En el 2011 el entonces candidato Ollanta Humala ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta con el 51,449% de los votos válidamente emitidos y con el apoyo de diversos políticos y personalidades mediáticas.
En el 2011 el entonces candidato Ollanta Humala ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta con el 51,449% de los votos válidamente emitidos y con el apoyo de diversos políticos y personalidades mediáticas.
Gonzalo Carranza
Gonzalo Carranza

“¿Cómo las empresas se volvieron personas?” es el título de la reseña publicada la semana pasada por “The New York Times” del libro “We the corporations”, de Adam Winkler.

La obra -que promete ser una lectura interesante- hace un recorrido histórico de aquellos momentos en que las empresas ganaron “derechos civiles”. Un hito muy reciente en este camino fue uno de los fallos más polémicos de la Corte Suprema de . en los últimos tiempos: Citizens United.

Según esta sentencia, emitida con una votación de 5 a 4 en enero del 2010, las leyes que buscan evitar que las opiniones y puntos de vista políticos de las empresas alcancen al público y que estas adviertan a los votantes qué candidatos o instituciones son “hostiles a sus intereses” constituyen una distorsión injustificable al “mercado de las ideas”.

En particular, Citizens United abrió la puerta para que las corporaciones -y otras “asociaciones de personas”, como sindicatos y ONG- pudieran realizar la denominada “comunicación electoral”, previamente prohibida. Esto es, publicidad que se manifieste abierta y explícitamente a favor o en contra de un candidato en la etapa culminante de una campaña. Lo que permanece prohibido es que las empresas financien directamente a partidos y candidatos.

Bajo los parámetros que estableció Citizens United, la campaña “a favor de la inversión privada” que lanzó la Confiep en el marco de las elecciones del 2011 no solo habría estado completamente permitida, sino que podría haber ido más allá, estampando la ‘K’ de Keiko o afirmando sin ambages que esa amenaza fantasma contra el modelo económico sobre la que advertían no era otra que la candidatura de Ollanta Humala.

Y, de hecho, la campaña tal cual fue lanzada habría estado permitida en EE.UU. incluso antes de Citizens United.Sin embargo, el derecho a la libre expresión empresarial establecido por la Corte Suprema vino acompañado de un importante deber: el del ‘disclosure’.

La “comunicación electoral” debe estar acompañada del reporte de quiénes pagaron por ella. El bien último que defiende el fallo, no hay que olvidarlo, es el funcionamiento del mercado de las ideas, y para ello se debe conocer con claridad quién enuncia estas. 

Bajo este marco, entonces, no habría sido ninguna revelación el aporte de US$200.000 de que confesó Jorge Barata a los fiscales peruanos hace poco, ni se habría generado el revuelo observado contra la .

¿Estarán dispuestas las empresas y gremios peruanos a un arreglo institucional que les garantice libertad de expresión política, a cambio de total transparencia?“El derecho a la libre expresión empresarial vino acompañado del deber del ‘diclosure’”.

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