Ministro de Trabajo: Presidente Vizcarra nos ha pedido una reforma de EsSalud

Tras la reciente aprobación de la ley que impulsa la negociación colectiva en el Estado, el Ejecutivo no ha hecho pública aún su postura sobre la posibilidad de observarla. El titular del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Christian Sánchez, explica la opinión de la entidad que maneja y anuncia novedades para el Seguro Social de Salud y para la lucha contra el desempleo juvenil.

En un panorama donde el gobierno busca la disciplina fiscal, ¿cuál es la postura del MTPE sobre la aprobación de la ley que impulsa la negociación colectiva pública en materia económica?
El ente competente en empleo público tiene que ver con la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Desde el MTPE representamos al Estado en el ámbito de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo y respondemos por los convenios ratificados por el Perú.

Dentro de estos, algunos están vinculados a la negociación colectiva de este sector. En armonía con la posición de garante de estos convenios, no se puede prohibir la negociación colectiva con contenido salarial en el sector público por una razón: ningún convenio en el ámbito de la OIT, ni los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, permiten una prohibición absoluta, es una posición jurídica.

Existen, sin embargo, posturas que indican que representaría un riesgo para el presupuesto estatal.
Desde una razón jurídica y práctica, quienes argumentan que toda negociación colectiva de contenido económico irremediablemente, en todos los casos, va a afectar al presupuesto, argumentan con una falacia. Tiene que existir una legislación que regule la negociación colectiva, que no prohíba su contenido económico y que armonice límites presupuestales con contenido. La posición del sector Trabajo va en este sentido.

¿Han podido conversar con el Minisiterio de Economía y Finanzas (MEF) al respecto?
Con el MEF puede haber diferencias en matices, pero coincidimos en que tiene que existir una relación no necesariamente contradictoria, sino de concordancia práctica y armónica entre el derecho a negociar mejoras económicas y los límites presupuestales que se necesitan atender en todo Estado.

Por otro lado, se habló hace unos días sobre cambios en el Seguro Social de Salud (SSS) ¿Qué problemas han encontrado?
Uno de ellos es el financiamiento, pero no todos tienen que ver con esto. Hay problemas de gestión. El seguro se demora hoy por hoy años en devolver las prestaciones económicas a los empleadores y los gremios empresariales han venido a denunciar permanentes casos de corrupción, y nadie se atreve a reformar el SSS. El seguro es incapaz de tomar una decisión de reforma institucional en ese sentido.

El presidente Vizcarra ha apoyado la gestión del MTPE y ha pedido un plan de reforma para permitir que se profesionalice, que los cargos directivos ingresen por concurso público y en disminuir la discrecionalidad política en la designación del presidente ejecutivo del SSS, que es gravísima.

¿Se sincerarán las tasas de aportes para los regímenes especial?
[Esta medida] responde a los estudios sectoriales que ha hecho la OIT, financiados por el SSS. Las recomendaciones vienen desde el 2004, en el sentido que no debe operar subsidios cruzados. Si abro un estudio de abogados, pago por trabajador 9%, sin embargo el Estado por los profesores y médicos paga 6,5% y hay otras actividades muy lucrativas que pagan 4%. Cuando llueve, todos nos tenemos que mojar. El SSS se fortalece con el combate a la informalidad, pero parece que el seguro nunca ha querido trabajar de la mano con Trabajo en esto.

Se habla además de crear subsidios para incentivar el empleo juvenil.
Ya existe un proyecto de ley (PL) de la gestión del ministro Grados que busca promover el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo subsidiando creo que las tasas de aportación al SSS. Son 700 mil desempleados en el Perú, 320.000 jóvenes. Tenemos un problema y dentro de lo que estamos evaluando –porque el proyecto de Ley que tiene que pasar por Consejo de Coordinación Viceministerial, el Consejo de Ministros y luego el Congreso– estamos viendo la posibilidad de establecer subsidios de cualquier tipo, puede ser al SSS.

Si quieres contratar a un trabajador, hay 13% que sale del bolsillo del trabajador a una AFP, es una tasa altísima y se está hablando de subirla. Ya hay un desincentivo (para contratar formalmente)por el hecho de que si entras a la planilla ¼ del sueldo se va a AFP e IR.

¿Y los subsidios son la respuesta?
En otros países se hace. Subsidios es mover plata de un lado a otro y siempre lo pagamos todos. No hay lonche gratis. Los subsidios en general son una entre otras herramientas para promover el acceso de un grupo vulnerable al sector de trabajo, pero eso tenemos que evaluarlo y tenemos conversarlo con el MEF ya que tiene un efecto presupuestal.

Lo tenemos que discutir y no hemos dicho que el camino va por ahí. Otro sería promover la capacitación de los jóvenes (...) Y tenemos la bolsa de trabajo, el servicio nacional de empleo, que este año va a llegar a una meta de 80 mil trabajadores colocados.

¿Cuál es el panorama de la informalidad en el país?
Acabamos de presentar es nuestra estrategia de formalización laboral. Partimos del diagnóstico que la tasa global de informalidad laboral del sector privado es 54,6% y cada categoría (tamaño de empresa) tiene necesidades distintas.

No puedes ir solo con ‘enforcement’ a atacar el 86% de la micro porque la idea no multarlas y cerrarlas. Los problemas abarcan desde acceso a formalidad tributaria, societaria, registral y también laboral (...) Lo que hemos detectado también es que hay una alta presencia de locadores de servicios, o sea, trabajadores por cuenta ajena subordinados, que cumplen un horario y emiten un contrato de locación de servicios y emiten recibos por honorarios. Hay casos de grandes conglomerados de educación que tiene hasta 600 locadores.

¿Qué medidas se propone en este contexto?
Vamos a atacar la informalidad y advertir que lo estamos haciendo, por eso hemos incrementado la productividad de la inspección. Analizamos previamente la planilla de una empresa, luego advertimos y actuamos.

La inspección la replicamos a otros empleadores de la misma rama con la idea de que sirva como disuasivo para los otros. Con este cambio de metodología, este año ya tenemos 12.000 trabajadores registrados en planilla (anteriormente la cifra era 3.000). Lo que hemos detectado es que hay una alta presencia de locadores de servicios. Hay casos de grandes conglomerados de educación que tiene hasta 600 locadores, entre profesores y personal administrativo.