Bonos agrarios: la disputa entre el Perú y Gramercy en 7 puntos

El Perú y el fondo Gramercy se enfrentan por la deuda impaga de los bonos agrarios. ¿Cómo se alimentó esta disputa que cobró fuerza en octubre pasado, durante la junta de gobernadores del Banco Mundial y el FMI?

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1. CONTROVERSIA

Gramercy es una sociedad limitada constituida bajos las leyes de Delaware (Estados Unidos) poseedora de unos 10.000 bonos agrarios adquiridos a partir del 2006. La compañía afirma que el Perú no quiere pagar la deuda de los bonos agrarios -que ellos estiman por US$5.000 millones- y que se quiere dejar sin valor a dichos instrumentos. 

2. LOS BONOS

El Perú emitió bonos agrarios hace mas de 40 años como una indemnización por tierras expropiadas que, para 1979, sumaban unas 15.826 fundos (unos 9 millones de hectáreas). Para compensar a los propietarios, se aseguró que estos instrumentos tendrían una garantía "sin reserva alguna". El deterioro económico del país de los siguientes años hizo que, al final, no se terminen de cancelar los bonos agrarios, quedando una deuda pendiente.

3. EL CUMPLIMIENTO DE PAGO

El 15 de marzo del 2001, y tras los visos de recuperación económica del Perú, el Tribunal Constitucional (TC) reconoció la obligación del Perú de pagar los bonos agrarios y dictó que el valor contemporáneo fuera equivalente al valor al momento de su emisión, sin especificar la metodología.

4. LA NUEVA DECISIÓN DEL TC

En julio de 2013, un nuevo fallo del TC  estableció que el pago de los bonos agrarios debía hacerse mediante una metodología de dolarización, en lugar de otra sujera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pues "si tuviera que realizarse alguna actualización sobre la base del IPC en épocas de niveles altísimos de inflación este cálculo sería artificial, haciendo impagable la obligación originaria por parte del deudor", rezaba el documento.

Sin embargo, Gramercy alega que la decisión -que supondría una menor valorización de los bonos agrarios- fue tomada en un contexto turbio. Ello, pues a días del histórico fallo, el magistrado Carlos Mesia afirmó que su voto, tomado en cuenta para la resolución, no había sido consentido y que había sido falsificado en una situación en la que se contaban con tres votos a favor y tres en contra de la decisión.También dicen que días antes, Eduardo Roy Gates visitó al entonces presidente del TC, Óscar Urviola para presionarlo.

5. ACUSACIONES E INDEMNIZACIONES

Gramercy afirma que el Perú, con su actuación, ha expropiado sus inversiones, les ha privado de un mínimo trato y que los ha segregado respecto a otros inversionistas del país. Por ello, pide una reparación de US$1.300 millones.

En tanto, ante el incumplimiento de pago, el abogado del fondo de inversión ha acusado al Perú de mentir al mercado en cuanto a sus obligaciones, pues mantiene un saldo impago con Gramercy, que no es comunicado a ninguna instancia internacional y que podría ser revisado por la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos.

6. CAMPAÑA MEDIÁTICA

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha señalado que los bonos emitidos en Perú, en moneda local, están sujetos a la jurisdicción de las cortes peruanas.  El MEF indica que el Perú ha desarrollado un procedimiento razonable y transparente para registrar y actualizar el valor de los bonos. Hay bonistas que ya están culminando etapas del procedimiento, pero Gramercy no quiere participar. En cambio, Gramercy ha desarrollado una campaña mediática para su propio beneficio, como ha sido reportado por el Wall Street Journal.

7. DEMANDA

Gramercy ha realizado un aviso inicial bajo el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU pidiendo que el Perú respete sus supuestos derechos. Según el MEF, esto no constituye el inicio de un proceso arbitral. El MEF aclara que en la emisión de los bonos se estableció claramente que las disputas debían resolverse en tribunales peruanos. Gramercy quiere llevar el caso a un tribunal extranjero.