“Necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para ello debemos nacionalizar nuestras riquezas, es decir, hacer que éstas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y pertinentes”, se lee en el plan de Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Archivo GEC)
“Necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para ello debemos nacionalizar nuestras riquezas, es decir, hacer que éstas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y pertinentes”, se lee en el plan de Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Archivo GEC)
Franco Balza Tassara Cánepa
Franco Balza Tassara Cánepa

El candidato a la presidencia por el partido , , difundió parte de su nuevo plan de gobierno “Perú al bicentenario sin corrupción”. Entre las propuestas que se señalan en el documento están las referidas a aumentar la .

“Necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para ello debemos nacionalizar nuestras riquezas, es decir, hacer que éstas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y pertinentes”, se lee en el documento.

En detalle, son tres las medidas propuestas por Castillo: nuevo impuesto a las sobreganancias, cobrar regalías en función a las ventas y la renegociación de contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas.

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IMPUESTO A LAS SOBREGANANCIAS

En cuanto a la propuesta de establecer un impuesto a las sobreganancias, el plan de Perú Libre señala que este se dará tras un “Diálogo Nacional Descentralizado”. Respecto a esta medida, Enzo Defilippi, exviceministro de Economía, y Marcial García, socio de Impuestos de EY Perú, coinciden en que no es recomendable.

Por su parte, Defilippi indica que para determinar una sobreganancia se debe hallar cuál es un nivel de ganancia razonable. Esto, a decir del exviceministro de Economía, sería una decisión arbitraria. Asimismo, menciona que esta propuesta “generaría incentivos para que las empresas escondan sus ganancias”.

“Las empresas, en general, tienen buenos y malos años. Compensan una cosa con la otra. El cobrar por los buenos años implicaría que el Estado tenga que compensar por los malos. ¿Se va a hacer eso? Si no se va a hacer, lo que se estaría haciendo es desincentivar la inversión en el Perú”, detalla Defilippi.

En el programa de Perú Libre, se menciona que las trasnacionales mineras “están obteniendo sobreganancias, las que no se relacionan con nuevas inversiones o tecnología, sino solo con los vaivenes del mercado internacional”.

“Anotemos que ya la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado una nueva regalía cuya tasa llega a 75% si supera los US$4,0/lb, como hoy sucede”, agrega el documento.

Al respecto, Marcial García explica que en el caso del sector minero las utilidades están gravadas.

“El sistema tributario minero está diseñado para gravar lo que Castillo llama sobreganancias mineras. Es decir, las utilidades que no se esperaban como consecuencia del incremento de los precios de los minerales. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cambiar el régimen tributario minero? Yo no veo ninguna”, afirma García.

Asimismo, García estima que ningún inversionista verá atractivo invertir en el Perú si es que de hacerlo se le aplicaría una carga tributaria de entre el 70% y el 80%.

“Yo creo que no va a tener un impacto en la recaudación porque los nuevos proyectos simplemente no se van a dar. Se van a ir a cualquier otro país”, dice García.

CONTRATOS

Otra medida de Perú Libre es renegociar los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas.

En ese sentido, Defilippi señala que sería contraproducente renegociar dichos contratos.

“Los contratos de estabilidad tributaria han sido firmados específicamente para evitar los cambios de las reglas de juego, que es lo que quieran hacer”, sostiene el exviceministro de Economía.

Una de las razones por las que colocar un impuesto a las sobreganancias no tendría efecto en los grandes proyectos mineros, según García, es porque estos están protegidos contra cambios normativos, debido a los convenios de estabilidad tributaria.

“Bajo la Constitución vigente, los contratos de estabilidad tributaria tienen rango de ley y no pueden ser modificados unilateralmente por un Gobierno y por tanto, deben ser respetados. De lo contrario, las compañías tomarían acciones legales, incluso en el exterior, ya que esto podría ser visto como una forma de expropiación. Para modificar esos contratos, tendrían que pasar por encima de la Constitución, que es algo que también pretende hacer Perú Libre”, afirma García.

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