Modalidad formativa para técnicos sería inconstitucional

Ardua fue la jornada de la Comisión Permanente del Congreso de la República que se realizó ayer. Aunque en la agenda hubo más de nueve proyectos en materia económica para discutir, solo tres obtuvieron luz verde en el Legislativo.

MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES

La norma aprobada que más polémica generó fue la que crea una nueva modalidad formativa para estudiantes de institutos técnicos, impulsada por la congresista Rosa María Bartra, de la bancada de Fuerza Popular.

La ley permitirá a los estudiantes de dichos centros de estudio acceder a “experiencias en situaciones reales de trabajo” en empresas públicas y privadas pero sin una subvención económica.

Esta nueva modalidad formativa convivirá con las vigentes, como las prácticas profesionales, preprofesionales y las pasantías.

En la nueva modalidad formativa, los jóvenes no podrán trabajar más de cuatro horas diarias o 20 semanales. El tiempo de duración de los convenios no podrá exceder las 448 horas, repartidas en un máximo de tres años.

“Lo más importante de este proyecto es que permite que un estudiante de carrera técnica pueda formarse en situaciones reales de trabajo”, resaltó Rosa María Bartra, quien recordó que la norma cuenta con la opinión favorable del Ejecutivo.

Las bancadas de Fuerza Popular, el Apra, Peruanos por el Kambio y Acción Popular votaron a favor de la norma. Nuevo Perú, en contra. El congresista Wilbert Rozas, de Frente Amplio, votó a favor.

Posteriormente, pidió cambiar su voto mediante un oficio. Sin embargo, su pedido no procedió, pues, según las normas del Congreso, no está permitido alterar un voto público. Los gremios de las instituciones de educación superior se mostraron a favor de la norma. María Isabel León, presidenta de la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (Asiste Perú), y miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE), resaltó el carácter voluntario de la norma.

“Si el alumno quiere, puede tomarlo. […] Además, los que opten por la nueva modalidad contarán con seguro”, indicó.

Sin embargo, la nueva ley recibió fuertes críticas desde los grupos parlamentarios de izquierda por la falta de subvención económica para las horas que los estudiantes destinen a esta modalidad.

“Habrá empresarios buenos, pero también habrá algunos que querrán utilizar esto para tener fuerza laboral gratuita durante medio tiempo, cuatro horas diarias, por tres años”, consideró la congresista Marisa Glave.

“La norma habla de situaciones reales de trabajo. Es un total contrasentido. Los estudiantes van a realizar un trabajo productivo. Es por eso, justamente, que las modalidades formativas necesitan una subvención. Creo que la norma es discriminatoria. A los universitarios se les paga, pero a los técnicos no”, agregó el abogado laboralista Javier Dolorier.

El abogado laboralista del estudio Mirando & Amado, Jorge Toyama, afirmó a El Comercio que la ley aprobada es inconstitucional.

El experto argumentó que no se ajusta a la Constitución vigente porque permite que una persona trabaje gratis cuando la Carta Magna lo prohíbe.

“El trabajo gratis está prohibido en la Constitución y en cualquier norma internacional de derechos humanos. Aquí los únicos beneficiados serán los institutos técnicos o las empresas. No se puede promover el empleo con trabajo gratuito; es casi decir como servidumbre” afirmó.

HIPOTECA INVERSA

Otra ley aprobada por el Legislativo fue la que crea un nuevo producto financiero llamado hipoteca inversa. La norma, impulsada por Fuerza Popular, permitirá que las personas, sobre todo en edad de jubilación, accedan a un crédito hipotecario garantizado con el inmueble.

A diferencia del préstamo hipotecario convencional, el matiz inverso del producto es la modalidad de pago. Este será exigible recién al fallecimiento del titular del crédito.

Así, el adulto mayor podría usar su inmueble como garantía y acudir a una entidad financiera a solicitar un crédito, que le sería desembolsado mensualmente hasta su fallecimiento. El monto se determinaría según el valor de mercado del inmueble.

Cuando el adulto mayor fallece la entidad financiera se hará dueña del inmueble, aunque los herederos tienen la opción de pagar la deuda si buscan mantenerlo.

Si los herederos optan por no pagar dicha deuda, el acreedor vende la vivienda y, de ese dinero, cobra la deuda que haya generado la hipoteca inversa. Si el monto de la venta es mayor que lo adeudado, entonces la diferencia va a manos de los herederos.

Sin embargo, si no alcanzara para cubrir la deuda, entonces la entidad financiera podría cobrarse de otros bienes que formen la herencia legada por el adulto mayor que tomó este producto.

Salvador Heresi, de la bancada oficialista, se mostró a favor “porque propone una opción más al propietario de una vivienda para tener una vejez digna con ingresos complementarios”.

Sin embargo, los representantes de la izquierda mostraron su preocupación sobre a quién realmente beneficiaría esta iniciativa. Por ejemplo, la congresista Glave, cuestionó cómo la banca funciona alrededor de las hipotecas.

“En España el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó a la gente sin casas y una relación desproporcionada de poder”, detalló. Agregó que duda del rol de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para supervisar este tipo de transacciones.

Los parlamentarios del Frente Amplio Wilbert Rozas y María Elena Foronda consideraron que este proyecto busca dar más poder a la banca, en detrimento de los adultos mayores.

No obstante, la iniciativa incluyó las recomendaciones del Banco Central de Reserva (BCR), que se mostró a favor de la idea. Su presidente, Julio Velarde, había observado la norma y resaltó la necesidad de reglamentar especialmente este nuevo producto.

La experiencia internacional de países donde existe la hipoteca inversa –sostiene el BCR– muestra que hay dos factores claves para que tenga éxito. El primero es brindar adecuado asesoramiento a quienes contraten este producto; el segundo es fomentar la información de que es seguro, accesible y flexible.

SUNAT

La tercera norma aprobada por la Comisión Permanente fue la que permite a la Sunat realizar devoluciones automáticas del Impuesto a la Renta a los trabajadores, tanto dependientes como independientes, que hayan realizado pagos o retenciones en exceso; o que califiquen como indebidos.

El vicepresidente de la Comisión de Economía, Percy Alcalá (Fuerza Popular), precisó que este proyecto es clave para agilizar los trámites de las devoluciones. Estimó, además, que con la medida se beneficiaría a más de 180.000 contribuyentes.

Otra de las características de esta norma es que vuelve innecesaria la presentación de la declaración jurada y de la solicitud de devolución de las deducciones, pues la Sunat estaría en la capacidad de realizar ambos trámites de manera automática. Así, según la iniciativa, la entidad recaudadora notificará a los contribuyentes, a través de un correo electrónico, el monto a ser devuelto y, posteriormente, lo depositará en su cuenta bancaria.

LOS QUE QUEDAN PENDIENTES

Obtención de inmuebles
El proyecto del Ejecutivo, propone regular la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas.

Sector cervecero
Esta iniciativa, también de Fuerza Popular, busca promover condiciones tributarias equitativas para fomentar la competencia en el mercado de cervezas.

Desarrollo ganadero
El proyecto multipartidario de Fuerza Popular, Frente Amplio y Peruanos por el Kambio tiene como fin promover el desarrollo de la ganadería lechera del país y garantizar la veracidad de la información en los productos lácteos. Se trata, además, de una autógrafa observada por el presidente de la República.

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