Debemos estar claros que Perú cerrará el 2022 en un franco proceso de desaceleración en su dinámica productiva. No sólo vamos a crecer menos de 3%, sino que también ya empezamos a observar signos tenues de potencial deterioro en el frente externo y fiscal.
Debemos estar claros que Perú cerrará el 2022 en un franco proceso de desaceleración en su dinámica productiva. No sólo vamos a crecer menos de 3%, sino que también ya empezamos a observar signos tenues de potencial deterioro en el frente externo y fiscal.
/ JAVIER ALDEMAR / AFP
Juan José  Marthans

Debemos estar claros que Perú cerrará el 2022 en un franco proceso de desaceleración en su dinámica productiva. No sólo vamos a crecer menos de 3%, sino que también ya empezamos a observar signos tenues de potencial deterioro en el frente externo y fiscal. Este año, por ejemplo, perderemos más de US 3.000 millones de Reservas Internacionales Netas (RIN) y los niveles de recaudación tributaria se vienen afectando por la misma ralentización del PBI.

Pensar que la desaceleración económica es producto exclusivo del entorno internacional carece de todo fundamento técnico. Acá hay una clara causalidad y responsabilidad interna. La inversión privada, por ejemplo, se ha dañado seriamente en un contexto político y social crecientemente adverso. La desconfianza alimentada por el anterior gobierno, ha sido su principal detonante. Un crecimiento estimado de la inversión privada de menos del 1% promedio anual para el bienio 2022-2023 es una incuestionable sentencia al deterioro de la desaceleración del PBI para el próximo año, pudiendo cerrarse el 2023 con tasa de únicamente 1,5%.

En condiciones normales, la salida de una administración gubernamental oscura, mediocre y con clarísimas señales de corrupción habría dado paso a la posibilidad abierta de recomponer la confianza y reiniciar el camino del éxito macroeconómico. Eso no necesariamente sucedería en el Perú de hoy. El desgobierno que heredamos continúa mellando el principio de autoridad del nuevo gobierno y el anuncio de un nuevo proceso electoral no nos asegura, en las actuales condiciones, un resultado cercano a una administración coherente, profesional y honesta.

La desconfianza e incertidumbre continuarán y, si se acelera mucho el llamado a elecciones, lo único que lograremos es que se acentúe la probabilidad de no ejecutar correctamente los cambios profundos que requiere nuestro marco político, partidario, electoral. Es más, si la inestabilidad política se resiente, aún en un nuevo contexto electoral, la posibilidad de disponer de un crecimiento menor al 1,5% el mismo 2024 no debería descartarse.

Nadie sostiene que no era necesario la erradicación de un gobierno como el del señor Castillo. Nadie sostendría que no era necesario propiciar un nuevo proceso electoral con las reformas previas que permitan disponer de nuevas alternativas a las posiciones extremistas y demenciales de nuestra izquierda. Lo que sostenemos es que, desafortunadamente, los factores que los últimos meses han mellado la dinámica de inversión podrían continuar presentes más allá del 2023.

Estemos claros. Sin salida política, no habrá salida económica. Las cuerdas de ambos frentes están hoy más juntas que nunca porque lo que se ha hecho, desde mediados del 2021, es poner en tela de juicio los fundamentos de nuestra economía, cosa que nunca había sucedido desde inicios de los años noventa. La verdad, para volver al éxito económico requerimos de una alternativa política nueva, que haga un llamado a la unidad y no al divisionismo; que haga un llamado a la paz, no al crimen; que haga un llamado al trabajo y progreso, no al caos. Pretender impulsar nuestra economía sin ello, será imposible.

Juan José Marthans, economista del PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura