [recursos], pero el aparato productivo de salud no está en condiciones de ejecutar todo ese gasto”, estimó.

—Pensión 65—

Fujimori adelantó que su eventual gobierno duplicaría el monto de este programa social de S/250 a S/500 bimensuales.


Para el docente de Economía de la PUCP, Javier Olivera, esto sería no recomendable. “El problema de Pensión 65 es que solo llega a pobres extremos, pero igual hay una población a la que debería llegar que no está en pobreza extrema, pero son personas bastante pobres también. Sacando cuentas, en realidad sería doblar el costo del programa actual, que es de S/840 millones, y pasar a S/1.680 millones de un día para el otro. ¿De dónde sacar esos S/840 millones extra?”, cuestionó.

El candidato Pedro Castillo propuso que el beneficio de este programa social se extienda desde los 60 años de edad y ya no desde los 65.


Para el docente de Economía de la PUCP, Javier Olivera, lo señalado sería no recomendable. “Casi no se ve en ningún país que se ofrezcan pensiones sociales a esa edad. Más bien se observa que hay un envejecimiento, las personas viven más tiempo. Haciendo cálculos eso significa que el costo podría aumentar unos S/374 millones [al programa]. El costo de la propuesta de Castillo es menor, pero igual no dice de dónde se saca”, expresó.

María Amparo Cruz Saco, investigadora del CIUP, sostuvo que ambas propuestas son poco específicas. “La pregunta debería ser con qué visión previsional son consistentes los planteamientos de los candidatos. La tendencia mundial es ir elevando la edad de retiro, porque das la oportunidad a las personas de ahorrar más. Las pensiones sociales son modalidades de asistencia social pagadas con los ingresos generales (impuestos y otros ingresos) de los gobiernos y deben existir como programas. Pero en un sistema que funciona debería haber una pensión mínima antes de haber una pensión social, que premie el esfuerzo que hiciste por haber intentado contribuir”, dijo.

Ambos candidatos anticiparon polémicas medidas para el programa Pensión 65. Fujimori prometió un incremento del 100% del monto bimensual y Castillo ofreció entregar el beneficio a partir de los 60 años.
Ambos candidatos anticiparon polémicas medidas para el programa Pensión 65. Fujimori prometió un incremento del 100% del monto bimensual y Castillo ofreció entregar el beneficio a partir de los 60 años.

—Educación—

Fujimori prometió repartir una canasta tecnológica (una tablet o una laptop y un celular con Internet). Agregó que profesores serán incluidos en primera línea de vacunación. Y dijo que construirá 3.000 colegios.


La exministra de Educación, Marilú Martens, estimó que la propuesta sí sería viable. “Estoy de acuerdo con priorizar la vacunación a los docentes, debieron estar en la primera línea, ojalá el actual gobierno lo haga […] La canasta ayudará a enfrentar la emergencia, pero no soluciona el problema de la educación rural. Y creo que fue injusta en calificar de ‘fracaso’ la educación virtual, se creó un sistema en tiempo récord”, respondió a este Diario.

El investigador Hugo Ñopo dijo lo contrario: inviable. “Es una locura. Ya hemos visto que al actual gobierno le ha costado muchísimo la entrega de tablets […] Es una promesa incumplible, y no necesitamos más escuelas, no vamos a tener más estudiantes, lo que se requiere es calidad”, aseveró.

Debate en Chota: Keiko Fujimori sobre educación en el país

Castillo afirmó que, en un eventual gobierno de Perú Libre, se destinará el 10% del PBI a la educación. También prometió el libre acceso a las universidades públicas.


Martens expresó que este anuncio sería inviable en la práctica. “El señor Castillo ha dicho muchas cosas que no tienen sustento. Ha dicho que dará 10% del PBI a educación y otro 10% a salud. El 20% del PBI es mucho mayor de lo que hoy es el presupuesto público […] También refirió dar el acceso libre a universidades, pero hoy lo es, aunque meritocrático”, dijo.

Ñopo coincidió en señalar la promesa de inviable. “Necesitamos invertir más en educación, pero saltar del 3,8% [del PBI] al 10% es muy difícil, es una cifra inalcanzable. Sobre las universidades, lo que necesitamos es mejorar la calidad, no la cantidad de las vacantes”, sentenció.

—Anticorrupción—

Fujimori ofreció darle a la contraloría la “capacidad sancionadora” para que “ellos puedan retirar a los funcionarios corruptos”. Anunció el programa “Transparencia 100%”.


El exprocurador Yván Montoya calificó la propuesta como viable. “Hubo una sentencia del TC que declaró inconstitucional las disposiciones de la ley, se tiró abajo el marco normativo. La idea era recuperarlo, pero está en el Congreso desde ya un tiempo. La mayoría fujimorista pudo haberlo aprobado, no sé si ahora con menos [integrantes en el Parlamento] lo podrá hacer”, declaró.

En tanto, para el abogado Rafael Chanjan, lo prometido sería poco viable. “En principio, es una propuesta que resultaría viable, pero es incompleta. Lo que se debe buscar es la unificación del sistema sancionador en lo administrativo. Sobre la transparencia, ya existe la Autoridad Nacional adscrita al sector Justicia”, dijo.

En esta materia, Castillo Terrones adelantó que los jueces y fiscales serán “elegidos por mandato popular para que haya una verdadera justicia en el país”.


Para Lucía Dammert, experta en políticas de seguridad, crimen y gobernabilidad, lo anunciado es inviable. “Elegir a los magistrados por voto popular es algo que ocurre en algunos países. Podría ser algo para interpretar, pero definitivamente requeriría una transformación completa del sistema de justicia peruano, lo cual no creo que vaya a ocurrir en el corto ni en el mediano plazo”, refirió.

José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior y profesor de la UP, coincidió en valorar la propuesta como inviable. “Es verdad que no se ha resuelto cómo se fiscaliza el actuar de los jueces y fiscales. La OCMA no es suficiente. Entiendo el punto de la propuesta, pero es un tema delicado porque tenemos independencia de poderes. Por otro lado, ¿cómo la población determina que un juez es bueno o no? Es difícil y riesgoso plantearlo”, señaló.

—Medidas frente a la pandemia—

Keiko Fujimori ofreció “70 mil pruebas moleculares diarias”. Refirió que “ya no se utilizarán pruebas rápidas” para detectar el pacientes COVID-19, porque esto significó “ponernos una venda en los ojos”.


Janice Seinfeld, experta en políticas de salud, expresó que lo dicho por la candidata es viable. “Muchas de las pruebas que yase vienen realizando desde el Estado son de antígenos o moleculares. Es bueno ampliar el volumen de pruebas moleculares, pero también hay que decir que, si se pretende reforzar la prevención de contagios, debe acompañarse de un rastreo o una vigilancia de contactos”, refirió.

Ernesto Gozzer, epidemiólogo, experto en Salud Pública y exjefe del INS, valoró lo anunciado en el mismo sentido: viable. “Hacer 70 mil o más pruebas moleculares es posible porque ya hay capacidad en el país para producir los insumos de estas pruebas. Además, pronto debería salir la prueba molecular de saliva que desarrolló la UPCH, con lo cual se tendría una dispocisión mayor. La propuesta se ajusta a la realidad”, dijo.

Pedro Castillo propuso un “Ministerio de Ciencia y Tecnología e Investigación” para el eventual desarrollo de una vacuna peruana.


Sobre este punto, Seinfeld refirió que sería poco recomendable: “En el corto plazo, no representa una solución porque pasa ría un buen tiempo hasta el desarrollo de la vacuna y determinar en dónde se fabricaría porque en el Perú no tenemos un laboratorio biológico con buenas prácticas de manufactura. No sé si ese esfuerzo necesite de un ministerio nuevo. Se podría, en cambio, dirigir recursos donde están las capacidades de innovación científica ya encaminadas”.

Gozzer refirió que la medida sería viable pero no inmediata. “Es importante aumentar la inversión en ciencia y tecnología. También es posible desarrollar una vacuna, pero no en el corto plazo. Se requieren entre cinco y diez años para una vacuna desde cero. Creo que la creación de un ministerio sería otra discusión”, explicó.

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—Seguridad y migración—

Fujimori propuso que las FF.AA. colaboren para “vigilar” y “sellar” las fronteras, con el objetivo de que ciudadanos extranjeros sin papeles no ingresen al país.


Para la experta en políticas de seguridad, Lucía Dammert, la propuesta es no recomendable. “Las FF.AA. están vinculadas a la seguridad nacional. Su trabajo con las fronteras puede estar vinculado a logística y operación, pero no necesariamente tiene una relación directa con la ciudadanía porque eso trae muchas veces enormes problemas de violencia”, indicó.

El exministro del Interior y profesor de la UP, José Luis Pérez Guadalupe, estimó que la propuesta sí sería viable. “Sí creo que las FF.AA. están desperdiciadas en tiempos de paz. Se puede tener otra visión de las FF.AA., pero el nuevo rol no puede ser inmediato e implica reformulación y capacitación especial. El tema de fronteras implica seguridad nacional y sí es pertinente la propuesta, pero se tiene que desarrollar un plan”, sostuvo.

Castillo anunció un decreto supremo para que personas extranjeras “que han venido a delinquir” sean expulsadas del país “al término de 72 horas”.


Al respecto, Lucía Dammert calificó el enunciado de inviable en la práctica. “No se puede expulsar a personas extranjeras cuando no han sido detenidas, juzgadas y encontradas culpables. Su planteamiento no estaría en el marco jurídico nacional ni internacional. Si hay problema de vinculación de grupos especiales –en este caso, migrantes– con delincuencia, lo que se tiene que mejorar es el servicio policial”, cuestionó.

José Luis Pérez Guadalupe también señaló que lo expuesto por el candidato es inviable. “Una persona extranjera que delinque en el país está sujeta al sistema judicial peruano. Lo que plantea es una expulsión, pero esta no puede darse antes de que una persona sea juzgada, condenada y cumpla sentencia. En todo caso, lo sugerido es impunidad”, enfatizó.

—Sistema penitenciario—

La candidata de Fuerza Popular planteó construir más penales con el objetivo de que estos sean “verdaderos centros de resocialización”. Añadió que se implementarán programas de estudio y trabajo en los penales.


José Luis Pérez Guadalupe, quien además de exministro del Interior es también exjefe del INPE, señaló que lo expuesto por Fujimori no causa novedad. “Lo que propone ya es esperable y ya está dado por el sistema penitenciario. Otro tema es que los gobiernos no lo concreten porque el INPE no es lo suficientemente valorado. No está mal el compromiso, pero -repito- no hay nada nuevo. Es, más bien, lo que se tendría que hacer”, explicó.

Lucía Dammert, experta en políticas de seguridad, valoró lo dicho en el mismo sentido: sin novedad. “Construir nuevas cárceles se ha propuesto muchas veces y no necesariamente se realiza. Además, no queda claro si lo propone para cárceles de mujeres o cárceles de alta seguridad o todas. Lo rescatable es que pone el énfasis en mecanismos de resocialización y eso está bueno”, dijo.

El candidato de Perú Libre rechazó construir más penales, pues dijo que los existentes deben convertirse en “ centros de rehabilitación” y “centros de educación tecnológica profesional ”.


Para Pérez Guadalupe, la propuesta es inviable. “Estoy de acuerdo con el objetivo de que las cárceles rehabiliten. Pero, para lograrlo, se tienen que construir más cárceles y no lo contrario. Esto, por el hacinamiento y porque la estructura que tiene la mayoría de penales no está pensada con esa lógica. Con reclusos hacinados y sin siquiera espacios para talleres, no es posible esa reforma”, criticó.

Dammert también señaló que es inviable. “Es cierto que las cárceles se han convertido en ‘universidades del delito’ y que se debe generar reinserción. Sin embargo, lo propuesto se ha tratado de hacer y nunca ha habido financiamiento específico. Es un tema difícil”, cuestionó.

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